El “momentum” de un presidente que quiere el menor ruido posible

Aunque sin proponérselo, el anuncio el pasado 27 de febrero hecho por el presidente Luis Abinader, de que revisará el acuerdo que permitió el llamado “peaje sombra” de la autopista hacia Samaná, removió la ya intranquila situación de los partidos que propusieron y sostuvieron el trato.

El caso le cae al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al Partido de la Liberación Dominicana y, de rebote, a la Fuerza del Pueblo, porque aunque su líder, Leonel Fernández gobernó con las siglas del PLD, varios de sus funcionarios que actuaron en el contrato, siguen a su lado.

Tan pronto Abinader hizo el anuncio en su mensaje ante la Asamblea Nacional, diferentes sectores de la vida nacional acogieron bien su decisión de enfrentar un acuerdo que tendría olor a corrupción. Uno de los medios escritos, El Nacional, dijo que 71% de sus lectores lo apoyan.

Según reseñó ampliamente LISTÍN DIARIO el viernes, la firma del contrato para la construcción, pasó por los gobiernos de Mejía, PRD, y de Fernández, pero nunca fue denunciado por el ex presidente Medina, quien gobernó los últimos dos períodos del PLD.

Originalmente la concesión vial se acordó entre el Estado dominicano y la empresa colombiana, Autopista del Nordeste en diciembre de 1999, tras ganar la compañía privada el concurso público para construir y operar la carretera Santo Domingo-Cruce de Molinillos.

Posteriormente el ministro de Obras Públicas de esa época (2001), Miguel Vargas Maldonado, en esa calidad, autorizó que las empresas accionistas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A. y Consorcio Remix SA, formaran parte del paquete.

En julio de 2001 se firmó el contrato de Construcción de la Carretera Santo Domingo-Samaná bajo el sistema de administración del régimen de “peaje” entre Vargas Maldonado y el representante de la empresa colombiana, Luis Jaramillo, por un monto de US$125,516,542, en plazo de 36 años.

El acuerdo estipula un plazo de 33 años y tres meses, de los cuales los primeros 3 meses correspondería al plazo de liquidación del contrato, 3 años para la ejecución y los restantes 30 años para la operación y mantenimiento de la carretera a manos de la entidad privada.

Siempre se denunció que el costo del peaje a Samaná era oneroso para el país, aunque ninguno de los últimos gobiernos se animó a tomar la medida de discutir el mismo ya para su cancelación o para llegar a un entendido que reportara menos daño económico al contribuyente. El peaje sombra duraría hasta el 2038.

El llamado como “infame” al contrato y la denuncia de la que se han pagado RD$26,835 millones, por los ingresos mínimos a la concesionaria y los RD$7,000 que se deben pagar este año, fortalecieron la queja ante una Asamblea Nacional que se puso de pies en aprobación.

Nombra a Esquea Al día siguiente de su rendición de memorias, el presidente Abinader nombró al abogado Emmanuel Esquea para que estudie el caso de los contratos del llamado “peaje sombra” y, obviamente, le rinda un informe. Esquea, discretamente apartidista apoyó al presidente en la campaña.

Si firme fue considerada la decisión de Abinader, el nombramiento del doctor Esquea ratifica la disposición del régimen de parar la sangría del contrato de la empresa colombiana y el estado dominicano. Esquea fue presidente del PRD aupado por el doctor Peña Gómez.

También se desempeñó como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y embajador representante del país ante Naciones Unidas. Un hombre tenido como serio e incorruptible personal y profesionalmente realizado ha tenido su oficina de abogados con sus hijos y socios.

Esquea renunció a la presidencia del PRD luego de que ese partido hiciera un pacto con el de la Liberación Dominicana, PLD, para la aprobación de una reforma constitucional que restableció la reelección. Al político y abogado se le tenía como un opuesto a los negociados y en el PRD lo miraban con ojeriza por su rechazo a la corrupción.

Cuatro logros El régimen de Abinader tuvo al menos cuatro logros durante la semana que termina porque se redujo el toque de queda, se activó la vacunación contra la COVID-19 para las personas mayores de 70 años, se dispuso la reapertura de las clases parcialmente presenciales y se pagó a los médicos una vieja deuda.

Las clases parcialmente presenciales, un tema muy discutido entre los sectores de la educación, se llevarán a cabo en gran parte de las municipalidades pero no en el Gran Santo Domingo, donde se producen los mayores contagios debido al libertinaje de la población barrial.

También en lo económico, el Banco Central informó que la Junta Monetaria aprobó el incremento de la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) en RD$25,000 millones para que las entidades de intermediación financiera canalicen nuevos préstamos y refinanciación a los sectores productivos.

El presidente Abinader tiene el momentum político de su parte mientras los partidos principales de la oposición que luchan por remontar tras el descalabro de las últimas elecciones están pendientes de elegir su nuevo comité político (el PLD). La Fuerza del Pueblo aplazó la plenaria de cierre de su primer congreso para no coincidir mañana con el acto peledeista.

Abinader quiere el menor ruido posible. Llamó al Palacio Nacional al diputado agitador Pedro Botello para evitar un disturbio que patrocinaba el 27 de febrero en reclamo de la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los asalariados. Ayer remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Referendo.

Para evitar mayores molestias al público el ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de los carburantes pese a las alzas experimentadas en la semana por el precio del petróleo en los mercados internacionales. El precio del petróleo terminó la semana en más de US$63.

El presidente prometió durante el discurso ante la Asamblea Nacional introducir un proyecto de ley para la reforma de la ley de hidrocarburos lo que aliviaría la paliza semanal que aplica Industria y Comercio, aunque el ministro, Víctor Bisonó, Ito, explica que él sería el primero en favorecer que los precios bajen.