Justicia

Abogado del pleno Cámara de Cuentas dice Ministerio Público se extralimitó en allanamiento

INDICÓ QUE ESTÁN REVISANDO SI LA ORDEN DE ALLANAMIENTO LE PERMITE CONFISCAR DOCUMENTOS VINCULADOS A LA SUPUESTA OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA

Julio Prats, uno de los abogados del pleno de la Cámara de Cuentas,

Uno de los representantes legales del pleno de la Cámara de Cuentas afirmó este martes que el Ministerio Público se “extralimitó” con el allanamiento del pasado lunes, realizado a la mencionada entidad.

“Yo entiendo que en gran medida ha habido, en gran medida, una extralimitación en dos sentidos: primero que la Cámara de Cuentas ha entregado consecutivamente la documentación que se le ha solicitado, y segundo, que no nos queda claro a nosotros que era preciso un allanamiento”, dijo Eduardo Jorge Prats, uno de los representantes legales del pleno de la institución.

Asimismo, indicó que están revisando si la orden de allanamiento le permite confiscar documentos vinculados a la supuesta obstrucción de justicia, resaltando que es muy “extraño” que una entidad como la Cámara de Cuentas sea sometida al tipo de procedimiento ocurrido el pasado lunes. Esto se debe a que el órgano fiscalizador es una institución independiente y autónoma.

Sin embargo, aclaró que esta acción no es necesariamente ilegal, explicando que se necesita probar que el allanamiento era necesario para el proceso legal que está llevando a cabo el Ministerio Público.

Estas declaraciones de Prats se produjeron luego de que se pospusiera la rueda de prensa del pleno, que estaba pautada para las cuatro de la tarde de este día. En su lugar la entidad informó que sería mañana a las tres de la tarde.

La razón ofrecida por este para el aplazamiento es que los miembros de la Cámara de Cuentas estaban reunidos con sus abogados, para consensuar su posición ante las acusaciones del titular de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Camacho aseguró que, tras el allanamiento de más de once horas, encontraron evidencias de “maquillaje” de auditorías que favorecían a instituciones públicas y a sus dirigentes, expresando a la Cámara de Cuentas ser cómplice de la corrupción.