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Reacción crítica de Finjus por penas mínimas para los actos de corrupción en Código Penal

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucio­nalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guz­mán, ha criticado duramen­te que el proyecto de Có­digo Penal aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados, contempla pe­nas mínimas para aquellos que cometan actos de co­rrupción.

Castaños Guzmán refirió que el artículo 303 del pro­yecto de ley dispone penas de 2 a 3 años para los deli­tos de corrupción, por lo que pidió a la Comisión de Justicia que estudia esta pieza reconsiderar este as­pecto.

El ejecutivo de la Funda­ción ya advirtió de que esas penas mínimas “incentivan a cometer más actos de co­rrupción en el país”.

Así, declaró, “mientras nosotros estamos enfoca­dos en el tema de las causa­les (por el aborto), a noso­tros nos ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una co­sa que va en contra de to­dos los tratados internacio­nales, que va a incentivar la corrupción en este país”.

Castaños Guzmán se re­firió a la necesidad de apro­bar una ley de extinción de dominio que permita ex­propiar a los funcionarios los bienes producto de acti­vidades ilícitas.

La Finjus venía haciendo, desde hace tiempo, obser­vaciones al proyecto de Có­digo Penal.

Aportes Específicamente, sus aportes de reforma al Có­digo han estado orienta­dos, esencialmente, “en la actualización de la pieza le­gislativa como instrumento indispensable para la con­secución de una política criminal verdaderamente efectiva al momento de en­frentar las novedosas for­mas y esquemas delincuen­ciales”.

Sus propuestas de modi­ficación al Código Penal, di­jo en su ocasión, “ponen de manifiesto las valoraciones jurídico-sociales, los vacíos, las contradicciones y las de­ficiencias de las disposicio­nes legales de nuestro ac­tual Código Penal”.

Esas observaciones, agre­gó, afinan “aspectos para el entramado jurídico penal como son, la responsabili­dad penal de las personas jurídicas y el cúmulo de pe­nas como respuesta al cri­men organizado nacional y transnacional”.