Jean Alain, una vida pública de exposición, sombras y cuestionamientos

Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, está en el candelero y el ojo público, envuelto en el epicentro de una investigación por un supuesto entramado de corrupción que habría develado “la Operación Medusa”, donde figuran como acusados él y sus principales colaboradores.

Rodríguez y seis personas están acusados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Entre los investigados se encuentran además de Jean Alain Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solado Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes, Braulio Michael Batista Reyes, Maria Josefina Azar Díaz y Johannatan Loanders Medina Reyes.

También Altagracia Guillen Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno, Ney Ernaldo Caccavelli Guevara y Altagracia Guillen Calzado.

Parte del equipo que hoy está siendo investigado comenzó con Rodríguez en funciones públicas desde su paso por el entonces CEI-RD, en la primera gestión de Gobierno de Danilo Medina, entre 2012 y 2016.

Blanco de cuestionamiento

Desde su designación como procurador general de la República en agosto del 2016, Alain Rodríguez y su gestión han sido blancos de cuestionamientos y controversias vinculadas a su desempeño en el cargo.

Una de las sombras de su gestión, según apuntalan los fiscales en su investigación, es la construcción de la cárcel La Parra, ubicada en Guerra, el recinto carcelario que reemplazará la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

A esta nueva edificación, construida con el dinero pagado por Odebrecht como multa, se le cuestiona desde la estructura hasta la ubicación, el nombre y la forma en que operaría, señalando expertos que en la actualidad no se construyen cárceles de tal magnitud.

Jean Alain Rodríguez fue, y sigue siendo, altamente cuestionado por la elaboración y manejo del caso Odebrecht en el que tanto acusados como actuales autoridades afirman hubo manipulación de información, manejo negligente de los recursos disponibles para profundizar las pesquisas, mala instrumentación y selección discriminada de los acusados.

En este caso uno de los grandes cuestionamientos fue el manejo a las delaciones premiadas y todos los recursos que tanto Odebrecht como la prensa local e internacional pusieron a disposición, también el archivo definitivo con el que benefició a ocho de los acusados.

Ahora, Rodríguez, en este caso, ha pasado de ser el acusador a ser el acusado durante el conocimiento del juicio de fondo que se sigue a los acusados por los sobornos de $92 millones de dólares entregados por Odebrecht para ganar obras en el país.

Todos los imputados en el caso han señalado al ex procurador durante sus ponencias de defensa, y lo han catalogado como perverso, incoherente, corrupto y otros agravios por supuestamente elaborar expedientes acusatorios que carecen de veracidad y sustentos.

Algunos de los imputados han llevado sus argumentos más lejos, como el caso del empresario Ángel Rondón, quien reveló durante su defensa que Rodríguez le ofreció pactar un acuerdo para acusar a dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y así sacarlo del caso.

Aunque el más sonado de sus escándalos es el que protagonizó al cuestionar en el Consejo Nacional de la Magistratura la honestidad de Miriam Germán Brito, haciendo de la entrevista un interrogatorio, Rodríguez y su gestión tuvieron otros capítulos espinosos.

Desempeño

Jean Rodríguez, quien nació el 10 de mayo de 1975 en Santo Domingo, Distrito Nacional, fue director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

El 16 de agosto del 2016 fue designado por el entonces presidente Danilo Medina procurador general de la República, en sustitución de Francisco Domínguez Brito, quien pasó a Medio Ambiente.

Bajo su mandato se reestructuró la Procuraduría creando nuevas direcciones y unidades, como las de prevención; coordinación institucional; de estadísticas y análisis; de campañas sociales; la de Gestión de Cooperación; la de desarrollo legislativo y recaudatorio; y las de atención a víctimas de la violencia.

Entre los principales programas de su administración está la entrega de guías didácticas a estudiantes sobre cómo prevenir la violencia de género y la digitalización de trámites de la institución. También trabajo en la reforma del sistema de investigación criminal y de prisiones, con información unificada de todas las instituciones de gobierno.

En el 2012, el entonces presidente Danilo Medina, lo nombra Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, cargo en el que permaneció durante cuatro años.

En 1997 fue cuando comenzó su participación en el servicio público como abogado auxiliar de la Fiscalía del Distrito Nacional. Posteriormente fungió como asesor legal del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y del Ministerio de Turismo, juez suplente y miembro de la Junta del Distrito Nacional, entre otras funciones públicas.

