Urge nueva ley para garantizar la explotación minera

La solicitud de explotación de una pequeña área para extraer ferroniquel, ha puesto nuevamene en movimiento a grupos de ambientalistas, ‘comunicadores’ y políticos que están permanentemente al acecho para desplegar sus presiones sobre el respeto al medio ambiente, pero al mismo tiempo coloca sobre el tapete la definición que deberá tomar el Estado dominicano en torno a una política definitiva sobre la explotacion minera en el país.

El Ministerio de Medio Ambiente ha negado, esta semana, la solicitud de Falcondo de explotar yacimientos de ferroniquel en un área de 4,2 kilómetros en zona denominada La Manaclita, en las montañas de Bonao, cerca de Loma Miranda, utilizando moderna tecnología a fin de minimizar el daño posible al medio ambiente y con un un plan de remediación inmediato, a fin de poder continuar sus operaciones. Esto ha levantado una polvoreda entre los grupos de ‘defensores’ del medio ambiente.

En un comunicado este miércoles, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que en su gestión “el compromiso es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas” e indicó que la solicitud hecha por la minera fue recibida en vista de que la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y los reglamentos internos especifican que el Ministerio debe recibir las solicitudes hechas por una persona física o jurídica y posteriormente estudiar lo más conveniente para la preservación de los recursos naturales del país, por lo que justifica su decisión aunque no dio a conocer los detalles del estudio, si es que fue realizado.

Los ministros de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el de Medio Ambiente han dicho por separado que es necesario la modificación, modernización y adecuación a la realidad económica y ambiental del país, de la ley minera 146-71, del 4 de junio de 1971. En el 2017 y a propósito de uno de esos affairs provocado por los ambientalistas sobre el tema de Loma Miranda, el entonces ministro de Minas y Energía, Antonio Isa Conde, anunció que estaba ‘casi listo’ para presentar al Congreso Nacional, el proyecto sobre una nueva Ley Minera. Cuatro años después, el tema sigue sin definición.

El sector minero aporta al Estado dominicano, por impuestos un equivalente alrededor del 5 por ciento del PIB, amén de los recursos económicos que aportan en programas sociales y centenares de empleos directos e indirectos en favor a las poblaciones de los entornos donde operan las empresas mineras.

“Hay diferentes aspectos, la ley minera se produce en el 1970 cuando no existía, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Hay una serie de procesos que tienen que ver con la permisología, con las compras y concesiones y las características de responsabilidad que tenían que ser revisadas y ajustadas a la nueva realidad”, dijo el ministro Almonte en el desayuno de Listín Diario, el 12 de dieiembre de 2020.

Fuentes del sector minero dijeron que el proyecto de la nueva Ley Minera habría sido remitido al Presidente Luis Abinader para su estudio y sometimiento al Congreso Nacional. Las fuentes han dicho que es posible que el jefe del Estado haga el anuncio en su discurso de rendición de cuentas ante las Cámaras Legislativas.

“Hay algunos ambientalistas, ecologistas, grupos, sectores que han encontrado su espacio dentro de lo que es la defensa dizque de lo que es los llamados recursos naturales, que si por ellos fuera quizas no tuvieramos, por ejemplo, el desarrollo turístico del Este… si nosotros queremos atraer inversiones en ese renglón, donde hay grandes inversiones que no se hacen de la noche a la mañana y donde hay que arriesgar muchos recursos en la investigación y exploración, debemos tener definiciones sobre lo que consiera el Estado de esas inversiones, con reglas claras y leyes en que se respeten dichas inversiones… porque la obligación del Estado, del Gobierno, es garantizarle mejores niveles de vida a la gente, y los recursos mineros, si no se explotan y no se les saca productividad, no van a servir para ese propósito”, dijo el economista Carlos Cuello.

La actividad económica de la minería que viene desarrollándose en República Dominicana, y en todo el mundo, es cada vez más consciente y cuidadosa de sus intervenciones en los espacios naturales. La minería es regulada y cumple una serie de leyes, normativas y requisitos nacionales e internacionales, de controles de calidad, sostenibilidad, de responsabilidad, reconocen muchos de los expertos y ambientalistas.

