Justicia

Estos son los casos de presunta corrupción que tiene pendiente la Procuraduría

En el conocimiento del caso Anti Pulpo donde fueron arrestados exfuncionarios y supuestos testaferros.

Lucía Medina citada por la Procuraduría. / Listín

La Procuraduría General de la República tiene en proceso investigaciones de otros posibles casos de corrupción administrativa donde figura el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el pago de 11,500 millones de pesos por asfalto caliente que realizara el Ministerio de Obras Públicas y la investigación los miembros de la Cámara de Cuentas.

Otro de los casos que está pendiente es del Plan Social de la Presidencia en la gestión de Iris Guaba.

La Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa citó desde el pasado agosto a exfuncionarios y legisladores para que explicaran parte de sus reportes de patrimonios y bienes sometidos ante la Cámara de Cuentas.

Entre los legisladores que fueron llamados a explicar parte de su declaración jurada de bienes está Félix Bautista senador de la provincia San Juan; Radhamés Camacho diputado nacional y la exdiputada Lucia Medina.

En el conocimiento del caso Anti Pulpo donde fueron arrestados exfuncionarios y supuestos testaferros, el Ministerio Público reveló sus primeros pasos en la lucha contra la corrupción administrativa.

En los casos que aún se mantienen pendientes en manos de la Procuraduría se encuentra el Inaipi, tras una denuncia donde se dio a conocer posibles desfalcos a esta institución por medio de licitaciones de kits de alimentos.

Los Casos

Cámara de Cuentas

El Ministerio Público interrogó el pasado 18 de diciembre al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noés Tejada Díaz, en la apertura de una investigación contra los miembros del organismo fiscalizador del Estado "por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales".

"Los funcionarios fueron citados a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”, detalló la Procuraduría General en un comunicado.

Inaipi

El Ministerio Público continúa con las investigaciones de la institución, luego de que el empresario Pablo Cabrera, indicara que Inaipi beneficiaba a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos.

Tras esta denuncia, la fiscalía del Distrito Nacional, interrogó al encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en la continuación de las indagaciones sobre presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de licitación que fue convocada para la adquisición de kits de alimentos durante el actual período de cuarentena por el coronavirus.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) citó a Berlinesa Franco, exdirectora del Inaipi por la denuncia presentada sobre supuesto caso de corrupción en la institución gubernamental.

La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, también ha sido interrogada debido a irregularidades atribuidas en los procedimientos para contratar en el Plan Social de la Presidencia, en la gestión de Iris Guaba, y del Instituto Nacional de la Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en la administración de Berlinesa Franco.

Yokasta será interrogada por cuarta ocasión este viernes 18 de diciembre.

Asfalto

La Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) afirmó que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) violó la Ley de Compras debido a que los “Informes técnicos justificativos para la contratación del suministro de Hormigón Asfáltico Caliente” no motivaban ni justificaban el uso de excepción de un procedimiento como tal.

En un reporte de 78 páginas colgado en la página web de la DGCP, la entidad también señaló que las actas del Comité de Compras y Contrataciones aprobaron informes carentes del contenido que establece la normativa.

La Procuraduría General de la República (PGR) fue apoderada del sometimiento relacionado con la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, acudieron ante la procuradora Miriam Germán Brito, a quien le entregaron una serie de documentaciones.

Declaración de jurada de bienes

Félix Bautista

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución requirieron al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, por aporte de los documentos sobre su declaración jurada de patrimonio.

Bautista admitió tener que rectificar su declaración jurada de patrimonio nuevamente ante la Cámara de Cuentas, tal como lo establece Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.

Lucía Medina

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, fue interrogada en dos ocasiones en torno a su declaración jurada de bienes por el Ministerio Público.

El primer interrogatorio se realizó el 21 de octubre, y tras tres horas de preguntas por las autoridades dijo a la prensa que no tenía nada que decir.

En su declaración, figuran 75 millones 616 mil 460 pesos, con fecha del 14 de septiembre de 2016 a la Cámara de Cuentas.

Tras conocerse el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para la “Operación Anti Pulpo”, la PGR destacó que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) transfirió en tres años el monto de RD$78,101,000 a la fundación de la exdiputada, Lucia Medina Sánchez.

Se alega que durante los años 2016, 2017 y 2018 se hizo una desviación de los gastos registrados por el Fonper para beneficiar a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, que preside la exdiputada, quien es hermana del expresidente Danilo Medina.

También es hermana de Juan Alexis y Magalys Medina, acusados por el Ministerio Público de actos de corrupción y otros delitos.

Radhamés Camacho

El expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho fue interrogado por la Procuraduría sobre su declaración jurada de bienes.

En su salida del edificio no brindó detalles de lo tratado con las autoridades del Ministerio Público.

Camacho posee activos por RD$80,410,687.07.

Iris Guaba

Tras la revelación del presidente Luis Abinader de no poseer ninguna información sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia, debido a que “se llevaron todos los discos duros de las computadoras” y las dejaron vacías, la exdirectora Iris Guaba negó haberse llevado los discos y dijo que las informaciones de la institución se encontraban resguardadas en un centro de servidor con nube.

La Procuraduría comenzó una investigación que continúa en curso.

Con relación a su declaración jurada de bienes, Iris Guaba posee bienes en joyas por casi siete millones de pesos.

Así lo hace constar la exfuncionaria en su declaración jurada, donde señala que en total posee seis millones, ochocientos cincuenta mil trescientos setenta y cuatro pesos (6,850, 374.00) en relojes, anillos, cadenas y guillos.

En el documento también se reflejan bienes en muebles del hogar por un valor de siete millones ochocientos diez mil pesos (7,810, 000.00), para un total, en ambos casos, de 14 millones 603 mil 74 pesos.

Además, el 26 de abril de 2018, adquirió 11 solares, sin especificar dónde están ubicados, ni tampoco hace referencia a los certificados de los mismos.