Las secuelas del Covid-19 se hicieron sentir en la política
El sábado 14 de marzo del 2020, el gobierno dominicano encabezado por Danilo Medina, anunciaba que el país implementaría serias medidas para impedir el brote de coronavirus (Covid-19) a partir del lunes 16. Dentro de las medidas estaban el cierre de las fronteras, la prohibición de vuelos y la cancelación de las actividades públicas.
Entre el día de la aplicación de las medidas y el día de su anuncio, estaba en medio el domingo 15 de marzo, fecha en la cual se celebraron las elecciones municipales extraordinarias y aunque el Poder Ejecutivo recibió “la aprobación” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para celebrar los comicios, la población mostraba el pánico que tenía por la presencia de personas infectadas con el Covid-19, la pandemia que llevaba apenas dos semanas presente en el país en ese momento.
Sin embargo, muchas corrientes opinaban que la mejor opción hubiera sido que el torneo electoral no fuese celebrado pero aún con la resaca de la suspensión de las elecciones de febrero por el fallo del voto automatizado que provocó protestas multitudinarias en la Plaza de la Bandera, la palpable crisis electoral y los comicios presidenciales y legislativos pautados a celebrarse en el mes de mayo, el sentimiento de que estas fueran “impostergables” y debían hacerse “sí o sí” rondaba entre las autoridades dominicanas.
Las elecciones presidenciales no fueron en mayo por primera vez en medio siglo.
A pesar de que luego de los comicios municipales, los reportes de contagios diarios de Covid-19 aumentaban con el pasar de los días, la Junta Central Electoral (JCE) continuó su empeño en celebrar las elecciones presidenciales el domingo 17 de mayo, como establece la Constitución.
Mientras se adentraban en las últimas semanas de marzo y las primeras de abril, el reloj para montar las elecciones se agotaba y la pandemia continuaba golpeando el país, varios partidos políticos comenzaban a sugerirle a la JCE que se debería aplazar los comicios.
No fue hasta el lunes 13 de abril que el pleno de la Junta decidió mediante la Resolución 42-2020 posponer “a causa de fuerza mayor”, y por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el país las elecciones ordinarias generales Presidenciales y Congresuales y movidas al domingo 5 de julio.
Esos comicios fueron marcados como las primeras elecciones generales presidenciales que se celebraron fuera del mes de mayo desde el primero de junio de 1966, cuando Joaquín Balaguer resultó ganador de ese torneo electoral, el primero luego de la Guerra Civil de 1965.
Gran abstención electoral
A pesar de ser movidas para el mes de julio, las elecciones fueron celebradas en el medio de la pandemia, lo que llevó al órgano electoral a establecer un protocolo especial para tratar de prevenir el contagio de coronavirus. En los colegios electorales había alcohol antibacterial, además de que se limitó el número de personas que podían estar dentro de los recintos.
El entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, instó a una “participación masiva de los ciudadanos para los comicios presidenciales” y llamó a que “nadie se quede en su casa”.
También expresó que los votantes podrían asistir a sus respectivos colegios con mascarillas, afirmando que se cumplirá con distanciamiento social, y añadió que en los recintos, los electores podrán desinfectarse las manos. A pesar de ese llamado, en esos comicios presidenciales se registró la más alta abstención desde el fin de la dictadura de Trujillo en 1961.
A las urnas estaban convocados 7,529,932 electores, casi medio millón de ellos en el extranjero, de los cuales votaron 4.163.275, es decir, el 55,29 % del padrón, por lo que la abstención fue de 44,71 %. Desde la redemocratización del país, la abstención más alta antes del 2020 se dio en 1990, con el 40 %, y desde entonces había oscilado entre el 20 % y el 31 %, cifra registrada en el 2016.
Enfrentamientos
Para establecer las medidas preventivas ante el Covid-19, el gobierno necesitaba instaurar un Estado de Emergencia, el cual resultó ser un tema de debates y de enfrentamientos en la Cámara de Diputados.
Dentro de la cámara baja del Congreso Nacional, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Alfredo Pacheco y Faride Raful a la cabeza, alegaban que la implementación de los estados de excepción en plena campaña electoral eran utilizados “para el propio beneficio del candidato oficialista”.
El entonces partido de opositor se quejó de que solo Gonzalo Castillo, quien se caracterizó durante los primeros días de la pandemia de realizar varias ayudas humanitarias, podía hacer campaña política mientras todos los demás no podían hacerlo debido a la implementación de las medidas especiales.
Reducción de los recursos
La pandemia, además de una crisis sanitaria, provocó una crisis económica, lo que llevó al presidente Abinader a presentar la propuesta de reducir a la mitad los recursos que le entrega el Estado a los partidos políticos y utilizar los mismos para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.
Para este año, el Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos. Sin embargo, de acuerdo con el presupuesto general del Estado solo se destinarán RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”.
Ayer, el gobierno dio marcha atrás y el ministro Administrativo, José Ignacio Paliza, anunció que se entregará los RD$1,200 millones a la JCE que corresponden a los partidos políticos.
Solo dos mayoritarios
La Ley 33-2018 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establece que el 80% de los recursos asignados por el Poder Ejecutivo para ser repartidos entre los partidos políticos será redistribuido en partes iguales entre los partidos que sobrepasen el 5% de votación en la última elección.
De acuerdo el reglamento 01-2021 de la JCE que establece que solo el PRM y el PLD quedaron designados como partidos mayoritarios, mientras que la Fuerza del Pueblo quedó como partido minoritario al alcanzar un 4.54%, en combinación con los dos niveles electorales que fueron disputados en la última elección del cinco de julio, congresual y presidencial.
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El danilismo disfrazado de renovación
En esas elecciones, Luis Abinader resultó ganador con casi un 53% dejando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en alrededor de un 34% en el nivel presidencial. Eso sumado a que perdieron la mayoría de las senadurías y alcaldías, llevó al expartido oficialista a celebrar un congreso interno por primera vez en 16 años.
Bajo el concepto de “renovarse”, el PLD organizó el IX Congreso Interno Joaquín Bido Medina y en los comicios para decidir las 110 posiciones vacantes del Comité Central de ese partido, fueron varios los exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina que resultaron electos.