Los desafíos de Biden

A100 días de su arribo a la Casa Blan­ca, Joe Biden tiene las ma­nos llenas. Sobre él se cierne toda suerte de desafíos do­mésticos e internacionales de difícil solución.

En el plano internacio­nal, las crisis se suceden unas a otras: en las últimos meses Vladimir Putin ha enviado sobre 80,000 tro­pas a la frontera con Ucra­nia en abierto desafío a la OTÁN, mientras China vio­la impunemente el espacio aéreo de Taiwán en eviden­te reto a la relación especial entre Taipéi y Washington, en Myanmar un sangriento golpe militar ya ha cobra­do la vida de más de 700 inocentes desestabilizando el subcontinente indochi­no, cruentas guerras civiles en la región del Tigray en Etiopía, en Mozambique y Yemén, sin olvidar a Corea del Norte, Irán, Siria, Afga­nistán ni mucho menos la evidente fragilidad insti­tucional de la Unión Euro­pea y las crisis internas que hoy se cuecen a lo interno de Gran Bretaña (ante la cada día más real secesión de Escocia), Alemania (vis­lumbrando hoy un incier­to futuro ante la inminente salida de Ángela Merkel), Francia (en donde la más extrema derecha pareciera abocada a derrotar a Ma­cron en las presidenciales de 2022) e Italia (en donde Mario Draghi gobierna sin gobierno).

En el plano doméstico, los desafíos que hoy se le presentan a Biden son igual de complejos: el inconte­nible repunte del COVID y sus nuevas permutaciones genéticas, la desesperan­te lentitud de un proceso de vacunación a todas lu­ces tortuoso, la incontenible ola de violencia racial que apenas este pasado domin­go cobró la vida de otro jo­ven afroamericano (Daun­te Wright) en las calles de Minneapolis, la ausencia de una política migratoria cohe­rente, la imparable polariza­ción política que hoy divide al Senado federal por la mi­tad y que desembocó en una ley electoral en Georgia de dudosa constitucionalidad que a todas luces le vulnera la franquicia electoral a mi­llones de electores, la posibi­lidad real de que se dispare la inflación a niveles inusi­tados a raíz de la enorme in­yección de capital que el go­bierno federal a través de los paquetes de ayuda para ca­pear el COVID ha hecho dis­ponible en meses recientes y claro un Tribunal Supremo en manos de una mayoría conservadora que muy bien podría echar por tierra no só­lo la legislación de Biden sino las más fundamentales con­quistas que el ciudadano de a pie ha alcanzado en materia de derechos civiles desde la posguerra para acá.

Es precisamente como consecuencia de esto últi­mo, que el presidente Biden firmó este pasado 9 de abril de 2021 una orden ejecutiva conforme la cual designó una comisión compuesta por al­gunos de los más reputados juristas de los Estados Unidos para evaluar la deseabilidad de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo federal --- en momentos en los cuales el Supremo está a punto de pasar revista sobre asuntos tan neurálgicos co­mo la constitucionalidad del Obamacare y el alcance del derecho a la intimidad.

Lo que está detrás de la in­usual iniciativa de Biden es explorar la posibilidad de in­yectarle balance ideológico al máximo foro, hoy cuando 6 de los 9 jueces que compo­nen la alta curia fueron nom­brados por presidentes repu­blicanos (y en específico 3 por Donald Trump).

¿Pero puede el presiden­te unilateralmente alterar la composición del Supremo? ¿Acaso la Constitución fede­ral requiere que el Supremo esté compuesto por un nú­mero específico de jueces? ¿Podría negarse el Supremo a ampliar el número de jue­ces que lo compone?

La Constitución federal deja en manos del presiden­te y del Congreso todo lo concerniente al número de jueces del Supremo --- a di­ferencia de la Constitución puertorriqueña que requie­re como mínimo 1 juez pre­sidente y 4 jueces asociados.

Distinto a Puerto Rico, dónde conforme el Artícu­lo V, Sección 3, el número de jueces sólo podrá ser variado a petición del propio Supre­mo, a nivel federal no exis­te tal disposición y por con­siguiente el Supremo está a merced de lo que decidan las ramas políticas.

Desde que el primer Con­greso aprobó la primera ley de la judicatura federal en 1789, el número de jueces del Supremo ha sido altera­do por las ramas políticas en muy pocas ocasiones.

Durante las administracio­nes de Washington, Adams y Jefferson, el Supremo fe­deral se componía de 5 jue­ces asociados y 1 juez pre­sidente, para un total de 6 jueces. Tal ecuación cambió en 1807, durante el segundo término de Jefferson, cuan­do el número total de jueces aumentó a 7.

Fue durante las postrime­rías de la última administra­ción de Andrew Jackson que el Congreso en 1837 aumen­tó el número total de jueces a 9. En 1863, en plena guerra civil y confrontado tal cual Biden por un Supremo ad­verso, Lincoln y sus aliados en el Congreso añadieron 1 juez asociado adicional lo que llevó el número de jue­ces a 10.

Tal número fue reducido nuevamente a 7 en 1866 pro­ducto del forcejeo entre An­drew Johnson y el Congreso republicano de entonces.

Ya en 1869, con el detesta­do Johnson fuera de la Casa Blanca y Ulises Grant en con­trol de la presidencia, el Con­greso una vez más llevó el número total de jueces a 9 --- tal y como es hoy.

Más de medio siglo des­pués, Franklin D. Roosevelt intentó sin éxito urdir un plan en el Congreso para au­mentar a 15 el número de jueces del Supremo --- toda vez que el máximo foro pa­ra mediados de los años 30 había anulado algunas de las más importantes piezas le­gislativas del Nuevo Trato.

No obstante, la súbita muerte del juez Butler y las renuncias sucesivas de los jueces conservadores Devan­ter, McReynolds y Suther­land hizo innecesaria tal re­forma. Las nuevas vacantes le pusieron en bandeja de plata a Roosevelt la oportuni­dad dorada de recomponer el perfil ideológico del Su­premo designando a los jue­ces Black, Douglas, Reed y Frankfurter. No le hizo falta a Roosevelt recurrir a la opción nuclear. El escenario que hoy enfrenta Biden es muy distin­to al de Roosevelt. Ni se per­fila la renuncia de ninguno de los jueces nombrados bajo administraciones republica­nas ni se vislumbra que éstos vayan a variar sus filosofías jurídicas. Así las cosas, los ca­minos conducen a un posible choque de poderes. ¿Tendrá Biden la voluntad política pa­ra llevar este delicado asunto hasta sus últimas consecuen­cias antes que le toque a la puerta la elección de medio término? ¿Contará con apo­yo en el Senado? ¿Habrá que llegar al número mágico de 60 senadores para mover es­te tema en la cámara alta?

Estaremos atentos al infor­me de la comisión presiden­cial.

El autor es Profesor de Derecho