MP dice experta demostró transacciones ilícitas de procesados por sobornos

El Ministerio Público continuará el próximo martes con la incorporación de las pruebas testimoniales en el juicio de fondo que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los seis imputados de recibir de los US$92 millones que Odebrecht admitió que pagó en sobornos en el país.

Con la comparecencia de Carmen Nadieska Álvarez, experta en contabilidad, el órgano acusador avanza en la presentación de los testigos a cargo.

Álvarez, quien comparecía desde el lunes en el juicio, presentó este martes los reportes de las actividades financieras de los imputados Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en República Dominicana, y los del expresidente del Senado Andrés Bautista García.

Al responder preguntas de los periodistas a su salida del tribunal, la fiscal Mirna Ortiz, quien forma parte del equipo litigador del Ministerio Público, afirmó que durante el proceso se presentan pruebas se compromete la responsabilidad penal de los procesados.

“En el día de hoy seguimos con el proceso de incorporación de las evidencias. La testigo de hoy, Carmen Nadiezka Álvarez, identificó pagos de Kleinfeld (empresa reconocida por Odebrecht y los testigos brasileños como utilizada para pagar sobornos) hacia Lashan de Ángel Rondón”, enfatizó.

Agregó que, de esa forma, se confirma la metodología de distribución del dinero ilícito señalada por los testigos anteriores, “y es de que estas transacciones ingresaron al sistema bancario nacional”.

La fiscal Ortiz destacó que son evidencias de carácter financiero que vinculan a las empresas y a los imputados en su actividad financiera que lesionó los intereses del Estado dominicano y de todos los contribuyentes.

Destacó que la testigo explicó todas las transferencias que se realizaron desde las cuentas de dichos imputados. “Es una testigo experta, con la responsabilidad de analizar datos financieros”, declaró.

Precisó que en los alegatos de clausura cuando logren unir toda la información de los testigos y las pruebas restantes que quedan por incorporar, se podrá verificar el mantenimiento de la coherencia en las pruebas presentadas al tribunal.

El Ministerio Público continuará con la presentación de las pruebas en la sesión del próximo lunes 25 de enero cuando se reanudará la audiencia.

El Ministerio Público inició la presentación de las pruebas el pasado 8 de enero, con el testigo brasileño Mauricio Dantas Bezerra, quien representó a Odebrecht en el acuerdo de lenidad firmado con el Ministerio Público en 2017, en el que la multinacional se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado con el pago de US$92 millones en sobornos para granjearse la adjudicación de obras.

Durante el juicio también han comparecido los testigos Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hofke y María Eugenia Batista.

El Ministerio Público dijo que mantiene firme la acusación del enriquecimiento ilícito de los imputados, sobre quienes destaca la imposibilidad de justificar el incremento de sus respectivos patrimonios familiares.

El equipo de fiscales litigante en el Caso Odebrecht está encabezado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. Además de Mirna Ortiz, lo integran los fiscales Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

En el transcurso del proceso los fiscales han resaltado la congruencia de los testigos en su comparecencia ante el tribunal.

Además de Rondón Rijo y Bautista García, son enjuiciados por este caso de corrupción Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga; Tommy Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.

El Ministerio Público presentará más de 1,700 pruebas que demuestran que los encartados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.