En el derecho a la igualdad fue sustentado el envío al centro de Najayo, San Cris­tóbal, de los militares impli­cados en el entramado de corrupción denominado Co­ral.

La jueza Kenya Rome­ro argumentó en la reso­lución que el cumplimien­to de esa medida “no está exento de ejecutarse en el marco de igualdad ante la ley, recibiendo la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que go­zan de los mismos dere­chos, libertades y oportu­nidades”.

Dijo que no advierte “ries­go potencial a la integridad de las personas investigadas”, ni la necesidad de un trata­miento diferenciado en el cumplimiento de medida de coerción en un centro de co­rrección bajo el prisma del ré­gimen ordinario.