La seguridad ciudadana y Luis Abinader, una relación retadora desde sus meses de campaña presidencial

Una vez más, el presidente Luis Abinader mencionó la necesidad de “reformar y transformar” la Policía Nacional para mejorar sus actuaciones como “cuerpo del orden” y de esa manera fortalecer y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

En esta ocasión, bajo el marco del luto que enmarca a la ciudadanía tras la muerte a tiros de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en los alrededores del municipio de Villa Altagracia.

“Acabo de conversar con los padres de Elizabeth, les pedí perdón en nombre del Estado dominicano, condolencias sentidas en nombre de mi familia, y les aseguré mi compromiso con la transformación y depuración de nuestra policía. No permitiremos excesos”, fue lo dicho por el actual presidente.

Esta no ha sido la primera vez que el mandatario habla sobre las acciones policiales y sus planes para realizar una transformación y una reforma de esa institución creada durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En sus casi 8 meses de gestión, tanto ese tema como el de la seguridad ciudadana han sido uno de los puntos más mencionado por el jefe de Estado.

A inicios de este año, Abinader visitó el Palacio de la Policía Nacional donde reconoció que se necesita una nueva “reforma policial” y que empezarían a trabajar en ese proceso a partir de febrero. Esas palabras aparecieron casi cuatro años después de que el gobierno del presidente Danilo Medina promulgará, el 15 de julio de 2016, la Ley 590-16 que “cambiaría completamente” la organización de la Policía Nacional.

Para esa nueva reforma, el presidente Abinader dispuso la implementación de una serie de beneficios para los activos policiales para que de esa forma se sientan “orgullosos” de ser policías y sean “motivados” a realizar su trabajo.

Uno de esos beneficios fue el aumento de su salario entre un 10 y un 40 % dependiendo del rango que ostente. De acuerdo a las informaciones reveladas por el Ministerio de Interior y Policía, un raso que antes ganaba RD$10,150.42 gana RD$14,210.59; un cabo de RD$11,600.38 cobrará RD$16,240.53; un sargento pasa de RD$13,050.73 a RD$18,271.02; un sargento mayor va de RD$14,300.98 a RD$19,306.32, y los cadetes de RD$12,500.56 a RD$16,250.73.

Los segundos tenientes, que pasaron de ganar RD$15,600.26 a RD$20,900.26; los primeros tenientes recibieron aumento de RD$18,001.32 a RD$23,401.72; un capitán de RD$21,000.82 a RD$26,251.03; un mayor va de RD$22,426.15 a RD$28,032.69; un teniente coronel de RD$25,875.02 alcanza RD$32,343.78, mientras que el inspector general y la subdirectora de la PN fueron llevados de RD$68,782.36 a RD$75,660.60, y el director general de RD$89,963.50 a RD$98,959.85. Ese significó el primer aumento policial en los últimos siete años.

Además del aumento salarial, también está el beneficio del pasaje gratis en los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Metro de Santo Domingo y el Teleférico y el ofrecimiento de varios cursos técnicos por parte del Instituto de Formación Técnica Profesional.

Eliminación del DICAN

El siguiente paso tomado por el mandatario fue disponer la disolución de la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional debido a que representaba una duplicidad de funciones con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que es el órgano ejecutivo creado con la facultad de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en el país y sus agentes eran constantemente señalados por los ciudadanos por “malas acciones” en sus labores.

“Los casos que están en proceso de inteligencia e investigación serán gestionados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)”, explicaba en esa oportunidad el vocero de la Policía, Miguel Balbuena, quien agregó que los alrededor de 2,000 agentes que componían esa dirección fueron repartidos en las labores de la calle, y en las direcciones de Investigación e Inteligencia.

Seguridad ciudadana

El principal motivo de la reforma policial es “lograr” que estos resguarden la seguridad de la ciudadanía dominicana y con eso en la mira, luego de varios meses de promesas, Abinader lanzó el 22 de marzo la primera fase de la denominada “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana” que inició ese mismo mes y se extenderá hasta marzo del año próximo.

Esa primera fase consiste en el desarme de la población que está supuesto a empezar a partir del próximo martes con un programa de recompras de armas ilegales en manos civiles, para reducir las muertes y la violencia.

Debido a que sostiene que la alta percepción de inseguridad se debe a una tradición de apego a las armas y la presencia del microtráfico de drogas en los barrios provocan el incremento de armas en posesión de civiles. Interior y Policía indicó recientemente que en el país hay unas 50 mil armas con permiso de las 238 mil que están registradas.

La preocupación y el accionar del jefe de Estado no parece ser fortuito ya que durante su gestión han sucedido varios casos, que como el de Joel y Elizabeth, han consternado a la población.

Con apenas días de asumir la presidencia, Abinader tuvo que lidiar con el caso de la niña de 9 años, Liz María, quien fuera violada y asesinada por uno de sus vecinos, apodado como “el panadero”, en el sector del Ensanche Isabelita en Santo Domingo Este. El cadáver de la menor nunca fue encontrado.

Menos de dos meses después, en Los Alcarrizos, la niña de 5 años, Yuleski Batista, fue impactada por una bala cuando dos individuos cometían un asalto en la casa de al lado.

La campaña

La seguridad ciudadana ha sido uno de las propuestas más recurrentes en las dos campañas presidenciales de Luis Abinader.

Para el año 2016, Abinader trajo incluso al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que trabajó un plan de seguridad ciudadana para aquel debutante candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno.

Giuliani se convirtió en asesor del proyecto presidencial de Abinader e incluso volvió a visitar el país en el año 2019, advirtiendo sobre los problemas que significarían una reforma constitucional para permitir la repostulación de Danilo Medina.

El asesor es el abogado personal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.