Listin Diario Logo
10 de mayo 2021, actualizado a las 08:40 p. m.
Login | Registrate
Suscribete al Listin Diario - News Letter
La República martes, 13 de abril de 2021

Catorce preguntas a Miriam Germán Brito (y sus respuestas)

  • Catorce preguntas a Miriam Germán Brito (y sus respuestas)

    La magistrada procuradora durante su visita al Listín. VICTOR RAMIREZ./LD

  • Catorce preguntas a Miriam Germán Brito (y sus respuestas)
  • Catorce preguntas a Miriam Germán Brito (y sus respuestas)
  • Catorce preguntas a Miriam Germán Brito (y sus respuestas)
Ramón Cruz Benzan
Santo Domingo, RD.

Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, habla sobre la prisión preventiva, lo difícil que es investigar la corrupción administrativa en el país y asegura no haber recibido presión alguna para el desempeño de sus funciones.

“La justicia debe ser administrada con serenidad y sin pisotear garantías procesales”, advierte la magistrada en conversación con el Listín.

Y niega haber recibido presiones de ninguna entidad política ni del Gobierno actual y menos de otras instancias o de entidades políticas en el caso Leonardo Faña.

Estas son 14 preguntas que le hicimos a la Procuradora General de la República y sus respuestas.

1. ¿Qué pasa con el nuevo centro Las Parras, hacia donde serán llevados los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria?

El centro penitenciario ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, fue inaugurado cuando estaba terminado uno solo de los módulos y tiene muchos problemas. No fue construido tomando en cuenta las características de un edificio para estos fines. Entonces, ahí no se puede llevar a ningún privado de libertad porque no existen las condiciones, porque todavía no hay las condiciones. Ese centro lo construyeron como un mega complejo y en esas condiciones es difícil el manejo de los internos.

Se cometieron muchos errores, empezando por la selección de un terreno dominado por lagunas que deben ser conservadas por su alto valor hidrológico. Se inauguró incluso sin haber concluido la planta de tratamiento de aguas residuales, algo que se agrava por la sensibilidad de la zona. Pero hemos estado trabajando para concluir y adecuar el proyecto en toda su extensión y también para manejar dentro de él ocho centros independientes, con varios accesos particulares. Es lo que mandan los parámetros internacionales en el tratamiento de personas privadas de libertad. Sabemos de la urgencia de reducir el hacinamiento y estamos trabajando para que en los próximos meses podamos instalar el primer grupo de internos en lo que será el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras.

2. ¿Realmente se puede hablar de una justicia independiente? ¿Y qué le hace independiente si quienes la integran vienen de pasadas administraciones y usted misma es designada por el Poder Ejecutivo?

Ciertamente esas son las reglas existentes en el marco jurídico vigente para la designación del procurador o la procuradora general de la República. Pero debo resaltar que, aunque fue el Poder Ejecutivo que me designó, a través del Presidente de la República, hasta ahora no he recibido la primera insinuación de él en relación con ningún caso bajo investigación o en litigación. La independencia de actuación es una cuestión constitucional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en cuanto a los servidores del Ministerio Público que vienen de administraciones pasadas, esto no es una tienda que cambió de dueño y que el nuevo dueño pone a su gente; este es un organismo del Estado que opera bajo un régimen de carrera y que tiene como objetivo brindar un servicio a toda la ciudadanía.

Desde que asumí la dirección del Ministerio Público he tratado de hacer cumplir la promesa constitucional y legal de la autonomía de la institución para evitar cualquier situación de dependencia, supervisión, control o instrucciones externas que afecten el ejercicio de las funciones que nos corresponden. Otras instituciones del Estado guardan relaciones de coordinación institucional con el Poder Ejecutivo sin que su autonomía sea puesta en cuestionamiento y en el Ministerio Público avanzamos en esa dirección para actuar con independencia y responsabilidad. Esto fortalecerá la institucionalidad del país y redundará en el beneficio futuro de toda la ciudadanía, que es a lo que todos aspiramos.

Los miembros del Ministerio Público tienen, bajo nuestra dirección, toda la libertad requerida para llevar a cabo los procesos jurídicos bajo su responsabilidad, siempre apegados a la ley y respetando las garantías procesales del debido proceso. Sabemos que tenemos limitaciones, sobre todo económicas, pero confiamos en que el Estado, e incluso la misma población, entenderán la necesidad de dotar al Ministerio Público de los recursos económicos necesarios para facilitar una operatividad que garantice el servicio que debe ofrecer a cada ciudadano. 

