Las contratos y concesiones más onerosas que ha otorgado el Estado dominicano

Miles de millones de pe­sos han sido desembolsa­dos por el Estado domi­nicano en las últimas dos décadas gracias a contra­tos supuestamente “bene­ficiosos” para el pueblo. Sin embargo, los verdade­ros beneficios sólo los han disfrutado las empresas privadas.

Estos contratos firma­dos en modalidad de con­cesión, donde la adminis­tración pública les entrega a compañías el derecho a explotar, operar y/o ges­tionar bienes o servicios públicos durante un tiem­po determinado, han comprometido en nume­rosas ocasiones el futuro del país.

Entre los casos que se pueden destacar están los de Aerodom, Cogentrix, una planta de energía; Ba­rrick Gold y Punta Catali­na.

Otro caso polémico ha sido el “peaje sombra” de las autopistas que co­munican a Santo Domin­go con Samaná, por el que el Gobierno ha pagado RD$26,835 millones para suplir el déficit del tráfico de vehículos por los peajes, casi duplicando la inversión inicial del proyecto y toda­vía restan 17 años para que finalice.

El “negocio redondo” de Aerodom La concesión a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, mejor conocida como Aerodom, se remon­ta al 7 de julio de 1999.

El acuerdo fijado entre el Estado dominicano, repre­sentado por el entonces se­cretario de Obras Públicas durante el primer mandato de Leonel Fernández, Dian­dino Peña, y la empresa concesionaria dominicana, consistió en la entrega de seis aeropuertos nacionales hasta marzo de 2030.

Los Aeropuertos Inter­nacionales de Las Américas y el presidente Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domin­go Norte; Gregorio Lupe­rón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona; Juan Bosch y el Aeródromo Arro­yo Barril, en Samaná, fue­ron los bienes cedidos a la concesionaria.

Con la firma, Aerodom se comprometía a adminis­trar, operar, renovar, expan­dir, brindar mantenimiento y explotar económicamen­te a los aeropuertos, ade­más de encargase de la mo­vilización de millones de pasajeros y de 49 aerolí­neas. En aquel entonces el Gobierno entendía que pri­vatizar los aeropuertos era la “opción ideal”, no obs­tante, el problema se inició precisamente a partir de la signatura del contrato y sus adendas.

Con el fin de recuperar su inversión original de ca­si US$119 millones, Ae­rodom le exigió al Estado dominicano introducir al contrato de concesión un “equilibrio económico” que garantizaría “el rendimien­to en la ejecución del pro­yecto”.

Según el artículo 11.1 del contrato, el Gobierno domi­nicano y la Comisión Aero­portuaria han tenido que incurrir en “medidas com­pensatorias” para asegurar el “equilibrio” de la conce­sión, cuyas consecuencias no han dejado de manifes­tarse en el fisco.

Las facilidades otorgadas por el Estado le permiten a la empresa operar los aero­puertos del país con exen­ción total de impuestos, así como retener “en sus ma­nos y su beneficio” la tasa de US$1.30 que debe pa­gar al Departamento Aero­portuario por cada pasajero que entra o sale del país.

A esta “gracia” también se le agregan las cuantiosas cifras que devenga Aero­dom por el uso de rampas, espacios, pistas, parqueos y otros servicios dentro de los aeropuertos, además de la extensión de la vigencia del contrato por otros cin­co años.

Los beneficios antes men­cionados son citados en la resolución firmada el 8 de marzo de 2004 por el exsecretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado.

Según la resolución, los fondos provenientes de la retención que realiza Aerodom serían destinados para la construcción del Aeropuerto Internacional de El Catey (Samaná), ya que la empresa argumentó “no poder cumplir con su programa de inversión en las obras” por no haber obtenido el financiamiento a largo plazo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Por qué “Equilibrio Económico”? Gracias a la cláusula de “Equilibrio Económico” Aerodom pudo recibir ayuda financiera del Gobierno para culminar proyectos que debían ser financiados con fondos propios.

La concesión aprobada por el Congreso Nacional estipula que la empresa “tiene el derecho a recurrir al equilibrio económico” cuando exista “disminución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos a niveles significativamente inferiores a los previstos en la oferta hecha por la Concesionaria”, “devaluación significativa del peso dominicano” y “perturbación sostenida del entorno económico causado por la hiperinflación”.

Este presunto “equilibrio” le permitió a la empresa renegociar total o parcialmente el contrato, posponer compensaciones, modificar cláusulas y/o anexos, ampliar plazos, modificar la estructura tarifaria y cualquier otra medida que considere “conveniente”.

En 2016 la compañía pasó a formar parte de la plataforma aeroportuaria internacional Vinci Airports, luego de que el grupo concesionario adquiriera la mayoría accionaria.

