TSA aplaza acción de extrema urgencia que procura paralizar operación de barcaza en el río Ozama
La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el viernes 21 de mayo el conocimiento de la acción de amparo de extrema urgencia presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y la Fundación Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), con el fin de lograr la paralización de las operaciones de la barcaza eléctrica flotante Estrella del Mar II, en el río Ozama.
El juez presidente de la Segunda Sala del TSA, Antonio Sánchez, dispuso el aplazamiento a fin de que sean citadas a comparecer a la audiencia las entidades demandadas y la Procuraduría Administrativa. El Insaproma estuvo representado en la audiencia de hoy por el abogado Braudulio Pina Taveras.
La acción de amparo fue interpuesta el 28 de abril por los abogados de Insaproma, Euren Cuevas, Nelson Pimentel y Ernesto Mateo, y el presidente de PACMA, Ysaías Lara Kevelier.
Los accionantes solicitan al tribunal que declare como “amenaza manifiesta” la ampliación de las actividades en el río Ozama, con una nueva planta y que ordene al Ministerio de Medio Ambiente, a la Superintendencia de Electricidad, y a la Comisión Nacional de Energía, “abstenerse de tramitar, decidir o aprobar cualquier tipo de autorización a tales efectos”.
El auto del TSA autorizó a Insaproma y a PACMA a citar a comparecer en la audiencia presencial a las instituciones públicas accionadas, junto a la empresa propietaria de las barcazas, Seabord Transcontinental, así como a la Procuraduría General Administrativa.
Los abogados alegan en la instancia de amparo continuas violaciones a las leyes medioambientales dominicanas, a través de la planta de Seabord Transcontinental y los peligros que acecharían al entorno del río Ozama, la operación de una nueva barcaza. Aseguran sería una “turbación manifiestamente ilícita o indebida respecto del derecho fundamental de protección del medio ambiente”.
“Estas circunstancias justificaban la intervención para hacer cesar cualquier turbación a dichos derechos y, asimismo, evitar eventuales nuevas turbaciones como consecuencia de las pretensiones de ampliación de las actividades contaminantes”, señalan.