3. Hay abogados que se quejan de la política del “tránquenlo”, cuando se trata de casos o personas que a simple vista no se ve que abandonarán el país ni interferirán en sus casos.

Yo no soy partidaria de las prisiones preventivas ordenadas alegremente, pero en ese problema de la cantidad de presos preventivos envueltos en casos que a lo mejor no lo ameritan, hay una responsabilidad compartida, pues el Ministerio Público solicita la medida de coerción que entiende pertinente y la responsabilidad de otorgar o negar la prisión preventiva es del juez conforme a la ley.

4. ¿Cuál cree que será el final del caso Odebrecht?

Yo estoy inhibida de ese caso y no tengo que opinar más nada de él. Por parte de la Procuraduría General de la República, ese caso está en manos del procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, quien fue designado por el Consejo Superior del Ministerio Público para esos fines. Incluso, el abogado de un procesado nos envió, suponemos que por error, una comunicación sobre una inquietud respecto a una información sobre el proceso, publicada por un periódico. Pero, como era de esperarse, procedí a pasar la carta a Espiñeira porque, como ya dije, estoy inhibida de ese caso.

5. ¿Qué tan difícil es investigar la corrupción administrativa en un país?

Para castigar la corrupción se debe desarrollar un trabajo arduo y minucioso de investigación y de sistematización de la información recogida, un examen de la documentación. Se requiere un apoyo técnico especializado que asista al representante del Ministerio Público. Ya sea para corrupción o para el delito que sea, usted no puede salir con un “yo creo…” o un “me parece…”. Aquí ha habido gente que tiene procesos pendientes y después la han designado en ministerios, no hablo de la realidad inmediata sino anterior. Esto podría presentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices. 

6. ¿Y cuáles son los principales escollos que ha encontrado a la Procuraduría General en los casos de investigación de corrupción administrativa?

Existen varios escollos que afectan la persecución de la corrupción administrativa. En primer lugar, el marco legal es deficitario porque tenemos un código penal del siglo XIX y las leyes especiales que complementan estas infracciones no son muy amigables para el trabajo del Ministerio Público. La institución no cuenta con recursos suficientes porque tiene una carga económica importante con el sistema penitenciario, más aún durante la pandemia, y los ingresos propios por servicios han disminuido en comparación con años anteriores; pero debo reconocer que el Poder Ejecutivo ha mostrado la disposición de apoyar con recursos adicionales para la persecución de la corrupción. Confío en que dispondremos de más recursos presupuestarios en el futuro inmediato.

Otro gran escollo es que organismos que tienen la obligación de servir determinadas informaciones se muestren renuentes a cooperar con el Ministerio Público. Y hay información que se escamotea, como sucedió con el caso de la Cámara de Cuentas. No puedo entrar en detalles porque el caso está bajo investigación reservada, pero sí es importante aclarar que los investigados son sus miembros por conductas que el Ministerio Público considera ilícitas,  y no la institución en sí, pues los investigados han pretendido confundir a la ciudadanía, como si un órgano público pudiera ser objeto de responsabilidad penal; incluso, han presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia cuestionando el status del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo y la facultad jurídica para éste investigar a sus integrantes.

7. Su designación como procuradora general llegó en el momento en que la población pedía cárcel para los corruptos. ¿Hasta qué punto ese reclamo social llega a incidir en las decisiones que adopta la Procuraduría? 

Yo respeto las aspiraciones populares y el reclamo, pero la justicia debe ser administrada con serenidad y sin pisotear garantías procesales. Si se instrumenta un proceso penal con cuidado, sin incurrir en abusos ni violaciones de derechos, tiene mejor suerte en los tribunales. Está demostrado, además, que el Ministerio Público puede lograr una sanción adecuada cuando lleva al juicio de fondo una investigación con esas características. 

8. La Procuraduría dijo en diciembre que Juan Alexis Medina encabezaba una red operativa develada por la Operación Antipulpo y que por determinación o admisión de conducta era probable que la cabeza de la red no se detuviera en Alexis Medina ¿Cuáles indicios tiene la Procuraduría para creer la existencia de una cabeza superior?

Es un caso que está siendo investigado y el Ministerio Público no puede adelantar ningún juicio de valor sobre otros posibles implicados, ya que esto podría afectar la correcta investigación del caso. De manera que hay que esperar que se desarrollen los acontecimientos para que la sociedad tenga información adecuada sobre el tema.

9. ¿En qué están las investigaciones sobre Quirinito y si ha sido prioridad para el Ministerio Público?

