La pastora Rossy Guz­mán Sánchez, imputa­da en el caso Coral, rea­lizaba cada lunes cultos evangélicos en la expla­nada del Cuerpo de Se­guridad Presidencial, pe­ro el guardia o policía que se negaba a asistir era sancionado hasta con 10 días de prisión.

Esa era una orden dis­puesta por el mayor ge­neral Adán Cáceres, quien de acuerdo a testi­monios de miembros del Cuerpo de Ayudantes Mi­litares, llegó a trasladar personal por inasistencia a los servicios religiosos.

A esa actividad que se realizaba todos los lunes, de 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y a veces hasta las 2:00, asistían casi mil perso­nas, tanto de servicio co­mo los libres.