Procesos virtuales marcaron un hito en la justicia del país

Cuando en mar­zo de 2020 el Poder Ejecu­tivo dispuso el primer es­tado de emergencia en la República Dominicana a causa de la pandemia de Covid-19, con la restricción de los derechos a la libertad de tránsito y de reunión, las altas cortes adoptaron me­didas para prevenir conta­gio tanto de los empleados como de los usuarios, las cuales afectaron el servicio judicial.

El cierre de tribunales, la suspensión de las activida­des administrativas y de los plazos procesales, y el des­pacho a sus hogares del per­sonal más vulnerable al vi­rus, fueron de las primeras acciones dispuestas por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electo­ral (TSE).

Más tarde, empezaron a realizar audiencias y trá­mites de forma virtual y la­borando a remoto a través del teletrabajo. Luego, las labores administrativas se fueron normalizando de manera paulatina.

El horario de trabajo cambió producto del pe­ríodo del toque de queda, que al principio empezaba a las 5:00 de la tarde. Es­tablecieron protocolos pa­ra tener control en la en­trada a las sedes, a fin de poner en práctica las nor­mas sanitarias recomen­dadas por Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, para prevenir el contagio con el virus en sus dependencias.

A medida que se exten­dían las medidas en el Po­der Judicial por la propa­gación del virus en todo el territorio nacional, en el sector judicial empezó a generarse un malestar en­tre los actores del sistema, por la prolongación de la paralización de la justicia, que incluso motivó protes­tas de abogados frente a los tribunales en distintos pun­tos del país.

A un año de la pandemia, todavía las tres altas cor­tes se mantienen celebran­do audiencias virtuales y al­gunos procesos se realizan mediante esa modalidad, combinándola con el servi­cio presencial.

Poder Judicial El Poder Judicial imple­mentó un plan para ir nor­malizando la justicia en varias etapas, una gradua­lidad que empezó en junio de 2020. Actualmente los servicios se realizan en una combinación de virtual y presencial.

En principio solo estu­vieron funcionando los tri­bunales de atención per­manente, habilitados para casos urgentes, especial­mente en el área penal y acciones en reclamo de la protección de derechos fun­damentales.

El cierre de los tribuna­les y de los servicios admi­nistrativos en marzo, al ini­cio de la pandemia, creó disgustos en los abogados y generó un enfrentamiento con las autoridades del Po­der Judicial.

Las presiones de los abo­gados para que reabran los tribunales y se agilicen los servicios se enfocaron en las máximas autoridades del Po­der Judicial.

Este malestar no solo ge­neró un conflicto entre el gremio que agrupa a los abogados y las autorida­des del poder judicial, sino que también se produjeron descontentos a nivel inter­no por el desacuerdo de un consejero y de juez de la Suprema con las decisiones adoptadas por el CPJ.

El colegio de abogados puso a decidir sobre la si­tuación al Tribunal Supe­rior Administrativo, que al acoger una acción de am­paro, ordenó la reapertura de los tribunales.

El CPJ anunció que aca­taba la sentencia por tra­tarse de materia de ampa­ro que son ejecutables de inmediato, pero recurrió el fallo ante el Tribunal Cons­titucional en dos vías: Me­diante una medida cautelar en busca de la suspensión provisional, cuya demanda fue rechazada, y mediante un recurso de revisión de amparo, que está pendien­te de fallo.

Constitucional Aunque no paralizó sus labo­res completamente, el Tribu­nal Constitucional también suspendió el cómputo de los plazos procesales y empezó a conocer y decidir los expe­dientes en audiencias públi­cas y sesiones virtuales. Esta modalidad no presencial aún se mantiene.

Puso en marcha protoco­los de higiene para la pre­vención y para el ingreso gradual de los servidores a las labores presenciales. In­cluso solicitó colaboración al Programa de las Nacio­nes Unidas para el Desa­rrollo (PNUD), a fin de que acompañe al tribunal en el proceso de volver a las acti­vidades normales. Creó un fondo de contingencia para la prevención del Covid-19, destinado a obtener los ma­teriales, insumos y suple­mentos vitamínicos.

Ante el cierre de los tribunales, durante los primeros meses del estado de emer­gencia, la corte constitu­cional también recibía pre­siones para que aceptara acciones de amparo direc­tas que eran de la compe­tencia de tribunales de pri­mera instancia.

Fue apoderado de accio­nes directas de inconstitu­cionalidad en contra de los decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones del Congreso Nacional que prolongaban el estado de emergencia y los toques de queda por parte de varios partidos políticos que no estaban de acuerdo con las constantes extensiones que disponía el gobierno del Partido de la Liberación Do­minicana (PLD).

Una de esas acciones fue interpuesta en junio de 2020 por el ahora gober­nante Partido Revoluciona­rio Moderno (PRM), que ante la propagación del vi­rus ha tenido que continuar con similares medidas del gobierno anterior.

La acción fue declarada inadmisible en noviembre de ese mismo año (disposi­tivo publicado en comuni­cado 37/20).

DATOS Electoral En marzo, el Tribunal Su­perior Electoral también adoptó medidas preventi­vas y de mitigación por la pandemia del covid 19.

En principio envió a sus hogares al personal vul­nerable atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud. Lue­go dividió el personal para las labores presenciales y virtuales.

El virus del covid 19 pro­vocó que los conflictos generados a raíz de los resultados de las eleccio­nes del 2020 en los tres niveles de elección, mu­nicipal, legislativas y pre­sidencial, fueran ventila­dos de forma virtual.

Todavía está corte está co­nociendo los expedientes en esa modalidad. Duran­te la pandemia, se produjo la renuncia del presiden­te TSE, Román Jaquez Li­ranzo, al ser designado en la Junta Central Electoral (JCE), por lo que la Presi­dencia fue asumida por el suplente de este, Marcos Cruz.