Justicia

En PGR se creó “acceso ilícito” para monitorear PC de áreas administrativas y de fiscales

A este antiguo servidor público también se le atribuye, la contratación de capacitaciones nunca impartidas

Fuent externa.

Yadimir CrespoSanto Domingo, RD

Formateo y alteración de datos, equipos desaparecidos, contrataciones de capacitaciones que nunca se realizaron y alteración de precios de compras de dispositivos son algunas de las razones por las que fue apresado Javier Alejandro Forteza lbarra, quien fungía como director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta septiembre de 2020.

“El investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra durante el desempeño de sus funciones, específicamente en fecha 20 de febrero del año 2020, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores”, cita la orden de allanamiento contra el investigado.

El documento continúa diciendo que Forteza Ibarra encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea; supuestamente alteró y formateó la data de información de los departamentos administrativos, como son Portal Web institucional, impedimentos de salida, sistema administrativo y borró la data almacenada en el correo Institucional del dominio pgr.gob.do.

En el referido correo se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo, la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de xtradiciones, control de evidencias y bienes incautados, contabilidad tesorería, trasportación y activo fijo; entre otras dependencias de la Procuraduría General de la República.

Raineiry Elizabeth Medina Sánchez, encargada del Almacén y Suministro de la Procuraduría General, fue quien dijo a los fiscales que el borrado de las citadas informaciones fueron ejecutadas por Forteza Ibarra, incluyendo las informaciones de la base de datos del área de Almacén de la Procuraduría General de la República.

Servicios interrumpidos

Pero además, a Forteza se le atribuye la orden y ejecución de diversas acciones técnicas y operativas que provocaron que los sistemas informáticos de la institución se vieran afectados el sábado 16 de febrero de 2019. Dichas acciones fueron advertidas por Enmanuel Martínez, encargado de Servidores, y por ingeniero Jorge Isaac Vanderhorst Ventura, el encargado de Operaciones TIC de la PGR.

“A mediados del año 2018 se determinó que el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra creó un acceso ilícito en el sistema informático de la Procuraduría General de la República, denominado Keylogger, para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, las PC utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales, logrando tomar control de las informaciones de los procesos penales, así como también, facilitar el borrado de información almacenados en los discos duros”, señala el documento.

De igual modo, involucrado a las acciones realizadas por Javier Alejandro Forteza Ibarra, se encuentra Ney Emaldo Caccavelli Guevara, quien se desempañaba como encargado de Seguridad de la Información de la Dirección de Tecnología de la institución.

Caccavelli Guevara también participó de forma directa, según la orden de allanamiento, en la creación del acceso ilícito en el sistema informático de la institución, denominado Keylogger, para el monitoreo desde cualquier lugar y de manera remota, las computadoras utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales.

Con anterioridad y en reiteradas ocasiones, el director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC) de la PGR fue advertido por Carlos L. Leonardo, director del Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, con relación a vulnerabilidades detectadas en los servicios http: //pgr.gob.do/

Las alertas incluían recomendaciones y remediaciones, para evitar infecciones a los sistemas informáticos de la PGR, “permitiendo la exposición de usuarios internos y ocasionar daño al portal web”.

También alertaron que redes botnets infectaron con códigos maliciosos, permitiendo el control remoto de las IPs relacionadas con la PGR, desde una estación de comandos.

Equipos desaparecidos

Hasta el momento, se desconoce el paradero de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidrone valorados en RD $3,974,156.76, adquiridos supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así la fiscalía lo requieran.

La solicitud de compra de esos equipos, realizada por Forteza Ibarra, fue reiterada, según el documento, por la asistente del exprocurador, Vilmi Durán, en fecha 27 de Julio de 2020,

Forteza Ibarra fue quien recibió el citado equipo emitiendo una certificación de fecha 13 de Agosto de 2020, afirmando que se lo había entregado al despacho del Procurador en fecha 12 de Agosto de 2020.

Sin embargo, no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.

Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam German Brito.

Sobre el investigado

Según el documento, Javier Alejandro Forteza lbarra ingresó a laborar en la Procuraduría General de la República el 16 de agosto de 2016, designado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

La función que desempeñó Forteza Ibarra hasta septiembre del año 2020 fue de Director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC), departamento encargado del mantenimiento de la infraestructura tecnológica, las bases de datos, los sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones gestionando eficientemente los riesgos y asegurando la provisión continua de los servicios tecnológicos de la Institución.

A este antiguo servidor público también se le atribuye, durante la gestión del exprocurador Rodríguez, la realización de contrataciones para capacitación y cursos especializados para el personal administrativo a su cargo, los cuales nunca fueron impartidos. Además, supuestamente, alteró los precios por compras de equipos informáticos y de telecomunicaciones.