La cacería contra todo lo que olía a autores del tiranicidio

El expediente contra los ajusticiadores del dictador Rafael Leónidas Trujillo fue el resultado de una inten­sa cacería, torturas y abuso psicológico que abarcó tam­bién a familiares de los im­plicados, incluidos menores de edad, una sumaria en cu­ya instrumentación el régi­men no pudo abstraerse de las loas al tirano.

Todo lo que “olía” a los apellidos De la Maza, Díaz, Báez, Sahdalá, Pastoriza, Te­jeda, Pimentel, Tió, Imbert, Cáceres y Cedeño sufrió la persecución del régimen, incluido allegados y el per­sonal doméstico de las vi­viendas donde residían los implicados en la trama y sus familiares.

Sometidos Luego de la purga, un to­tal de 27 personas fueron finalmente enviadas ante un tribunal criminal, el 3 de agosto de 1961, por matar a Trujillo y por la tentativa de asesinato contra su cho­fer Zacarías de la Cruz, ade­más por robo ejecutado de noche, debido a la sustrac­ción de un maletín con una “gran cantidad de dinero” que llevaba el sátrapa el día del atentado.

Los cargos incluyeron porte de armas de guerra, trama y atentado para cam­biar la forma de gobierno le­galmente establecida en la República, así como compli­cidad en el asesinato, oculta­ción de objetos robados y de malhechores.

La providencia calificati­va fue elaborada por el juez de instrucción de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial Nacional, Wilfredo Mejía Alvarado, quien de­claró prófugos de la justicia a Antonio Imbert Barrera y Luis Amiama Tió.

Los sometidos fueron Luis Salvador Estrella Sah­dalá, Roberto Rafael Pasto­riza Neret, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño Herrera, Modesto Eugenio Díaz Quezada, Mi­guel Ángel Báez Díaz, Bien­venido Tomás Báez Díaz, Cé­sar Augusto Estrella Sahdalá, Luis Manuel Cáceres Michel (Tunti) y Miguel Ángel Bissié.

También Rafael Franklin Díaz Montaño, Luis Pedro Ta­veras Liz, Juan Alberto Rin­cón Jáquez, Nazario Bienve­nido García Vásquez, Rafael Arturo Batlle Viñas, Plinio An­tonio Jacobo Polanco, Benan­cio Arzaga Santidrian, Da­nilo Augusto Díaz Lovelace, Freddy de Jesús Tavárez Liz, Ricardo Antonio Mejía León, Manuel Antonio Durán Ba­rrera, Marcelino Bienvenido Vélez Santana, Raudo Sal­daña Soto, América Silvestre Martínez, Altaveira Saldaña Soto (Monjita), Manuel Enri­que Tavares Espaillat e Hilaria Balbuena, esta última acusa­da de ocultar un maletín con el dinero sustraído a Trujillo.

Mientras la acción públi­ca fue declarada extinguida contra el general Juan Tomás Díaz Quezada, Antonio de la Maza Vásquez y el tenien­te Amado García Guerrero, quienes fueron abatidos a ti­ros por esbirros de la dictadu­ra tras una tenaz persecución, los dos primeros en la avenida Bolívar de la capital y el últi­mo en la casa de una tía.

De la Maza y Juan Tomás Díaz recibieron nueve y once impactos de bala, respectiva­mente, entretanto sobre Gar­cía Guerrero el expediente in­dica que recibió disparos en diversas partes del cuerpo, sin precisar la cantidad, incluso en las regiones craneana y to­rácica.

Respecto a un total de 46 personas, la mayoría esposas, hermanos y otros familiares cercanos a los implicados en el ajusticiamiento, finalmen­te se decidió que no había car­gos para inculparlos por la muerte de Trujillo.

El sacerdote Gabriel Ma­duro, acusado en un principio de albergar a Huáscar Tejeda en la casa curial de la parro­quia Santo Cura de Ars, fue uno de los excluidos del ex­pediente, luego de que el ar­zobispo coadjutor, monseñor Octavio A. Beras, alegara a su favor que el perseguido pene­tró al templo huyendo de la persecución en su contra.

Seis de los incluidos en la sumaria ni siquiera llegaron a juicio, ya que el 18 de no­viembre de 1961, el hijo del dictador, Ramfis Trujillo, eje­cutó en la Hacienda María y antes de huir al exterior, a Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Luis Manuel Cáce­res Michel (Tunti), Salvador Estrella Sahdalá, Roberto Pas­toriza y Huáscar Tejeda Pi­mentel.

Declararon a dos muertos prófugos Miguel Ángel Báez Díaz y Ernesto de la Maza, implica­dos en la trama contra Truji­llo y cruelmente torturados en la cárcel La 40, fueron in­cluidos después de muertos en el expediente tras ser de­clarados prófugos y poste­riormente solicitar juzgarlos en contumacia.

El expediente tiene múl­tiples telegramas enviados a la mayoría de las cárceles del país y oficios dirigidos a las diversas instancias judicia­les, para solicitar información sobre el paradero de ambos reos, aun a sabiendas de que ya habían sido ejecutados.

En las cárceles de “La Vic­toria”, “El 9”, “La 40” y “San Isidro”, también fueron ase­sinados Miguel Báez Perelló (Miguelín), hijo de Miguel Án­gel Báez, y Tomasito Díaz, hijo del general Juan Tomás Díaz.

Loas Las loas al dictador están presentes a lo largo de la su­maria, donde en uno de sus considerandos expresa que al grupo detenido y enjuicia­do se le acusa de “asesinar al generalísimo y doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Be­nefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, mentor y guía del pueblo dominicano, persona pública que orienta­ba la conciencia nacional y ejemplo de civismo”.

Franklin Franco, en una valoración del libro que dejó listo antes de fallecer en 2013, precisa que la justicia trujillis­ta implicó en la acción del 30 de mayo a casi todos los fami­liares y amigos de los implica­dos. “Fueron apresados y re­mitidos a las ergástulas de la dictadura donde, mientras eran interrogados, fueron so­metidos a increíbles humilla­ciones, golpeaduras y tortu­ras, incluida la silla eléctrica”, indicó el historiador.

Todo eso ocurrió -refiere- pese a los reclamos a favor del respeto a los derechos huma­nos, de las presiones nacio­nales e internacionales en ese mismo sentido y a las movili­zaciones del pueblo contra los remanentes de la dictadura.

La directora del Museo Me­morial de la Resistencia Do­minicana (MMRD), Luisa de Peña Díaz, considera que se trató de un expediente “fabri­cado” en base a declaraciones obtenidas de los acusados ba­jo los más crueles métodos de tortura.

CLAVES Necesidad. De Peña Díaz dice que un expediente como es­te es una razón adicio­nal y también de mucho peso, que justifica la ne­cesidad de reformar la Policía Nacional, que to­davía no se ha orienta­do hacia el respeto de los derechos humanos que viven las sociedades ac­tuales.

Libro. El expediente instru­mentado contra quie­nes participaron en el ajusticiamiento del dic­tadorTrujillo, con todos los documentos que lo sustentaron, está con­tenido en un libro que será puesto en circula­ción con ocasión del 60 aniversario del ajusti­ciamiento de Trujillo, el próximo 30 de mayo. Una copia fue cedida a Listín Diario antes por el MMRD y la Comisión Permanente de Efeméri­des Patrias, auspiciado­res de la publicación.