Bichara se desliga de compras en las Edes

Rubén Jiménez Bichara, pasado vicepresidente de la CDEEE, calificó como absoluto abuso y un total atropello a su nombre las imputaciones que se le han hecho en la querella depositada por el Estado dominicano en su contra ante la Procuraduría General de la República.

Dijo que antes esas imputaciones, su compromiso con la sociedad y con su familia le obliga a no guardar silencio.

Jiménez Bichara señala que en su interés de aportar “las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa”, se ha puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos.

“Al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez”, señala.

Sus declaraciones están contenidas en un documento titulado aclaración pública, el cual reproducimos a integridad:

Aclaración pública Como es de conocimiento público el pasado martes día 15 de este mes de junio se dio a conocer el depósito de una Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por del Estado Dominicano y las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) en la cual se me presenta como querellado.

Se me ha señalado como “líder de una estructura mafiosa” y “orquestador de maniobras para defraudar el Estado”, afirmaciones que son un ABSOLUTO ABUSO, un TOTAL ATROPELLO a mi nombre y a la gestión que desempeñé como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE durante el período del 2012 al 2020. Ante esas imputaciones, mi compromiso con la sociedad y con mi familia me obliga a no guardar silencio.

Si bien no dispongo aún de una copia de la querella efectivamente depositada, han circulado informaciones por varios medios sobre estas acusaciones lo que me impulsa a ACLARAR de manera preliminar y general que en ocasión de mi cargo en la CDEEE, no tuve participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas.

Hacemos énfasis en que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, en la definición de los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos, maquinarias o insumos en general que allí se compraban y mucho menos en la selección de suplidores de esas necesidades. Estas gestiones las realizaban las EDE de manera autónoma como parte de sus funciones operativas.

Con relación al segundo punto abordado públicamente sobre supuestos “procesos de compras fraudulentos desarrollados por la CDEEE con financiamientos otorgados por los organismos internacionales”, y un supuesto entramado para beneficiar con estos fondos de financiamiento público a empresas y/o personas determinadas, aclaramos que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

Estos organismos exigen al Estado dominicano la instalación de una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuya función principal es ejecutar los proyectos desarrollados con apoyo de dichos financiamientos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, todo esto en estricto respeto a los procedimientos provistos por esas entidades multilaterales y que son coordinados y supervisados por estas mismas entidades, desde la solicitud del financiamiento hasta su ejecución final. Las imputaciones presentadas en la referida querella son absolutamente falsas.

En mi interés de aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa, me he puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos, al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez. Como ciudadano y ex funcionario público es mi obligación acudir a cuantos requerimientos me sean formulados por las entidades competentes y así me comprometo a hacerlo.