Procuraduría explica supuesto modus operandi de exministro de Salud Pública

La Procuraduría General de la República (PGR) detalló cómo supuestamente realizaba actividades ilícitas del exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, y sus vínculos con el hermano del expresidente de la República Danilo Medina, Alexis Medina.

Mediante esta información, pormenorizada en la orden de allanamiento en contra de Hidalgo, la PGR indicó que este exfuncionario aparentemente “benefició con pagos de miles de millones de pesos del Estado” a un conglomerado encabezado por Alexis Medina.

Asimismo, en dicho documento fue especificado que el pasado titular del Ministerio de Salud Pública autorizó estas transacciones aun conociendo que no solo rompían con el reglamento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sino que también no cumplía con los servicios contratados.

Sobre los alegados actos ilegales de Hidalgo, la Procuraduría lo acusa de quebrantar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, señalando a las compras de los kits preventivos para la Semana Santa del 2013.

Esta compra, según la PGR, generó dos órdenes a favor del grupo de Alexis Medina, una de RD$5,657,305 y otra de RD$12,752,997, que no estaban contempladas en el Plan Anual de Compras de ese año y que tampoco constituían una “urgencia” comprobable.

Similarmente resaltaron que estos pagos fueron consensuados junto con el también imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general, adjudicándolos a las empresas pertenecientes al grupo de Alexis Medina Domedical Supply y General Medical Solutions, pero que están suscritas a la exdirectora general de programas protegidos del Ministerio de Salud Pública, Olandra Fermín.

Por igual, Fermín le habría solicitado a Hidalgo que le conceda una resolución para otra compra, aunque tenía conocimiento de que en el decreto 608-12 le transfirió el poder adquisitivo de insumos médicos al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

A pesar de esto, Salud Pública emitió en marzo de 2013 una resolución declarando la compra pedida por Fermín como “urgente”.

Además, la PGR acusa de romper leyes a los imputados en el caso de generar más de 49 millones de pesos mediante estas maniobras ilegales.

“Esos antiguos funcionarios, hoy investigados, se prevalecieron del programa de medicamentos protegidos para infiltrar entre las compras de dicho programa ‘especial’ varias órdenes de compra por el monto total de RD$49,616,273.13 para ser usado en el operativo de la Semana Santa 2013”, leía parte del documento.