Las resoluciones y reconocimientos, de poco valor, dominan la agenda legislativa del Congreso

La principal función que la Constitución concede al Congreso Nacional es la de legislar. En República Dominicana, 222 personas tienen el privilegio de hacerlo. Sin embargo, en ocasiones son cuestionados por su labor y por el tiempo que se toman para hacerla.

Tener el peso encima de toda una comunidad, o de una provincia, que te exige diariamente mejoras y cambios que beneficien y faciliten la vida, es a lo que se enfrentan los legisladores en la cotidianidad y, desde el Congreso Nacional, tienen la posibilidad de procurar mejoras al territorio que representan.

Específicamente, la labor de legislar a favor de sus habitantes desde el primer poder del Estado se puede realizar mediantes dos vías: la redacción y presentación de un proyecto de Ley o de una resolución.

La posibilidad de presentar ambas iniciativas está establecido en su Manual de procedimiento legislativo”, donde es considerada básica la función de legislar: “Los senadores y diputados tienen la ineludible misión de formular y establecer todo aquello que se pretende instituir como norma para regir conductas o relaciones individuales o colectivas”.

Junto a esto, el manual de ambas cámaras legislativas, establecen en la sección de “derechos” que los legisladores tienen la facultad de “presentar iniciativas de ley y de resolución”.

Ahora bien, la problemática podría circunscribirse a dos aspectos clave: La relevancia de las iniciativas legislativas y el tiempo indefinido que se toman para completar todo el proceso que lleva hasta ser aprobadas.

Cantidades

En los sistemas de información legislativa de ambas cámaras hay registrados, a fecha 30 de abril del presente año, al menos 6,729 iniciativas legislativas.

De estas, la Cámara de Diputados tiene 4,981 resoluciones y 507 proyectos de ley, 12 ratificaciones y 24 proyectos perimidos.

En el caso del Senado, hay registradas 513 resoluciones, 708 proyectos de ley, 8 ratificaciones y 58 proyectos perimidos.

Relevancia

Tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, hay miles de iniciativas legislativas. Sin embargo, lo que predomina en ambos órganos son las resoluciones, que no son más que un documento declarativo, donde el legislador pronuncia un problema y solicita a una autoridad determinada su solución, pero sin compromiso o exigencia alguna.

Por poner un ejemplo reciente, los diputados conocieron hace unas semanas atrás una resolución que solicita al presidente, Luis Abinader, la construcción de un polideportivo en Los Tres Brazos, Santo Domingo.

Más allá de la aparente buena intención del diputado proponente, la resolución, que llega como una hoja timbrada, con sellos, firmas y demás adornos, haciendo la solicitud al presidente, este último puede hacer con ella lo que quiera: tomarla en consideración, archivarla o simplemente desecharla sin ser vista y no tiene que dar respuesta a los legisladores.

Se podría determinar, que las resoluciones realmente no tienen incidencia alguna en la solución de algún problema, ni en la construcción de alguna obra, como lo dejó entrever el diputado de la provincia Santo Domingo Este, Bolívar Valera.

“Que si bien es cierto la vieja costumbre de presentar las resoluciones “marea” a los de tu sector, en realidad no resuelve nada, pues una construcción de ese tipo no está en manos de un diputado, está en manos del ejecutivo”, dijo el también conductor radial en su Twitter

Pero no se quedó allí, ya que Valera también criticó el procedimiento de presentar una resolución y su relevancia: “Hoy mismo un diputado solicita un polideportivo en Guerra que de seguro será aprobada por la comisión, llegará al pleno y también será aprobada y al final pasará igual que con otras… NADA”.

Pero así como sucede con resoluciones para solicitar obras o demás proyectos en una comunidad determinada, también están aquellas que reconocen a una persona por criterio propio del legislador.

Dos ejemplos recientes sucedieron en el Senado de la República, cuando los senadores Ginnette Bournigal, de Puerto Plata e Iván Silva, La Romana, propusieron reconocer a dos personas de dudable aporte a la sociedad.

En el caso de la representante de Puerto Plata, sometió una resolución para reconocer al cosmonauta y comandante ruso Oleg Viktorovich Novitski, “Por exaltar a la República Dominicana al denominarla como ‘paraíso en la tierra’”.

Mientras que el de La Romana, depositó una resolución para reconocer a Kimberly Jiménez,” Por su destacada participación en el concurso internacional Miss Universo 2021”.

Ambas iniciativas, que aún no han sido aprobadas, fueron criticadas por miles de usuarios en las redes sociales, quienes cuestionaron los pedidos de reconocimientos, exigiendo también una justificación “válida” para proceder con ellos.

La atribución de reconocer a alguien es una iniciativa personal y subjetiva de cada legislador que, por lo regular, suelen ser aprobados sin dificultad por sus colegas luego de ser estudiada en comisión.

Inclusive los reconocimientos están respaldados por la Constitución en su artículo 93 sobre atribuciones legislativas: “Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a la humanidad”, por lo que solo una reforma a la carta magna podría remover la potestad que tienen los legisladores de entregar placas y trofeos.

Tiempo

La cuestión no solamente pasa por su relevancia, es que cada una de estas resoluciones generalmente atraviesan un proceso donde se invierte una cantidad considerable de tiempo y dinero para su estudio, revisión, confección, análisis y finalmente la decisión de su aprobación o no.

En este proceso se ven envueltos no sólo los legisladores, sino personal de ambas cámaras, consultores externos, así como otros actores y acciones.

Específicamente el proceso sucede así: Las resoluciones son conocidas por el hemiciclo y enviadas a una comisión conformada por un máximo de 15 diputados. Estos se reúnen y cada vez que lo hacen se les paga viáticos, que pueden alcanzar los RD$45,000 mensuales.

A esto se les suma el pago de todo un personal que tendrá la labor de hacer estudios de factibilidad y viabilidad, confección, redacción y en general revisión de la resolución y, si todo esto no fuera poco, también se puede solicitar la opinión, a veces remunerada, de algún consultor o especialista.

Una muestra del proceso legislativo se puede observar en una resolución, depositada en el año 2018, que solicitaba al entonces ministro de Deportes y Recreación la construcción de una cancha deportiva multiuso en Puerto Plata.

Fue enviada a comisión el 9 de enero del 2020 y recién nueve meses después, el ocho de octubre del mismo año, fue presentando el informe que favorecía su aprobación y que solo envía un documento a la entidad con la solicitud que a la larga no garantizará la construcción de la cancha.