Los bonos navideños del Gobierno, una entrega millonaria que no cuadra

Acabar con la forma “atropellante” e “inhumana” con la que se repartían las llamadas “cajas navideñas” en pasadas gestiones fue lo que llevó al Gabinete de Política Social a cambiar la metodología de ayuda a través de la entrega de un millón de tarjetas de bono navideño el año pasado.

El objetivo era repartir las tarjetas, valoradas en RD$1,500 cada una, a un millón de familias de escasos recursos económicos que habían sufrido el impacto de la pandemia para que pudieran “disfrutar de las fiestas navideñas”.

El pasado 18 de noviembre en el Desayuno del Listín, el coordinador del Gabinete, Tony Peña Guaba, fue cuestionado acerca de la transparencia en la distribución de las tarjetas en el territorio nacional.

En esa ocasión, Peña Guaba aseguró que las tarjetas del bono llegarían a los sectores más pobres del país por medio de una partida que sería entregada a diputados, alcaldes, senadores y regidores. En ese entonces se desconocía la cantidad asignada a cada funcionario.

“Recuérdense que ellos son parte del poder del Estado, lo que pasa es que es el poder Legislativo pero el Gobierno son ellos también”, explicó el funcionario mientras aclaró que no se trataba de una ayuda social como el “barrilito”.

Peña Guaba garantizó que el 70% de las tarjetas iban a ser distribuidas por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Progresando con Solidaridad (Prosoli) y por la Administradora de Seguros Sociales (Ades) a las personas con mayor situación de pobreza del país.

Pero no fue así.

Una investigación realizada por Listín Diario develó que del millón de tarjetas entregadas a diferentes instituciones, las entidades que mencionó el funcionario englobadas dentro del Gabinete, realmente distribuyeron 270,200 “bonos especiales”, lo que se traduce en el 27.02% de todas las tarjetas.

La segunda institución que recibió más tarjetas fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) con 135,000 (13.5%). A esta le siguen la Presidencia de la República que recibió 101,400 (10.14%); el Plan Social de la Presidencia con 90,000 (9%), la Cámara de Diputados que percibió 85,600 (8.56%) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) 72,200 (7.52%).

Otras instituciones a las que el Gabinete repartió tarjetas de bonos fueron el Ministerio de Interior y Policía (MIP), con 28,800; el Ministerio de Defensa, con 75,600; el Senado de la República, con 28,800 y las iglesias católicas y evangélicas con 63,000 y 27,000 respectivamente.

El siguiente enlace contiene una infografía interactiva, en caso de no visualizarla a continuación clic aquí.

“Bonos especiales” a los alcaldes

La información proporcionada por el Gabinete de Política Social indica que a los ayuntamientos se les entregaron 72,200 tarjetas de bono navideño, sin embargo, un documento ofrecido por Fedomu a este diario señala que se otorgaron 77,200 debido a que la entidad solicitó 5,000 tarjetas adicionales porque la cantidad inicial “no alcanzó”.

La mayor cantidad de tarjetas por persona se las llevaron alcaldes pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno en distintas demarcaciones.

En la región Ozama fue donde se distribuyeron más tarjetas: 26,620. A la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, le asignaron 9,000 “bonos especiales”; el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel de Jesús Jiménez, recibió 8,000; el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Dolores Andújar, 5,000 y el alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, 2,100.

Kelvin Antonio Cruz, alcalde de la Vega por el PRM y presidente del Fedomu, obtuvo 2,200 tarjetas; el alcalde de San Pedro de Macorís por el PRM, Raymundo Ortiz, recibió 2,000; José Bienvenido Montás, alcalde de San Cristóbal por el PRM, 1930 y Siquio De la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís por el PRM, 1,800.

A los munícipes que recibieron más de 1,000 tarjetas por este concepto también se suman Diómedes Roque García, alcalde de Puerto Plata, con 1,500 y Alfredo Peralta, alcalde de Nagua, con 1,000. Todos pertenecen al PRM. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que se pasó a Fuerza del Pueblo luego de ser elegido por el PLD, recibió 1,000.

Sólo Abel Martínez, alcalde de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Juan Antonio Adames, alcalde de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), no recibieron tarjetas de bonos.

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Distribución a las gobernaciones

Una primera comunicación del Gabinete de Política Social indica que a las gobernaciones del país se le entregaron 186,200 tarjetas. Cuando se les pide el desglose de esa distribución, de cuántas entregaron por cada demarcación, entonces emiten una segunda carta a este diario donde indican que fueron entregadas al Ministerio de Interior y Policía la suma de 28,800 y al Ministerio Administrativo de la Presidencia otras 135,000 para que las repartieran entre las gobernaciones.

Ese total, entre las dadas a Interior y al Administrativo suman 163,800, por lo que faltan 22,400 bonos especiales de los que se desconoce su destino.

Dentro de las distribuciones hechas por el Ministerio de Interior y Policía figuran Julia Duyard, gobernadora de Santo Domingo, con 2,158 tarjetas; le sigue Rosa Santos Méndez, gobernadora de Santiago, con 1,658.

Otras gobernaciones que recibieron 1,089 “bonos especiales” son las de San Cristóbal, La Vega, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Dentro de las que recibieron menos tarjetas figuran Elías Piña, con 658; Independencia, con 510 y Pedernales, con 458.

Por otro lado, en las distribuciones hechas por el Mapre las provincias a las que se les entregaron más tarjetas fueron Santo Domingo (42,840), Distrito Nacional (12,360), San Cristóbal (17,220) y Santiago (13,470).

Gobernaciones manejadas por Interior y Policía

En el artículo 8 de la Ley no. 2661 se estipuló que las Gobernaciones provinciales quedaran bajo la dirección de la entonces Secretaría de Estado de Interior y Policía, hoy Ministerio de Interior y Policía, para regularizar las comunicaciones entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo.

La excepción a esta disposición era la Gobernación del Distrito de Santo Domingo, ya que esta dependería directamente del presidente de la República.