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La República jueves, 27 de mayo de 2021

La cacería contra todo lo que olía a autores del tiranicidio

Tras la muerte de Trujillo, familiares, allegados y hasta integrantes del personal doméstico de los implicados fueron apresados, sometidos a torturas y acoso psicológico

  • La cacería contra todo lo que olía a autores del tiranicidio

    Algunos de los implicados en la muerte de Trujillo: César Estrella Sahdalá, Luis Manuel Cáceres (Tunti), Roberto Pastoriza, Amado García Pereyra, Venancio Santidrian, Rafael Batlle Viñas, Luis Pedro Taveras Liz, Marcelino Vélez Santana, Manuel E. Tavares Espaillat, Aníbal Reyes Rodríguez, Manuel Durán Barrera e Hilaria Balbuena. LA NACIÓN/

  • La cacería contra todo lo que olía a autores del tiranicidio
Juan Salazar
juan.salazar@listindiario.com
Santo Domingo, RD

 El expediente contra los ajusticiadores del dictador Rafael Leónidas Trujillo fue el resultado de una inten­sa cacería, torturas y abuso psicológico que abarcó tam­bién a familiares de los im­plicados, incluidos menores de edad, una sumaria en cu­ya instrumentación el régi­men no pudo abstraerse de las loas al tirano.

Todo lo que “olía” a los apellidos De la Maza, Díaz, Báez, Sahdalá, Pastoriza, Te­jeda, Pimentel, Tió, Imbert, Cáceres y Cedeño sufrió la persecución del régimen, incluido allegados y el per­sonal doméstico de las vi­viendas donde residían los implicados en la trama y sus familiares.

Sometidos
Luego de la purga, un to­tal de 27 personas fueron finalmente enviadas ante un tribunal criminal, el 3 de agosto de 1961, por matar a Trujillo y por la tentativa de asesinato contra su cho­fer Zacarías de la Cruz, ade­más por robo ejecutado de noche, debido a la sustrac­ción de un maletín con una “gran cantidad de dinero” que llevaba el sátrapa el día del atentado.

Los cargos incluyeron porte de armas de guerra, trama y atentado para cam­biar la forma de gobierno le­galmente establecida en la República, así como compli­cidad en el asesinato, oculta­ción de objetos robados y de malhechores.

La providencia calificati­va fue elaborada por el juez de instrucción de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial Nacional, Wilfredo Mejía Alvarado, quien de­claró prófugos de la justicia a Antonio Imbert Barrera y Luis Amiama Tió.

Los sometidos fueron Luis Salvador Estrella Sah­dalá, Roberto Rafael Pasto­riza Neret, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño Herrera, Modesto Eugenio Díaz Quezada, Mi­guel Ángel Báez Díaz, Bien­venido Tomás Báez Díaz, Cé­sar Augusto Estrella Sahdalá, Luis Manuel Cáceres Michel (Tunti) y Miguel Ángel Bissié.

También Rafael Franklin Díaz Montaño, Luis Pedro Ta­veras Liz, Juan Alberto Rin­cón Jáquez, Nazario Bienve­nido García Vásquez, Rafael Arturo Batlle Viñas, Plinio An­tonio Jacobo Polanco, Benan­cio Arzaga Santidrian, Da­nilo Augusto Díaz Lovelace, Freddy de Jesús Tavárez Liz, Ricardo Antonio Mejía León, Manuel Antonio Durán Ba­rrera, Marcelino Bienvenido Vélez Santana, Raudo Sal­daña Soto, América Silvestre Martínez, Altaveira Saldaña Soto (Monjita), Manuel Enri­que Tavares Espaillat e Hilaria Balbuena, esta última acusa­da de ocultar un maletín con el dinero sustraído a Trujillo.

Mientras la acción públi­ca fue declarada extinguida contra el general Juan Tomás Díaz Quezada, Antonio de la Maza Vásquez y el tenien­te Amado García Guerrero, quienes fueron abatidos a ti­ros por esbirros de la dictadu­ra tras una tenaz persecución, los dos primeros en la avenida Bolívar de la capital y el últi­mo en la casa de una tía.

