Desvelan componendas para apropiarse de miles de millones del Estado

La investigación de los fis­cales que llevó al arresto del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, encontro en el proceso vínculos con otros consor­ciados en actos de corrup­ción que ahora les son im­putados, desvelándose los métodos utilizados para la planificación y ejecución de delitos que las autori­dades afirman les permitió robar miles de millones de pesos del Estado.

Sobresale un triángu­lo de influencia formado por Freddy Hidalgo, Alexis Medina Sánchez y Juan Esteban Suriel Suazo. Es­tos, según la Procuradu­ría, tenían las “llaves” para quedarse con miles de mi­llones de pesos del erario público a través de las ope­raciones ilícitas que mane­jaba un conglomerado en­cabezado por el hermano del expresidente Danilo Medina.

La Procuraduría Gene­ral de la República (PGR) reveló ayer cómo el ex­ministro de Salud Públi­ca, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, llevaba a cabo sus aparen­tes actos ilegales duran­te el tiempo que ocupó el puesto, y sus vínculos con Alexis Medina Sánchez, hermano del expresiden­te de la República, Danilo Medina.

En la orden de allana­miento en contra de Hidal­go, obtenida por LISTÍN DIARIO, la Procuraduría establece que este exfun­cionario, supuestamente, “benefició con pagos de miles de millones de pesos del Estado” a un conglo­merado encabezado por Alexis Medina.

Asimismo, en ese docu­mento se especifica que el pasado titular del Ministe­rio de Salud Pública auto­rizó estas transacciones aun conociendo que no solo rompían con el reglamen­to de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sino que, igual­mente, no cumplía con los servicios contratados.

Sobre los presuntos ac­tos ilegales cometidos por Hidalgo, la Procuraduría lo acusa de quebrantar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesio­nes, señalando las compras de los kits preventivos pa­ra la Semana Santa del año 2013.

Según la Procuraduría, esa compra generó dos ór­denes a favor del grupo de Alexis Medina, una por RD$5,657,305 y otra por RD$12,752,997, que no es­taban presupuestadas en el Plan Anual de Compras de ese año y tampoco consti­tuían una “urgencia com­probable”.

Pagos consensuados Además, esta institución aseguró que los pagos fue­ron consensuados junto con el también imputado, Rafael Germosén Andú­jar, excontralor general en­tre 2012 y 2016, los cuales fueron otorgados a empre­sas pertenecientes al grupo de Alexis Medina, llamadas Domedical Supply y Gene­ral Medical Solutions, pero que están suscritas a la ex­directora general de pro­gramas protegidos del Mi­nisterio de Salud Pública, Olandra Fermín.

Por igual, Fermín le ha­bría solicitado a Hidalgo que le conceda una reso­lución “para otra compra”, aunque tenía conocimien­to de que en el decreto 608-12 le transfirió el po­der adquisitivo de insumos médicos al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logís­tico (Promese/CAL).

A pesar de esto, Salud Pública emitió en marzo de 2013 una resolución declarando la compra pe­dida por Fermín como “ur­gente”.

Sumado a todo lo ante­rior, la PGR acusa de rom­per leyes a los imputados en el caso de generar más de 49 millones de pesos mediante estas maniobras ilegales, explotando el programa de medicamen­tos protegidos.

“Esos antiguos funcio­narios, hoy investigados, se prevalecieron del pro­grama de medicamen­tos protegidos para infil­trar entre las compras de dicho programa ‘especial’ varias órdenes de com­pra por el monto total de RD$49,616,273.13 pa­ra ser usado en el opera­tivo de la Semana Santa 2013”, leía parte del docu­mento.

Otras acusaciones La Procuraduría afirmó que otro acuerdo fraudu­lento entre Salud Pública y una de las empresas de Alexis Medina fue el caso de la compra por la exclu­sividad de un medicamen­to Factor IX de General Medical Solutions, solici­tada Fermín el 27 de mayo de 2014.

Esta solicitud fue cata­logada como emergencia por lo que Salud Pública inició un proceso de com­pra de urgencia para ob­tener dos millones de es­te medicamento, que fue aprobada días después, por la suma de 43 millones de pesos.

Sin embargo, expedien­tes suministrados al Minis­terio Público por el enton­ces director financiero de Salud Pública, Carlos Jus­to Trinidad, indican que el plazo para presentar las ofertas estaba pautado pa­ra iniciar 25 de septiembre de ese año.

Mención de testaferro Ese día se constató que a nombre de la referida empresa depositó una co­tización firmada por José Dolores Santana Carmo­na, quien la PGR acusó de ser testaferro de Alexis Medina, por un millón de unidades del medica­mento por 43 millones de pesos.

“Todas esas medi­das fraudulentas fragua­ron el libramiento del pa­go por el monto bruto de RD$43,000,000 a favor de la empresa General Medical Solutions, previa a la autori­zación, suscrito por la doc­tora Mercedes Rodríguez Silver, viceministra admi­nistrativa y financiera, me­diante un proceso de com­pra dirigido a la adquisición de un producto exclusivo bajo la falsa afirmación que dicho proveedor tenía licen­cia exclusiva”, escribió la Procuraduría.

Un caso parecido ocurrió con el medicamento Recor­mon Vial Multidosis, cuyo contrato fue entregado a la mencionada compañía por un valor de 57 millones de pesos, a pesar de no ser la importadora autorizada pa­ra comercializar este pro­ducto en el país.

Otro aspecto subraya­do en la orden de allana­miento es que esta Gene­ral Medical Solutions tiene nueve procesos registrados en el Sistema de Informa­ción de la Gestión Financie­ra (SIGEF) que en total tie­nen un valor asignado de RD$213,375,462.

HECHOS La defensa de Danilo El exmandatario Danilo Medina defendió la inte­gridad de los exfuncio­narios que fueron apre­sados durante el fin de semana, que incluyen a su hermano y a Fredfdy Hidalgo, como parte de la denominada Opera­ción Anti Pulpo.

Durante una rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Medina deplo­ró que la manera en que fueron apresados los im­putados, expresando su indignación frente a la situación señalando que “es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera des­considerada”.