El campo de batalla de las tres causales: Entre los “Pro-vida” y los “Pro-elección”
La despenalización del aborto por las tres causales, el tema que tiene a decenas de mujeres vestidas de verde acampando por una semana frente al Palacio Nacional, ha resurgido en los últimos meses removiendo las “fibras más sensibles” de la opinión pública.
Por más de dos décadas se ha discutido la inclusión en el Código Penal de tres causales para la interrupción del embarazo, sin embargo, la “lucha por la decisión de la mujer” continúa enfrentando a los “pro-vida” y los “pro-elección”.
Cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando el feto tiene deformaciones que lo hacen inviable fuera del útero materno y cuando peligra la vida de la madre, son las tres razones excepcionales por las que organizaciones sociales piden la interrupción del embarazo en el país.
República Dominicana es una de las seis naciones en el mundo donde se criminaliza el aborto en cualquier circunstancia: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Malta y El Vaticano, este último sede de la iglesia católica, son los estados que conforman este listado publicado por las Naciones Unidas en 2015.
“Pro-elección versus Pro-vida”
La contienda por la autonomía reproductiva de las mujeres y el respeto a los derechos humanos se resume en dos bandos con ideales que distan bastante entre sí.
Por un lado están los “Pro-elección” quienes apoyan la despenalización del aborto en las tres causales bajo la defensa del derecho a elegir de las mujeres.
A favor
Bartolomé Pujals, activista social y dirigente del partido “El País que Queremos”, en su apoyo a las tres causales manifestó a LISTÍN DIARIO que “las mujeres no pueden ser vistas como incubadoras o como asesinas, esa no puede ser la discusión”.
Además, Pujals señaló que apoya la causa porque se trata de una “lucha por los derechos humanos, la dignidad de las mujeres y sus vidas”.
Tania Hernández, vocera del campamento que apoya las “3C”, manifesta que la despenalización del aborto bajo las tres causales “no debe ser un debate”, ya que se trata de un derecho fundamental.
“Que estén las tres causales dentro del Código Penal no obliga a nadie a que se interrumpa un embarazo, simplemente le da una opción a la que entienda que sí, que quiere vivir, que no quiere tener su vida en riesgo”, explicó.
Otros defensores del movimiento también recalcan que “en el país se realizan cientos de abortos clandestinos donde no sólo se pone en peligro la vida de la madre, sino también su salud reproductiva”.
El diputado por el circunscripción 1 del Distrito Nacional, José Horacio, también se ha manifestado en a favor de las causales e hizo un llamado al presidente Abinader a través de su cuenta en Twitter expresando que “aprobar las causales no impone a ninguna mujer a abortar, le da la opción de decidir según sus convicciones”
En contra
Los “Pro-vida” se mantienen firmes en que “el derecho a la vida es inviolable”, algo que está establecido en la Constitución dominicana.
Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresita, plantea que una de las razones por las que no apoya las tres causales es que “el embarazo no deseado es una realidad compleja y dolorosa que debe abordarse con un programa provida y profamilia responsable, no con una salida deshumanizada como el aborto”.
Castillo también señaló que “la experiencia histórica de todos los países demuestra que las llamadas tres causales no son más que tres excusas para implantar en la ley la cultura del aborto libre, incluso, en embarazos a término”.
El arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, piensa que la opción de las tres causales implica la aprobación de la pena de muerte en el país.
“No podemos aprobar la pena de muerte, ¿y qué es lo que estamos haciendo con los niños engendrados? Pena de muerte”, expresó el arzobispo.
Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní, también expresó su postura argumentando que “el embarazo adolescente lastra la vida de los jóvenes, pero el aborto las lastra doblemente”.
De acuerdo con Masalles, el “desafío” es “educar para obtener la madurez y la responsabilidad de saber esperar el día de tenerlo junto a su pareja”.
¿Cómo inició todo?
El origen de las actuales pugnas en República Dominicana proviene de la necesidad de reformar el Código Penal Dominicano, vigente desde el 1844, y considerado como “antiguo” y “obsoleto” con respecto a delitos actuales que se cometen en el país.
El tema del aborto se plantea en el artículo 317 del código, donde se establece que a la mujer le esperan de dos a cinco años de prisión en caso de que se provoque un aborto con o sin asistencia, mientras que al personal médico que pudiese causar o cooperar con la interrupción del embarazo le esperan de cinco a veinte años de cárcel.
“El que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión”, se lee en el documento.
El tema empezó a debatirse cuando en 1997 el expresidente de la República, Leonel Fernández, creó una comisión de abogados para revisar el Código Penal con el fin de “evitar que las decisiones de los jueces sobre asuntos penales se vea limitada”.
Ocho años más tarde, en el 2005, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron el proyecto del nuevo Código Penal conservando la ilegitimidad de la interrupción del embarazo sin ninguna excepción.
Cuando el proyecto llegó hasta Fernández, este lo observó y lo retornó al Congreso Nacional para que se discutiera nuevamente.
En el 2010 se reformó la Constitución dominicana, lo que a su vez conllevó a modificar también el artículo 37 sobre el derecho a la vida.
