Jueza ordena a la Pepca entregar copias de interrogatorios practicados a miembros Cámara de Cuentas
La jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entregarle copias certificadas de los interrogatorios practicados al presidente de la Cámara de Cuentas y otros dos miembros del organismo.
La magistrada María Garabito Ramírez ordenó al titular del Pepca, Wilson Camacho, entregar copias de los interrogatorios, requeridos por Hugo Álvarez Valencia, Carlos Noés Tejada Díaz y Henry Bautista Santana, realizados a propósito de la investigación en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas.
La jueza ordenó al Pepca poner a disposición de la defensa de los miembros de la Cámara de Cuentas, doctores Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Dany Mercado, todas las actuaciones procesales relativas al expediente de que se trata.
La magistrada, además rechazó imponerle una astreinte al director del Pepca, tras rechazar la petición de los abogados de la Cámara de Cuentas, quienes alegaron falta de lealtad procesal por parte del representante del Ministerio Público.
Los abogados en su petición al tribunal alegaron que los documentos son de capital interés para ejercer de manera efectiva el derecho de defensa que le asiste a la Cámara de Cuentas, como parte afectada con ocasión del allanamiento del que fue objeto su sede, y respecto del cual pretende deducir consecuencias.
Se recuerda que la juez de la instrucción especial Garabito Ramírez autorizo al Ministerio Público practicar un allanamiento en la Cámara de Cuentas el pasado 22 de febrero.
La Pepca investiga a los miembros de la Cámara de Cuentas de la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
Las investigaciones abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas y a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la consultoría jurídica y la dirección de auditoría.