Congreso

Reacción crítica de Finjus por penas mínimas para los actos de corrupción en Código Penal

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucio­nalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guz­mán, ha criticado duramen­te que el proyecto de Có­digo Penal aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados, contempla pe­nas mínimas para aquellos que cometan actos de co­rrupción.

Castaños Guzmán refirió que el artículo 303 del pro­yecto de ley dispone penas de 2 a 3 años para los deli­tos de corrupción, por lo que pidió a la Comisión de Justicia que estudia esta pieza reconsiderar este as­pecto.

El ejecutivo de la Funda­ción ya advirtió de que esas penas mínimas “incentivan a cometer más actos de co­rrupción en el país”.

Así, declaró, “mientras nosotros estamos enfoca­dos en el tema de las causa­les (por el aborto), a noso­tros nos ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una co­sa que va en contra de to­dos los tratados internacio­nales, que va a incentivar la corrupción en este país”.

Castaños Guzmán se re­firió a la necesidad de apro­bar una ley de extinción de dominio que permita ex­propiar a los funcionarios los bienes producto de acti­vidades ilícitas.

La Finjus venía haciendo, desde hace tiempo, obser­vaciones al proyecto de Có­digo Penal.

Aportes Específicamente, sus aportes de reforma al Có­digo han estado orienta­dos, esencialmente, “en la actualización de la pieza le­gislativa como instrumento indispensable para la con­secución de una política criminal verdaderamente efectiva al momento de en­frentar las novedosas for­mas y esquemas delincuen­ciales”.

Sus propuestas de modi­ficación al Código Penal, di­jo en su ocasión, “ponen de manifiesto las valoraciones jurídico-sociales, los vacíos, las contradicciones y las de­ficiencias de las disposicio­nes legales de nuestro ac­tual Código Penal”.

Esas observaciones, agre­gó, afinan “aspectos para el entramado jurídico penal como son, la responsabili­dad penal de las personas jurídicas y el cúmulo de pe­nas como respuesta al cri­men organizado nacional y transnacional”.