Ministro coopera con la procuradora en el caso de desfalcos en EDES
La procuradora Miriam Germán Brito y el ministro Antonio Almonte reunidos.
La procuradora general de la República, se reunió con el ministro de Energía y Minas, en momentos en que funcionarios del sector eléctrico han denunciado presuntas irregularidades en las empresas de distribución de electricidad.
De acuerdo a una nota servida por la Procuraduría, Miriam Germán Brito y Antonio Almonte trataron asuntos de interés para el Ministerio Público.
La semana pasada dos programas de alto “rating” de la televisión nacional denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos por parte de las edes a compañías vinculadas a familiares de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina.
Germán Brito ponderó la disposición del funcionario a colaborar, desde su gestión, con los temas de investigación que sigue el Ministerio Público en las áreas estatales de la competencia del Ministerio de Energía y Minas.
Recortdó que el Ministerio Público se mantiene enfocado en diversas investigaciones sobre corrupción administrativa.
Ambos funcionarios reafirmaron la disposición de ambos a apoyar los esfuerzos del Estado en favor de la transparencia en la gestión pública.
Almonte se mostró muy receptivo durante el diálogo y aseguró que tan pronto los responsables de las empresas del sistema eléctrico estatal culminen una serie de auditorías que tienen en proceso y que pueden ser de interés del Ministerio Público, los resultados serán depositados ante la Procuraduría General de la República, dice la nota.
Durante la conversación, la magistrada Germán Brito reconoció que las investigaciones del Ministerio Público se fortalecen cuando encuentran la disposición de funcionarios del tren gubernamental interesados en aportar pruebas técnicas y documentales, así como el conocimiento especializado en diversas áreas.
La magistrada valoró el trabajo que viene realizando todo su equipo de la Procuraduría General de la República, sobre todo, el cuidado permanente para apegarse a las normas procesales, respetando siempre los derechos de cualquier persona considerada sospechosa de haber cometido ilícitos penales.
También, ponderó la disposición y condiciones profesionales de los fiscales que integran el Ministerio Público y que trabajan en el ámbito de la investigación de los procesos y quienes litigan ante los tribunales.
La procuradora general valoró como positivo el interés permanente de periodistas y medios informativos en indagar y exponer casos de corrupción. En ese contexto, recordó que los procesos de investigación deben agotar unos procedimientos legales y acciones periciales que demandan de tiempo y trabajo.
“Solo de esa forma se pueden estructurar expedientes penales con pruebas sólidas que permitan a los tribunales castigar a los responsables de empobrecer a los contribuyentes mediante actos de corrupción administrativa”, recordó Germán Brito.
Denuncia
Los hermanos de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina fueron beneficiados de manera irregular con contratos multimillonarios, para lo cual usaron una veintena de empresas creadas para recibir beneficios del pasado gobierno en el sector eléctrico, denunció la periodista Alicia Ortega en su programa de televisión.
La emisión del pasado lunes del “El Informe con Alicia Ortega” presentó documentos y testimonios que sostienen que Empresas Distribuidoras de Electricidad –Edenorte, Edesur, Edeeste– y hasta la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), otorgaron contratos a Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina, mediante los cuales consiguieron sumas multimillonarias.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, reveló que sólo en Edeeste, Maxy Montilla Sierra se alzó con contratos superiores a los 18,000 millones de pesos.
“Hemos encontrado a la fecha una cantidad considerable de irregularidades en lo relativo a los modelos de contratación”, manifestó Astacio, quien agregó que no se cumplía con los procesos de contrataciones públicas y que se utilizaba de manera irregular la figura del proveedor único.
Astacio dijo a la periodista que “había una facilidad de pago que le llamaban ‘canal financiero’, que eran pagos directos que se hacían con una simple autorización de la gerencia de la empresa”, la cual dirigía Luis de León, esposo de Magalys Medina, hermana de Danilo Medina y acusada en la sonada Operación Antipulpo.
El funcionario calificó el caso como “un calamar gigante” al compararlo con la Operación Antipulpo.