Justicia

Jean Alain asegura fue ilegal impedirle viajar

El ex procurador general de la República criticó que se le impidiera salir del país sin tener impuesta medida de coerción, en violación a la Constitución y las leyes.

Jean Alain Rodríguez y el PLD alegaron vulneración de derechos. /ARCHIVO

El ex procurador gene­ral de la República, Jean Alain Rodríguez, confirmó ayer que se le impidió via­jar a los Estados Unidos, “sin que le fuera colocado un impedimento de salida del país”.

Rodríguez conversó con el diario vespertino El Na­cional, al que señaló que “solo se coloca impedi­mento de salida a las per­sonas contra las cuales se ha emitido una medida de coerción”.

“Yo no tengo ningún im­pedimento, y cualquier cosa que hayan hecho es completamente ilegal. Un impedimento solo lo otor­ga un juez cuando alguien tiene una medida de coer­ción. Estoy muy bien, tra­bajando… y la próxima semana hablaremos so­bre este tema», dijo el ex­procurador, citado por el diario, que lo publica co­mo una de sus informacio­nes principales en la tarde de este viernes, a la firma de los periodistas Juan Ju­lio Gómez, Pedro Castro y Diógenes Tejada.

Rodríguez señaló en la en­trevista que estaba tran­quilo en su casa, “traba­jando de lo más bien”.

El exprocurador envió una carta al presidente de la Re­pública, que se conoció a principios de mes, donde señalaba temer por su vida ante “una serie de amena­zas públicas que ha recibi­do por parte de imputados en el caso Odebrecht”.

Rodríguez dijo que tanto Ángel Rondón como Víc­tor Díaz Rúa habían mani­festado “abiertamente, y en medios de comunicación”, su intención de agredirlo y hasta asesinarlo.

Los dos hombres fueron acusados de recibir y mane­jar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht duran­te la gestión de Rodríguez en la Procuraduría General.

Empero, Rondón y Díaz Rúa negaron que tuvieran intención alguna de agre­dirlo y dijeron que, por el contrario, donde querían verlo era sentado en un tri­bunal respondiendo por sus actos.

“Pongo en su conocimiento la grave situación que aten­ta contra mi vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebre­cht, expresó de forma públi­ca, clara y abierta, durante el programa Acento TV, su de­seo de asesinarme, solo limi­tando la ejecución del acto a no tener un instinto crimi­nal”, indicó Rodríguez en la referida carta.

Jean Alain Rodríguez pre­tendía viajar a Miami, en Estados Unidos, durante la tarde del pasado jueves. El exprocurador no específico el motivo de su viaje al ex­terior.

No se conoce, al menos pú­blicamente, que contra el ex procurador general de la República exista alguna acusación o sometimiento a la justicia.

PLD condena acción El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) repro­chó a través de un comu­nicado de prensa que au­toridades de la Dirección General de Migración impi­dieran la salida del país del exprocurador general de la República, Jean Alaín Ro­dríguez, la tarde del jueves.

José Dantés Díaz, miembro del comité político del PLD, expresó que le preocupa “sobremanera” las actua­ciones que al margen de la ley están realizando las ac­tuales autoridades en per­juicio de derechos funda­mentales de ciudadanos.

Dijo tener informaicones de que el presidente de la República, Luis Abinader, habría instruido semanas atrás al Ministerio Público a que descontinuara la mala práctica de imponer impe­dimentos de salida del país sin autorización judicial a ciudadanos dominicanos, como se ha venido realizan­do, medida irregular de la cual fue objeto el día jueves el señor Jean Alain Rodrí­guez Sánchez, miembro del Comité Central de nuestra organización.

Consideró que eso demues­tra que esa mala práctica no ha cesado y continúa. “Ayer el afectado fue el señor Ro­dríguez, mañana puede ser cualquier otro ciudadano”, expresó Dantés Díaz.

SEPA MÁS Motivada. El titular de la secretaria jurídica del partido opo­sitor recordó que el im­pedimento de salida es una medida de coerción que requiere de una re­solución judicial motiva­da y escrita.

Violación. Dantés Díaz precisó que ni el Ministerio Pú­blico ni Migración tie­nen facultad para impo­ner esta restricción al li­bre tránsito, “lo que se traduce en una fla­grante violación de derechos y garantías fundamentales consti­tucionalmente consa­gradas, así como una violación de la norma­tiva procesal penal”.