Pepca pide a jueza rechazar solicitud de nulidad de orden de allanamiento en Cámara de Cuentas

El Ministerio Público solicitó a la jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito, rechazar la instancia que busca la nulidad de la orden de allanamiento practicado a la sede de la Cámara de Cuentas el 22 de febrero pasado.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho en instancia dirigida a la jueza pide declarar inadmisible el pedimento de los abogados de los miembros del órgano fiscalizador del Estado, doctores Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Danae Mercado.

Sostiene que la autorización del tribunal para allanar la Cámara de Cuentas fue notificada a su presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez, tal como establece el artículo 182 del Código Procesal Penal y que la misma no puede acatarse por medio de cualquier recurso o acción de forma principal.

Señaló que la parte investigada se enteró de la existencia de la autorización de la orden de allanamiento en el momento en que fue ejecutada por los fiscales del Pepca y de la dirección de Persecución del Ministerio Público.

Camacho consideró que la nulidad de un acto procede cuando se han probado irregularidades de forma y de fondo, lo que a su juicio no ha ocurrido en el caso en cuestión, ni se ha probado por los abogados de los miembros del órgano fiscalizador del Estado y que cuando se argumenta irregularidades de forma, quien invoca la nulidad de un acto debe probar el agravio y que sobre esto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (TC).

Manifestó que no se demostró agravio por el cual se deba proceder a la nulidad de la resolución número 1-2021 de allanamiento y resolución de peticiones, argumentando que la misma fue otorgada sobre un relato fáctico que descansa sobre pruebas legales que fueron aportadas al tribunal, lo que dio origen a la autorización de la jueza de la instrucción especial de allanar la sede de la Cámara de Cuentas.

Precisó que, en la solicitud de autorización de allanamiento al edificio de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público fue claro en establecer que los investigados son los miembros del pleno, Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noe Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán Rincón, Félix Álvarez Rivera, así como otros funcionarios de ese órgano público.

Dejó claro que la persona jurídica, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no es el objeto de la investigación, ya que a diferencia de sociedades comerciales (personas jurídicas privadas), los órganos del Estado no pueden ser considerados ni enjuiciados penalmente por otro órgano del Estado.

En ese sentido, Camacho sostuvo que la responsabilidad penal recae en las personas que les representan y que en consecuencia es en contra de ellos a quienes se dirige la presente investigación y a quien la normativa le reconoce tener responsabilidad cuando se aparten del fin de la norma.