El caso de Quirinito está siendo objeto de investigación y el resultado de esta investigación, para conseguir o no a Quirinito, trasciende la labor del Ministerio Público, porque al final el Ministerio Público dirige la investigación, pero no es necesariamente el que hace todas las diligencias y en este caso es un tema de inteligencia y hasta de cooperación internacional.

10. A raíz de la detención del exdirector del IAD Leonardo Faña,  familiares, amigos y allegados califican como una trama el apresamiento y envío a prisión ¿El Ministerio Público tiene pruebas sobre lo que se le señala? 

El Ministerio Público trata de cumplir con su trabajo en este caso, igual que en los demás, con el mayor nivel de objetividad posible, y no ha recibido presiones de ninguna entidad política ni del Gobierno actual y menos de otras instancias o de entidades políticas. Mi gestión se esfuerza por mantener la funcionalidad con la mayor independencia y le estamos tomando la palabra al presidente de la República que ha reiterado que no quiere interferir con el Ministerio Público.

En cuanto a las pruebas, hay que dejar que el caso avance. No estoy manejando ese caso directamente y, por lo tanto, no puedo entrar en los detalles de los indicios probatorios que llevaron a la jueza a dictar prisión preventiva. Lo que sí es seguro es que le estamos dando el mismo tratamiento que a cualquier otro caso de esa naturaleza que es lo que nos ordenan la Constitución y las leyes y, a la vez, lo que espera toda la población. 

11. ¿Qué mecanismo de control mantiene la Procuraduría General de la República para darles seguimiento a fiscales que se apartan de los lineamientos?

En el Ministerio Público existen dos niveles distintos de fiscalización interna. El primero es la fiscalización funcional, que corresponde a la Dirección General de Persecución, la cual es una instancia técnica que la ley crea justamente para desconcentrar la vigilancia institucional del procurador o procuradora sobre los fiscales y que tiene una naturaleza preventiva. Esto puede implicar directrices, acompañamiento, acciones de reforzamiento para que se mantengan los lineamientos correctos de trabajo.

El segundo nivel es el que ejerce la Inspectoría General del Ministerio Público, que les da seguimiento a las inconductas y, si hubiere lugar a falta disciplinaria, sustenta un requerimiento para sanción ante el Consejo Disciplinario y, en última instancia, ante el Consejo Superior del Ministerio Público respecto a cualquiera de sus integrantes. Las faltas leves deben ser sancionadas por los superiores inmediatos e informadas sin demora a la Dirección General de Carrera para su debido registro en el expediente de cada miembro del Ministerio Público.

Tanto en el caso de la Inspectoría General como en el de la Dirección General de Persecución, la Ley Orgánica del Ministerio Público obliga a que sean dirigidas por procuradores adjuntos que provengan de la carrera, mientras que otras instancias pueden ser dirigidas por miembros externos, como, por ejemplo, los designados por el Poder Ejecutivo.

En el tiempo que tengo en esta posición se han abordado varios casos de sometimientos disciplinarios, ante los cuáles el Consejo Superior del Ministerio Público ha suspendido cautelarmente a los involucrados y otros que están en curso ante el Consejo Disciplinario. 

12. ¿Qué medidas se están tomando para evitar que los presos sigan delinquiendo desde las cárceles?

Se está tratando de regular lo que se refiere a las comunicaciones vía teléfonos móviles y para eso se han tenido encuentros con las prestadoras de servicios y con el mismo Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

13. ¿Para cuándo tiene contemplado el Ministerio Público realizar concurso para el cambio de fiscales titulares, que fue suspendido en la gestión del anterior procurador general de la República? 

Eso está en un tribunal pendiente de fallo y la institución debe esperar la decisión correspondiente. De hecho, el Consejo Superior del Ministerio Público dio instrucciones para indagar el estatus de este caso y solicitar, si fuere necesario, un pronto despacho.

14. ¿Está aplicando la Procuraduría un mecanismo para evitar los acuerdos en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar? 

Es que los acuerdos son malas prácticas realizadas en algunas jurisdicciones y esos acuerdos, en el fondo, parten de una concepción errada, pues este es un delito de acción pública y en este tipo de infracción no se admite ese tipo de acuerdos.

En noviembre pasado mandé una instrucción general a todos los miembros del Ministerio Público en la que prohibía a los fiscales que llevan casos de violencia de género que levanten actas compromisos para dejar en libertad a agresores que se perfilan como potenciales feminicidas. La violencia de género y la conducta feminicida son una problemática que debemos enfrentar con todas nuestras fuerzas desde los distintos sectores que tenemos participación y responsabilidad frente al tema.


Más en La República