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Análisis Político

Corrupción vuelve a colocar al PLD contra las cuerdas

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Manuel FigueroaSanto Domingo, RD

Los escánda­los de corrup­ción derivados del gobierno de Danilo Me­dina, colocan otra vez con­tra las cuerdas al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La ad­versidad se precipita ahora al entrar en una comple­ja recomposición interna, tras la división y derro­ta electoral que acabaron con 20 años de control casi absoluto en las institucio­nes del Estado.

Su presidente, el exgo­bernante Medina, fue un abanderado de la lucha contra la corrupción. Al inaugurar su mandato el 16 de agosto de 2012 prometió investigar las denuncias por el solo ru­mor público. Buscando hacer un país ético, trans­parente y poner fin a la impunidad.

Las falencias de esa pro­mesa se convertiría ocho años después en un búme­ran para el expresidente y el PLD, cuando las exten­didas denuncias de corrup­ción en el gobierno, sin nin­guna consecuencia, fueron el arma a tomar por los opo­sitores para proscribirlos del gobierno.

Un sorprendente de­bate marcó la pauta en 2015. El propio manda­tario enfrentó al embaja­dor de Estados Unidos en el país, James Brewster. El diplomático había adverti­do que la corrupción es un cáncer, que retrasa el cre­cimiento, afecta el comer­cio e impide la aplicación de la ley.

Medina, molesto, desor­bitó los ojos de la población: “Es que hablar en términos genéricos siempre es peli­groso, porque cuál es la co­rrupción, dónde están los escándalos en términos de corrupción en el Estado do­minicano”.

En su gobierno estallaron casos como los de la Ofici­na Metropolitana de Servi­cios de Autobuses (Amsa), Oficina de Ingenieros Super­visores de Obras del Estado (Oisoe), Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Corporación Dominicana de Empresas Es­tatales (Corde), Instituto Na­cional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Y el mega escándalo de Odebre­cht, entre una infinidad de denuncias.

Pero antes, en 2013, ya la capacidad de asombro de los dominicanos había ro­dado por el pavimento. La entonces presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, admitió sin rubori­zarse, que con el dinero que se roba en la administra­ción pública se podría cons­truir otra República Domi­nicana.

También durante la admi­nistración de Medina (2012-2016 y 2016-2020), sectores políticos y de la sociedad ci­vil sostenían la existencia de una estructura de corrup­ción organizada en el gobier­no. Se señalaba, inclusive, a miembros de la alta dirigen­cia del PLD.

Al abandonar el poder el 16 de agosto y la instalación de una Procuraduría inde­pendiente del Ejecutivo, es­talló la Operación AntiPulpo, escándalo de corrupción que mantiene en prisión a dos hermanos del exjefe de Es­tado y varios funcionarios de su gobierno.

Las acciones continua­ron el 22 de febrero con la Operación Caracol, cuando los fiscales allanaron la Cá­mara de Cuentas, una ins­titución imputada de con­fabularse con la corrupción en el gobierno de Medina.

El último escándalo que estremece el país es la Ope­ración Coral, en la que fue­ron apresados el jefe de seguridad del expresiden­te Medina, mayor general Adán Cáceres, y otros cinco acusados de integrar un en­tramado de corrupción y es­tafa contra el Estado.

Independientemente de los resultados en los tribu­nales judiciales, estas inve­rosímiles actuaciones son devastadoras para el mun­do peledeísta y mantienen desorientada a su máxima dirección, encabezada por el expresidente Medina.

Por primera vez no se ha podido recurrir al argumen­to de la persecución polí­tica, para desprestigiar los procesos judiciales contra los acusados de corrupción. Tampoco a que son presos del Palacio Nacional o del partido de gobierno. Nadie los avalaría con sensatez.

Es evidente entonces, que el PLD acostumbrada a las reacciones de poder, fue sor­prendido por la dimensión de los casos de corrupción investigados, que erosionan su estrategia para regresar al gobierno en 2024 y lo obli­gan a revisar su táctica polí­tica.

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