Sin embargo, las presiones de los grupos de ambientalistas, políticos y ‘comunicadores’ tienen mucho espacio en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, por lo que mantienen un permanente foco de presión contra las autoridades, bajo amenazas de promover movilizaciones de protestas populares, presión que ha influenciado muchas veces la toma de decisiones sobre la explotación minera en el país. Henri Hebrard, economista, analiza el tema: “Tal como lo contempla la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo, los abundantes recursos minerales que la naturaleza ha dado a la República Dominicana deben de ser un eje fundamental para financiar tantas necesidades del desarrollo… creo que, solo bien acomodada, bien tranquila, y como hay muchos pobres en el país, debemos decidir si dejamos la pobreza o vamos a explotar las riquezas que tenemos, pero que solamente existen si las sacamos… hoy en día hay maneras efectivas de hacerlo, de la misma forma que hemos aprendido que de no corregir la forma de hacer agricultura y de hacer turismo pudieramos tener daños al medio ambiente… todas las actividades económicas pudieran tener un daño al medio ambiente si no se realizan de forma responsable”.

Apoyo a la economía La importancia de la explotación minera en el país quedó expresado, nueva vez, en el contexto de la pandemia del coronavirus al ser uno de los pilares en el apoyo al Estado en los programas de recuperación económica. En los tres primeros trimestres de 2020, la minería aportó $60,870 millones depesos al PIB, lo que representa un 1.9 por ciento, que concluyó en 4,8 por ciento del PIB a finales del año pasado. Asimismo, la minería generó más de ocho mil empleos directos y unos 24,000 indirectos.

“Todo es un balance ambiental y humano para obtener los mejores resultados… por eso, la minería que se rige desde un componente ético de responsabilidad social con las comunidades vecinas y con el medio ambiente, atendiendo las necesidades presentes y preservando el medio natural para las generaciones siguientes, es exitosa… siendo un ejemplo el desarrollo socio-económico de las poblaciones del entorno de las empresas mineras, como el caso de Bonao, con Falcondo, o Cotuí con Barrick”, comenta el economista y sociólogo Manuel A. Tobías.

En el país se explotan importantes yacimientos de oro, ferroníquel, cobre, plata y zinc, entre otros. La explotación de bauxita, en el suroeste, se ha reducido, mientras se realizan exploraciones en busca de yacimientos de petróleo, tanto en tierra como frente a las cosas de la nación. “Los aportes de la minería, tanto a nivel económico como social, son los que hacen la diferencia en la sostenibilidad de muchos países”, sostiene.

La minería, en afán de conservar su espacio físico, ha llegado a desarrollar modelos de gestión de minas en los que la actividad extractiva se lleva a cabo de manera reducida y controlada para permitir en paralelo la inmediata intervención dirigida a sanear, restaurar y recuperar la zona, con siembra de diversas especies nativas. Los bosques se recuperan, como quedó demostrado en los alrededores de Loma Peguera, luego de la explotación de una parte de sus recursos. Con la misma atención, se hace un manejo eficiente y racional del agua, la que se utiliza para ser tratada y reciclada y volver a servir para la producción agrícuola así como para otros usos domésticos. El compromiso es que todas las áreas intervenidas terminen igual o mejor que como estaban originalmente.

Es indiscutible el aporte social continuado a lo largo de los años cuando al medirse los índices de desarrollo, las provincias donde operan las mineras resultan con los indicadores más altos del país en áreas esenciales como educación, alfabetización, desayuno escolar. También en formación técnica y laboral, salud, acceso al agua potable, vivienda, fomento del deporte y actividades sociales, junto a innumerables aportes para diversas obras de infraestructura.

Coexistencia por el futuro En su interés de continuar con las explotaciones de áreas autorizadas, las mineras responsables son coherentes con lo que se proponen hacer y de la manera como lo hacen, sin que prácticas agrícolas se vean interrumpidas o alteradas por sus extracciones, ya que se destinan terrenos distintos a una y a otra, según lo disponen las autoridades de Medio Ambiente.