“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, indica textualmente la nueva Carta Magna.
Y este fue el punto de partida de la “historia de nunca acabar”.
La muerte de Rosaura Almonte
El 17 de agosto de 2012 falleció Rosaura Almonte, una joven de 16 años con 13 semanas de embarazo que padecía leucemia, cáncer en la sangre.
Por semanas los médicos se debatían si someter a Rosaura a la quimioterapia para combatir su mortal enfermedad, ya que por tratarse de un procedimiento tan invasivo podía implicar la muerte del feto.
Su madre, Rosa Hernández, declaró a los medios nacionales e internacionales que innumerables veces les pidió a los médicos a cargo del caso que “hicieran una excepción con su hija” y le practicaran un aborto terapéutico que le salvara la vida. No obstante, sus reclamos fueron escuchados muy tarde y su hija murió.
Desde entonces, la voz de sectores de la sociedad empezó a alzarse en reclamo de la despenalización del aborto bajo las tres causales, tomando el ejemplo de Rosaura como una situación en el país que merece ser atendida.
Danilo devuelve dos veces el proyecto
Dos años después, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, la Cámara de Diputados aprobó una nueva versión del Código Penal que mantenía la criminalización del aborto en todas sus causales.
Medina observó el proyecto y lo reenvió al Congreso solicitando una modificación en los artículos referentes a la penalización del aborto, y por primera vez propuso la inclusión en el Código de la legalización del aborto bajo las tres causales.
Posteriormente los legisladores revisaron las observaciones del exmandatario y aprobaron la despenalización del aborto sólo bajo una causal: “cuando represente un riesgo para la vida de la madre y se hayan agotado todos los procedimientos técnicos y científicos disponibles”.
Con respecto a las otras dos “razones excepcionales”, los diputados indicaron que debían tratarse en una “ley especial”.
Pero, justo cuando se pensaba que el país daría el primer paso para despenalizar la práctica del aborto bajo la primera causal, el Tribunal Constitucional declaró en 2015 que la puesta en vigencia del nuevo Código Penal era inconstitucional por “irregularidades procesales” y se restableció el antiguo.
Luego, en el 2016, Danilo Medina volvió a vetar la pieza legal aprobada por el Senado que establecía la penalización del aborto en todos sus sentidos.
El 28 de diciembre del mismo año, Leonel Fernández, esta vez en calidad de presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se reunió con los xpresidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y el obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles, para “exponer sus posiciones” con respecto a la legalización del aborto bajo las causales planteadas por Medina.
Un año después el Senado aprobó nuevamente la reforma al Código Penal sin incluir las observaciones de Medina. Desde entonces el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados.
¿Las causales van o no van?
El 18 de agosto de 2020 el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reintrodujo el proyecto de ley donde se establecen las condiciones y requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo por “causas excepcionales”.
“La decisión que adopta una persona de tener hijos constituye uno de los asuntos más íntimos y esenciales que debe enfrentar a lo largo de su vida, lo cual, a su vez, integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual”, se lee en el documento.
El pasado 17 de marzo, una comisión de juristas designada por el Poder Ejecutivo para analizar el Código Penal recomendó la legalización de la interrupción del embarazo bajo las tres causales y agregó el eximente para los “casos de embarazo por reproducción asistida no consentida”.
Sin embargo, ese mismo día varios senadores de diferentes partidos plantearon su oposición con respecto al aborto bajo las tres causales afirmando que “no van a pasar” por la cámara baja.
La “bola” cayó nuevamente del lado de Pacheco, quien señaló que es posible que el tema de las tres causales se determine a través de un referéndum donde la población vote.
El presidente de la Cámara enfatizó que este podría ser un tema “perfecto para que la República Dominicana pueda determinar mediante un referéndum”, cuyo proyecto de ley está en manos de una comisión.
Por otro lado, senadores plantean que lo más “viable” es que se aprueben las causales bajo una “ley especial” fuera del Código Penal.
El presidente de la República, Luis Abinader, también se pronunció sobre el tema dejando en libertad a los legisladores de su organización política, que son mayoría en la Cámara. Dijo que no ponía imponerles una línea y que todo el mundo conocía cuál era su posición sobre el tema, que es la de permitir la interrupción del embarazo en esas tres condiciones especiales.
Abusos en cifras
La Procuraduría General de la República reveló que entre 2019 y 2020 en el país se denunciaron 2,485 casos de violación sexual y 726 incestos.
Aborto en el mundo
De acuerdo con estadísticas arrojadas por el Centro de Investigaciones Pew, en 58 países el aborto es permitido por solicitud de la persona afectada, mientras que 134 estados avalan el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro.
Canadá, Uruguay, Argentina y Estados Unidos forman parte del listado de naciones que legalizan la interrupción del embarazo a petición de la mujer durante cierto período de su gestación.
Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, África y Medio Oriente el aborto está penalizado en supuestos como violación, malformación del feto, protección de la vida de la madre, factores socioeconómicos y salud física.
