El Tribunal Constitucional anuló la resolución 05-01 dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el 13 de septiembre de 2001, la cual impuso el cobro de un 25% por las transferencias de casas y apartamentos construidos por el Estado dominicano.

El TC declaró esa normativa “no conforme con la Constitución”, al determinar que viola el principio de legalidad tributaria y el principio de legalidad o de reserva de ley

“Este tribunal constitucional considera, independientemente de los fines perseguidos con la resolución y de que exista la Ley núm. 399, que establece el Bien de Familia, que la resolución cuestionada es inconstitucional, en la medida que viola el principio de seguridad jurídica, pues la garantía de estabilidad del sistema jurídico descansa en el respecto a las normas establecidas”, señaló el Tribunal Constitucional.