Ministerio Público pide al tribunal ordenar conducencia de testigos en caso Odebrecht desde Brasil
El Ministerio Público solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspender el juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht, y que disponga la conducencia desde Brasil de los testigos Mauricio Dantas Becerra, Rodrigo Maluf Cardoso y Marcelo Hock.
“Esa es la realidad de este momento procesal. Al acoger solicitud de conducencia aplace la audiencia y fije la fecha tomando en cuenta los trámites necesarios para conducir a tres testigos que residen en el extranjero”, expresó Wilson Camacho, Procurador Especializado contra Corrupción Administrativa.
La testigo María Eugenia Batista quien fue citada para la audiencia de hoy, está presente.
En la audiencia anterior el tribunal había citado mediante acto de alguacil al brasileño Mauricio Dantas Becerra, primer testigo señalado por el Ministerio Público y por cuya inasistencia no se ha podido continuar con el proceso.
Antes los jueces habían dictado orden de conducencia en su contra, pero luego revocaron la decisión, tras acoger un recurso de oposición presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Con el testimonio de Dantas Bezerra se pretende probar en el tribunal la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al procurador general, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, suscrito el 17 de enero de 2008.
Igualmente, el Ministerio Público busca probar lo relativo al contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A., suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.
Además, busca probar todo lo relacionado a la documentación suministrada por Odebrecht sobre el acuerdo firmado con la Procuraduría en 2017.
Dantas Bezerra es un abogado que fungió como apoderado especial o representante de Odebrecht cuando la empresa firmó el acuerdo con la Procuraduría en el que se comprometió a pagar US$184 millones en nueve cuotas pagaderas hasta el 2025, con el fin de resarcir los daños materiales y morales causados al país por los sobornos de aproximadamente US$92 millones que pagó la compañía para conseguir contratos públicos.
En torno al caso figuran como acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.