El Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que dispone medidas para garantizar una ejecución efectiva de sus sentencias, entre las que incluye reque­rir al ministerio público o al abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria, el auxilio de la fuerza pública para que sea ejecutado lo decidido.

En la resolución TC-0003/21, el ente decla­ra que ante la comproba­da falta de ejecución de una sentencia, podrá también denunciar la violación del ar­tículo 114 del Código Penal ante la autoridad competen­te, a fin de que instrumente un expediente para el someti­miento ante la jurisdicción pe­nal contra el responsable.

Serán degradados Ese texto legal sanciona con la degradación cívica “a los funcionarios, agentes o de­legados del Gobierno que hubieren ordenado o co­metido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad indi­vidual, a los derechos políti­cos de uno o muchos ciuda­danos, o a la Constitución”.