De la Maza y Juan Tomás Díaz recibieron nueve y once impactos de bala, respectiva­mente, entretanto sobre Gar­cía Guerrero el expediente in­dica que recibió disparos en diversas partes del cuerpo, sin precisar la cantidad, incluso en las regiones craneana y to­rácica.

Respecto a un total de 46 personas, la mayoría esposas, hermanos y otros familiares cercanos a los implicados en el ajusticiamiento, finalmen­te se decidió que no había car­gos para inculparlos por la muerte de Trujillo.

El sacerdote Gabriel Ma­duro, acusado en un principio de albergar a Huáscar Tejeda en la casa curial de la parro­quia Santo Cura de Ars, fue uno de los excluidos del ex­pediente, luego de que el ar­zobispo coadjutor, monseñor Octavio A. Beras, alegara a su favor que el perseguido pene­tró al templo huyendo de la persecución en su contra.

Seis de los incluidos en la sumaria ni siquiera llegaron a juicio, ya que el 18 de no­viembre de 1961, el hijo del dictador, Ramfis Trujillo, eje­cutó en la Hacienda María y antes de huir al exterior, a Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Luis Manuel Cáce­res Michel (Tunti), Salvador Estrella Sahdalá, Roberto Pas­toriza y Huáscar Tejeda Pi­mentel.

Declararon a dos muertos prófugos
Miguel Ángel Báez Díaz y Ernesto de la Maza, implica­dos en la trama contra Truji­llo y cruelmente torturados en la cárcel La 40, fueron in­cluidos después de muertos en el expediente tras ser de­clarados prófugos y poste­riormente solicitar juzgarlos en contumacia.

El expediente tiene múl­tiples telegramas enviados a la mayoría de las cárceles del país y oficios dirigidos a las diversas instancias judicia­les, para solicitar información sobre el paradero de ambos reos, aun a sabiendas de que ya habían sido ejecutados.

En las cárceles de “La Vic­toria”, “El 9”, “La 40” y “San Isidro”, también fueron ase­sinados Miguel Báez Perelló (Miguelín), hijo de Miguel Án­gel Báez, y Tomasito Díaz, hijo del general Juan Tomás Díaz.

Loas
Las loas al dictador están presentes a lo largo de la su­maria, donde en uno de sus considerandos expresa que al grupo detenido y enjuicia­do se le acusa de “asesinar al generalísimo y doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Be­nefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, mentor y guía del pueblo dominicano, persona pública que orienta­ba la conciencia nacional y ejemplo de civismo”.

Franklin Franco, en una valoración del libro que dejó listo antes de fallecer en 2013, precisa que la justicia trujillis­ta implicó en la acción del 30 de mayo a casi todos los fami­liares y amigos de los implica­dos. “Fueron apresados y re­mitidos a las ergástulas de la dictadura donde, mientras eran interrogados, fueron so­metidos a increíbles humilla­ciones, golpeaduras y tortu­ras, incluida la silla eléctrica”, indicó el historiador.

Todo eso ocurrió -refiere- pese a los reclamos a favor del respeto a los derechos huma­nos, de las presiones nacio­nales e internacionales en ese mismo sentido y a las movili­zaciones del pueblo contra los remanentes de la dictadura.

La directora del Museo Me­morial de la Resistencia Do­minicana (MMRD), Luisa de Peña Díaz, considera que se trató de un expediente “fabri­cado” en base a declaraciones obtenidas de los acusados ba­jo los más crueles métodos de tortura.

CLAVES
Necesidad.

De Peña Díaz dice que un expediente como es­te es una razón adicio­nal y también de mucho peso, que justifica la ne­cesidad de reformar la Policía Nacional, que to­davía no se ha orienta­do hacia el respeto de los derechos humanos que viven las sociedades ac­tuales.

Libro.
El expediente instru­mentado contra quie­nes participaron en el ajusticiamiento del dic­tadorTrujillo, con todos los documentos que lo sustentaron, está con­tenido en un libro que será puesto en circula­ción con ocasión del 60 aniversario del ajusti­ciamiento de Trujillo, el próximo 30 de mayo. Una copia fue cedida a Listín Diario antes por el MMRD y la Comisión Permanente de Efeméri­des Patrias, auspiciado­res de la publicación.


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