Fiscales incorporan pruebas en juicio contra exministro
En la continuación del juicio del caso Odebrecht, ayer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) siguió incorporando pruebas documentales concerniente a información financiera de las empresas del imputado Víctor Díaz Rúa. En la audiencia, el Ministerio Público incorporó a través de Jisselle Del Carmen Paulino Cáceres, testigo número 11 de la acusación, varias pruebas documentales en contra del imputado Díaz Rúa, entre ellos movimientos financieros presuntamente irregulares realizados por este.
Entre las pruebas la perito contable, mencionó el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado, tales como cuenta de nómina del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), donde Díaz Rúa dirigió ambas instituciones del Estado.
El Ministerio Público aseguró que con la incorporación de los informes financieros de la Superintendencia de Bancos, se busca demostrar que las empresas de Díaz Rúa, eran utilizadas en el círculo de lavado de activos creado para mezclar el dinero ilícito, manejando sumas millonarias de dinero.
De su lado, la defensa de Díaz Rúa, encabezada por el abogado Miguel Valerio, sostiene que lo que se está incorporando en el tribunal es la cuentas de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la que dijo la testigo declaró la pasada semana que la misma no fueron tomadas en cuentas para elaborar el informe financiero de su cliente.
Sobre las pruebas que se están incorporando sostuvo que no la iba a objetar debido a que eran cuentas de nóminas del Ministerio de Obras Públicas y de Inapa, que a su juicio no eran cuentas de Díaz Rúa.
“Ahí lo que la testigo está mencionando es gasto de mil 500 pesos en el Supermercado Pola, gasto de 2 mil pesos en un restaurante, ósea que es lo que estamos viendo con esos informes financieros”, acotó Valerio.
El Ministerio Público asegura que sigue firme con su acusación por los sobornos y la presentación de más de 1,700 pruebas, entre ellas 28 testigos, para demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita en perjuicio d