Adicionalmente, Rodríguez ha ejercido el derecho por casi 20 años. Tras egresar de la licenciatura en Derecho de PUCMM (Santo Domingo), completó tres maestrías en Derecho en La Sorbonne (Paris), La Sapienza (Roma) y la Escuela Superior de Administración Pública (Roma), incluyendo una en Derecho Penal de la Administración Pública con honores máximos.

Ha sido catedrático de derecho en facultades del país por más de 10 años y domina los idiomas castellanos, inglés, francés e italiano.

Labor política y campaña 2016

Es militante del Partido de la Liberación Dominicana desde los años noventa y desde 2014 es miembro electo del Comité Central del partido, cuando fue electo con más de 77,000 votos.

En la campaña presidencial de Danilo Medina en 2016, participó como coordinador nacional del proyecto “República digital y presidió uno de los tres movimientos externos más grandes del país, con más de 58,000 miembros inscritos, logrando concretar más de 42,000 votos registrados a favor del presidente y candidato”.

La Medusa y el Cheque

Los fiscales señalan que a menos de siete días de cesar sus funciones de procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con dos funcionarios de la PGR, habría emitido un cheque el 13 de agosto de 2020, desde la cuenta de Lavados de Activos de la entidad, según consta en la solicitud de allanamiento autorizada por un tribunal.

En el mismo documento se detalla que el cheque emitido fue por 34 millones 522 mil 364.30 pesos, en combinación con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martín Rosas Llanes, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del MP.

Según la instancia del Ministerio Público y firmada por un tribunal, el cheque se hizo a favor de la empresa Fire Control Systems, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurridos por la referida empresa, por remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional.

De acuerdo al documento, la relación entre la PGR y Fire Control Systems nace a raíz del inmueble ubicado en Bella Vista, que está a nombre del Estado Dominicano tras el decomiso de los bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Para la emisión del cheque, detalla el documento, incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, la cual consta de supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019, "el cual consta de seis páginas debidamente rubricadas por la PGR representada por Alejandro Rosa Llanes y Jonnathan Rodríguez Imbert y Fire Control Systems, representada por Héctor Antonio Germán Doñé".

El acuerdo para la ocupación de este inmueble contempló que la empresa Fire Control Systems recibía la residencia con la finalidad de utilizarlo en calidad de custodia solo para uso exclusivo de vivienda. No podía darle otro uso, ni alquilarlo ni cederlo sin el consentimiento de la primera parte (que era la PGR).

También estipulaba un pago de la empresa de 25 mil pesos al mes. Las partes pactaron el acuerdo para cuatro años, es decir: del 31 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2023. También estipulaba que la PGR podría terminar el acuerdo con el único requisito de avisar con 30 días de anticipación.

Para el cheque se sustentaron, de acuerdo a la solicitud, a las siguientes justificaciones: el cinco de marzo de 2020, Alejandro Rosa, director de Custodia y Administración de Bienes Incautados, envió una comunicación a la empresa para que entregara el inmueble a más tardar el cinco de abril, bajo el alegato de que sería puesto en venta mediante subasta, “algo que nunca ocurrió”.

Pagos millonarios en bultos

El corazón de la acusación en contra de Alain Rodríguez es la construcción del denominado “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”, según ha podido confirmar este diario.

Es dentro de ese plan de reforma carcelaria, según los fiscales, donde se señalaron las empresas de manera directa y empleados de la institución, supuestamente al servicio de Jean Alain Rodríguez, se repartían grandes sumas de dinero.

Por ejemplo, las autoridades señalan a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como el responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo”.

Personas con conocimiento de los trabajos que se han desarrollado indican que, supuestamente, el dinero era llevado en bultos a la oficia de Mercede Marte y luego entregados al señor Jonnathan Rodríguez Imbert.

De igual modo los fiscales destacan el supuesto pago de entidades, de empresas, para agilizar los desembolsos por parte de la Procuraduría General de la República “por servicios prestados a la institución”.

Sobre el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario los fiscales han trabajado con la tesis de que existía una repartición en cuanto a los beneficios “por las entidades comerciales escogidas”.

Las investigadores han señalado que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles” mientras que Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales tienen la tesis de que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario habría obtenido beneficios por la parte de la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.

A Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se les señala que se beneficiaron a través de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.