Prioridades del sector eléctrico: ¿más generación a gas?

La firma del zaran­deado Pacto Eléc­trico coincide con el anuncio del presidente Luis Abinader de que su gobierno se propone construir en Man­zanillo una gran planta de generación eléctrica en base a gas natural, una idea que obliga a preguntarse cuáles son las prioridades del país en materia de energía.

El Pacto Eléctrico, firma­do ahora tal cual lo dejó el go­bierno anterior luego de que el PRM rehusara rubricarlo antes de asumir el poder, pro­cura que el sistema eléctrico nacional interconectado sea confiable, eficiente, transpa­rente y sostenible, acorde con la Estrategia Nacional de De­sarrollo; la Constitución, que en su artículo 147 dispone que los servicios públicos de­ben satisfacer las necesidades de interés colectivo; y la Ley General de Electricidad 125-01, que hace dos décadas re­ordenó el marco institucio­nal del sector eléctrico; todo ello según los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continui­dad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.

El gobierno no ha explica­do por qué, justo al firmarse el Pacto Eléctrico, violenta la planificación proyectada del sistema eléctrico, anuncian­do una central de generación en un lugar tan remoto del centro de demanda, injustifi­cable técnicamente tras la en­trada de los 720 MW de Pun­ta Catalina.

El anuncio de que habrá una licitación internacional para dos unidades de 350 MW cada una, más una ter­minal de gas natural en la zona de Manzanillo, podría defenderse alegando que no hay tal cosa como exceso de generación pues la disponibi­lidad genera mayor deman­da; que se atraerían inversio­nes para el relegado noroeste del país; que podría exportar­se energía a Haití; o que habría más seguridad estratégica al contar con más capacidad pa­ra almacenar gas natural.

Sin embargo, la realidad es que con Punta Catalina, a car­bón, y las recientes inversio­nes por varias empresas priva­das en depósitos, gasoductos y plantas de generación con gas natural alrededor de San Pe­dro de Macorís, el país cuenta ya con un ligero exceso de ge­neración versus la demanda; que la poca densidad pobla­cional de la región conocida como “La Línea” no requiere tanta energía y por tanto ha­brá que transportarla onero­samente a grandes distancias; que nadie venderá energía a Haití sin garantías por entida­des solventes de que será pa­gada oportunamente; y que aumentar la dependencia del país del gas natural contraría la proclamada política de di­versificación y desarrollo de fuentes renovables de energía.

Todo lo anterior significa que la inversión de alrededor de mil quinientos millones de dólares para las dos plantas a gas natural en Manzanillo, y obras conexas, podría con­vertirse en un mayúsculo e in­oportuno desperdicio de re­cursos, mayor que el del casi inútil aeropuerto internacional de Barahona o el escandaloso subsidio a las empresas distri­buidoras de electricidad.

La ineficiencia encarecerá indirectamente los precios de la electricidad, al ser pagado por todos los contribuyentes, en caso de realizar la inversión el Estado. Si se buscan inver­sionistas para sólo licitar la asignación de la obra o los con­tratos de compra de energía, habría que ver cómo se acuer­da la expectativa de recupe­ración de la inversión, pues a mayores costos mayor precio deberá pagarse por esa electri­cidad.

Empero, la idea de dotar a la región noroeste de sus pro­pias plantas de generación es atendible y merece apoyo, puesto que allá se carece de las infraestructuras necesarias pa­ra desarrollar todo su poten­cial económico, especialmente por las bondades de su puer­to y la disposición de algunos empresarios de invertir en esa zona.

Al país no le conviene au­mentar su dependencia del gas natural, que ya es usado en casi el 60% de nuestra ge­neración para suplir la deman­da actual de electricidad, pues hay perspectivas de incerti­dumbres ante la agenda eco­logista del nuevo gobierno del presidente Joe Biden en Esta­dos Unidos, donde ya hay re­cientes obstáculos legales casi insalvables para construir nue­vos gasoductos, terminales y tanqueros de gas natural e hi­drocarburos.

Analizar los beneficios ver­sus las desventajas, para el Es­tado y todos los dominicanos, demuestra que el gobierno acierta al identificar como una necesidad que se dote al no­roeste de sus propias fuentes de generación eléctrica y de­más infraestructuras, pero ye­rra al pretender solucionar el problema mediante el enor­me, inútil y problemático gas­to que representan dos nuevas plantas a gas natural de 350 MW cada una.

En vez de duplicar innece­sariamente el almacenaje de gas natural o invertir en cos­tosos gasoductos (a más de RD$120.0 millones cada kiló­metro), sería mucho más ra­zonable, menos costoso y mas útil, aprovechar el gran poten­cial en La Línea noroeste para proyectos de energías renova­bles, como los parques eólicos (molinos de viento) o solares (paneles fotovoltaicos), que disfrutan de incentivos fiscales, financiamiento barato y vie­nen realizándose con mucho éxito.

Esto diversificaría más la matriz energética, reducien­do la dependencia del escaso y más costoso gas natural; aho­rraría enormes costos de trans­misión de la electricidad y -en materia de turismo- ayudaría a la promoción del país como un destino ecológicamente responsable.

El ministro de Energía, in­geniero Antonio Almonte, ha indicado la estimación de que el país requiere aproximada­mente 100 MW adicionales de energía cada año, según el crecimiento histórico de nues­tra economía, que casi segura­mente será menor por la pan­demia del Covid19. Pero al mismo tiempo, el gobierno ha anunciado con bombos y plati­llos que hay inversiones y pro­yectos en curso que aumenta­rán en alrededor de 250 MW la generación disponible, de fuentes renovables, eólicas, so­lares e hidroeléctricas. Si ello es así, ¿para qué destinar mu­chos cientos de millones de dó­lares en las proyectadas plan­tas a gas en Manzanillo?

La zona noroeste es reco­nocida, tras estudiarse por muchos años, como una de las mejores de toda la región caribeña por su rica irradia­ción solar y constantes vientos aprovechables para turbinas eólicas. No luce defendible ni justificable endeudarse para aumentar la dependencia de combustibles importados ante tantas ventajas que aconsejan preferir las energías renova­bles para solucionar las necesi­dades de Manzanillo.

Las urgencias del nego­cio eléctrico son otras, como la revisión de tarifas técnicas y el valor agregado de distri­bución; sanear o privatizar las distribuidoras y continuar los proyectos en desarrollo del área de transmisión. Confun­dir las prioridades no conviene al país y mucho menos al pre­sidente Abinader.