Frizan los cotejos de las declaraciones juradas
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público y Wilson Camacho, director de la Pepca.
Tras lograr que se les impusiera medida de coerción a los implicados en el caso de la operación Anti Pulpo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha mantenido un aparente “receso” en cuanto al seguimiento a las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas, las declaraciones juradas y las auditorías a exfuncionarios de la pasada administración.
En un momento el centro de atención de las investigaciones estuvo dirigido hacia los miembros de la Cámara de Cuentas, declaraciones juradas y Odebrecht 2.0, siendo este último, con su estandarte Punta Catalina, el que ha concitado mayor interés de los procuradores de la Pepca.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, enfilaron sus cañones además a la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, en torno a presuntos actos de corrupción sobre la licitación para la adquisición de kits de alimentos durante el período de cuarentena por el Coronavirus, aunque esto se ha hecho de manera indirecta, llamando en más de 8 ocasiones a su despacho a la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán.
Cámara de Cuentas El Ministerio Público inició las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción a la justicia, ante las solicitudes de auditorías financieras y de gestión que hizo la Pepca sobre diversos casos de corrupción en la administración pública que están bajo investigación.
En torno al caso han sido interrogados en varias ocasiones el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, y Margarita Melenciano, así como el secretario, Carlos Tejada Díaz, en torno a la obstrucción y obstáculo para que el Ministerio Público realice sus investigaciones, principalmente en el caso Odebrecht sobre sobrevaluaciones de obras.
El Ministerio Público sostiene que las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
Declaraciones juradas Aunque este aspecto se inició con mucho brío y el Ministerio Público centró sus investigaciones en la declaración jurada de bienes de exfuncionarios, que incluyó a la hermana del expresidente Danilo Medina, Lucía Medina, y a la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, quien renunció del cargo a raíz de la pesquisa, el caso parece haber quedado en algún escritorio de un procurador.
Además de Lucía Medina y Taveras Duarte, los procuradores Wilson Camacho y Berenice Reynoso comenzaron interrogando en torno a declaraciones juradas de bienes, al senador Félix Bautista, el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; Robert de la Cruz, asistente del expresidente Danilo Medina, al alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba.
PRISIÓN Anti Pulpo En diciembre pasado la Pepca y la Dirección de Persecución solicitaron prisión preventiva en contra de los 11 implicados en el caso de la operación Anti Pulpo, obteniendo que solo se le impusiera esa medida a siete de los involucrados, a tres se le impuso arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica y otro solo presentación periódica.
El juez José Alejandro Vargas, quien ahora pasó al Tribunal Constitucional (TC), tras dictar la prisión preventiva en contra de los siete imputados, por un período de tres meses y las demás medidas a los otros implicados, remitió el expediente al tercer juzgado de la Instrucción para dar continuidad a la revisión obligatoria de la medida de coerción, fijada para marzo próximo.