Cogentrix y Barrick

Con el propósito de “solucionar” el déficit energético que imperaba en el país, el Gobierno dominicano firmó en agosto de 1998, durante la primera gestión de Leonel Fernández, el contrato para instalar la planta energética Cogentrix en San Pedro de Macorís.

La estación generadora manejada por la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM) prometió suplir al territorio nacional de manera ininterrumpida con su aporte de 300 megavatios distribuidos en tres unidades.

El entonces vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, signó en nombre del país un contrato “pago fijo por capacidad” por 20 años, donde el Estado se comprometía a pagar millones de pesos mensualmente a la compañía incluso si la planta mantenía sus unidades apagadas o fuera de operación.

Desde su instalación hasta 2014 Cogentrix le costó al país aproximadamente US$806.4 millones, sin siquiera estar operando, lo que triplicó su inversión inicial de US$263.1 millones. De acuerdo con lo establecido en el contrato, estas grandes sumas eran pagadas por conceptos de “capacidad, compensación de combustible, operación, mantenimiento y arranque en frío”. En otras palabras, el inversionista estaba asegurando el retorno de su inversión y la rentabilidad esperada mientras el Estado asumía los riesgos y pérdidas del contrato.

Pero, ¿por qué el Gobierno seguía pagando tanto dinero por una planta apagada? La respuesta estaba en los altos precios del Fuel Oil 2, combustible que utilizaba la generadora, lo que la hizo inoperable por más de una década.

A la firma del contrato, el precio de barril de petróleo era de US$28, sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de múltiples crisis económicas el costo alcanzó los US$120, por lo que producir energía con Cogentrix era “demasiado costoso”.

El “tira y jala” Operar Cogentrix con los altos precios del petróleo le salía más caro al Estado que cubrir el déficit que generaba mensualmente el contrato, por lo que la CDEEE planteó convertir la planta a gas natural con el fin de abaratar los costos energéticos.

Y aquí iniciaron años de “tira y jala” entre la empresa y el Gobierno, en los que se trataba de renegociar un nuevo contrato que no fuera tan lesivo para el erario público.

En 2014 el exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, afirmó que existía una “posibilidad de conversión de la planta Cogentrix”, pero para esto necesitaba garantizar el suministro del gas natural y acatar las disposiciones de los dueños de la generadora.

Las “migajas” de Barrick El 25 de marzo de 2002 se suscribió un contrato que comprometió los recursos naturales del Estado a cambio de que el país recibiera sólo el 3% de todas las ganancias: el Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM) con la Barrick Gold Corporation.

Durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía, el Gobierno junto al Banco Central de la República pactaron con la empresa Placer Dome Dominicana Corporation la suscripción de un contrato minero para la explotación de 25 millones de onzas de oro en Pueblo Viejo, Cotuí.

El contrato original, que posee una duración de 25 años con posibilidad de renovación automática, establecía que la empresa invertiría US$300 millones en una planta de proceso metalúrgico y le garantizaba al Estado cerca del 50% de los beneficios.

Cuatro años después, en 2006, la Barrick Gold Corporation compró todos los activos de Placer Dome, y con ellos el derecho a explotar suelo dominicano dando continuidad al contrato.

Sin embargo, el interés de la Barrick no era proseguir con el acuerdo anteriormente establecido, por lo que pugnó para cambiar ciertos aspectos del contrato mediante enmiendas que terminarían beneficiándole. Tres años después de su nueva adquisición, la Barrick le pidió al presidente Fernández modificar el contrato para eliminar el 25% de participación en las utilidades netas y dejar apenas el 3.2% del retorno neto para el Estado dominicano. Esto se hizo efectivo a partir del 11 de noviembre del mismo año.

El 27 de febrero de 2013, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el expresidente Danilo Medina tildó de “inaceptable” el contrato con la Barrick Gold.

El gobierno logró un contrato final con la compañía canadiense donde se le concedía al Estado RS$11,615 millones hasta 2038 y el 51% de los beneficios.

SEPA MÁS

Punta Catalina A mediados de mar­zo de 2020 la CDEEE anunció que pagaría US$395 millones al con­sorcio Odebrecht-Tech­nimont-Estrella como un “pago adicional” a los US$1,945 millones que ya había desembolsado para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.

Pagos adicionales La constructora había reclamado en julio de 2017 que el Gobierno dominicano debía pa­garles US$973.2 millo­nes por “trabajos adi­cionales” y “extensión de tiempo”. En junio de 2018 el Gobierno creó un fondo de US$336 mi­llones para terminar la planta eléctrica y más tarde pagar US$59.5 mi­llones más.