Investigaciones sobre declaraciones juradas de bienes vuelven a la palestra pública
Donald Guerrero. Foto de archivo.
Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), han sido reactivadas, luego de producirse un receso con los interrogatorios.
Esta semana arranca activa, con la continuación del interrogatorio al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien comenzó a ser investigado el pasado viernes sobre su patrimonio y su desempeño en esa institución durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El ex funcionario tiene que volver este lunes, a las 3:00 de la tarde, según informó él mismo a la salida de la PGR el viernes pasado, cuando acudió por primera vez, en respuesta a una citación del ministerio público.
Sobre el motivo de su interrogatorio, solo adelantó que empezaron a ver los temas sobre su declaración jurada de su patrimonio, que según reportó a la Cámara de Cuentas, asciende a RD$768,321,216. Empero ha trascendido que forma parte de una investigación más amplia que desarrolla la PGR que conciernen a irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio de Hacienda.
Se espera que esta semana, las autoridades del ministerio público den más detalles sobre los interrogatorios al ex funcionario y de otras investigaciones en curso.
Los interrogatorios son realizados por la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que dirige la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Más interrogados
El ex ministro de Hacienda no ha sido el único exfuncionario que ha tenido que acudir a la Procuraduría para aclarar sobre su patrimonio y sobre su desempeño en un ente de la administración pública.
Los interrogatorios tampoco se limitan al ámbito de la declaración jurada de bienes, sino también a otros delitos relacionados con la corrupción en la administración pública.
En la lista de interrogados por las declaraciones juradas figuran la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el senador Félix Bautista; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; el asistente del exmandatario Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y el exalcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
De la actual administración, se incluye la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien primero fue suspendida por el presidente Luis Abinader, a solicitud de ella, y luego renunció del puesto para enfrentar cualquier acusación en su contra que presente el ministerio público.
Mientras, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, tuvo que acudir varias veces a la PGR para explicar sobre irregularidades en la licitación para la adquisición de kits de alimentos en la cuarentena por el Covid-19 en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Los propios miembros de la Cámara de Cuentas fueron llamados por la PRG, inicialmente por obstrucción a la justicia, y luego por actos líticos en la institución.
Voluntad
Desde septiembre del 2020, un mes después de asumir el cargo, la procuradora Mirian Germán Brito, dejó claro que el ministerio público investigará a actuales y anteriores funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, que exhiban un patrimonio injustificado o que falseen datos.
Luego, la procuradora dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, advirtió en septiembre, en una entrevista, que “no quedará sin investigar ninguna denuncia que tenga que ver con la desaparición o sustracción de un peso del Estado”.
Y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, dijo que será a su “debido tiempo” que el ministerio público procesará penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas.
Suspensión
A final de noviembre del 2020, la exdirectora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que el presidente Luis Abinader suspendió, de forma provisional, a 36 funcionarios, por no presentar sus declaraciones juradas de bienes en el plazo que le impone la ley.