Califican destitución de jueces de El Salvador como una subversión del orden constitucional
En esta fotografía de archivo del 9 de febrero de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado por miembros de las fuerzas armadas, habla con sus partidarios frente al Congreso en San Salvador, El Salvador. Foto: AP/Salvador Melendez
El Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC), calificó la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a los magistrados de la Sala Constitución de la Suprema Corte de Justicia y al fiscal general, como un atentado contra del principio de separación de poderes y el constitucionalismo democrático.
Exhortó a las autoridades a respetar la decisión adoptada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declara inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa, por violar el artículo 85 de la Constitución de esa nación. En ese sentido, sugirió que revierta su decisión y reponga en sus cargos a los jueces destituidos.
La entidad que agrupa a especialistas en derecho constitucional, externó su preocupación por la medida y advirtió que constituye una subversión del orden constitucional en El Salvador, ya que fue adoptada sin observar el debido proceso, el derecho de defensa y la existencia de una justa causa.
“La Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia no sólo tiene la responsabilidad de asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales a través de la subordinación de las decisiones públicas adoptadas legítimamente por los poderes políticos al conjunto de disposiciones constitucionales reconocidas en la norma fundamental, sino que además actúa como un mecanismo de defensa de los derechos de las minorías”, señaló el Instituto, que se dedica a fomentar el estudio del Derecho Constitucional en la República Dominicana.
En un comunicado de prensa, destacó que “la justicia constitucional actúa como un medio de protección eficaz de la minoría contra la imposición de decisiones arbitrarias y abruptas por parte de las mayorías y, en consecuencia, como un instrumento indispensable de un modelo de democracia constitucional”.
Indica que la idea de la limitación del poder político responde a la necesidad de funciones de control y oposición democrática, y planteó que no es posible en un Estado donde no se garantice la independencia y neutralidad de los contrapesos orgánicos.