Vuelven a aflorar los conflictos en el PRD

SECRETARIO GENERAL ABOGA POR LA “INSTITUCIONALIDAD”

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Javier FloresSanto Domingo, RD

El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Junior Santos, expresó ayer que los dirigentes de ese partido deben de respetar la institucionalidad y los debidos procesos de esa organización al momento de solicitar y materializar algún pedimento de destitución de alguna de sus autoridades.

“Debemos defender y manejar la institucionalidad de las cosas, nosotros no podemos hablar en un momento que los políticos vamos a llegar a un gobierno y hablar de la institucionalidad del país si no defendemos y promovemos la institucionalidad partidaria, porque como se comportan los dirigentes en el partido, así mismo lo hacen cuando llegan”, dijo Santos a LISTÍN DIARIO.

Las declaraciones del también exalcalde de Los Alcarrizos se producen luego de que durante el fin de semana varios dirigentes de ese partido solicitaran mediante una rueda de prensa la renuncia de forma inmediata del presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado, por considerar que en los últimos 15 años no ha podido despegar ningún proyecto político.

“El PRD, al igual que el país, anda buscando una respuesta a la situación actual y más los partidos que no han sido beneficiados por el electorado nacional en los resultados, por eso debemos mantener la paciencia suficiente y la tolerancia suficiente para entender que los compañeros hagan solicitud de llamado. Nosotros lo que hacemos es un llamado a que hagan uso de los canales correspondientes”, agregó Santos mientras aseguraba que a la secretaria general del partido no ha llegado una instancia de manera oficial.

El exlegislador entiende que el siguiente paso que debe realizar ese partido es hacer una retrospectiva y una autoevaluación sobre las labores de varios dirigentes del partido en puestos públicos antes de exigir una renovación partidaria.

“Hoy exigimos cambios, exigimos renovación y pidiendo que gente renuncien o se echen a un lado, pero duramos cuatro años aliados al PLD y esos compañeros, sobre todo los que fueron funcionarios no tuvieron la delicadeza de convocar a los dirigentes de ese partido, ni a los directores provinciales y regionales ni siquiera a una visita de cortesía a las instituciones que ellos manejaban. Hoy salen de la posición y recurren a la presión mediática para solicitar cambios en el partido”, añadió Santos.

Dentro del grupo que exigió la renuncia de Vargas Maldonado, están Julio Mariñez, Víctor Gómez Casanova, Francisco Peña, Ramón Molina, Osvaldo Ramírez, Carlos Morel, Osiris Blanco, entre otros.

De su lado, el vicepresidente nacional del PRD, Héctor Guzmán, declaró que esa acción constituye un “absurdo” que no beneficia la institucionalidad de esa organización política.

“El orden institucional producto de la voluntad de los dirigentes y militantes de un partido, como son sus autoridades nacionales y locales, electas en convenciones pautadas como mandan las leyes y estatutos de un partido, jamás puede ser alterado por capricho de ningún dirigente. En el PRD todos los perredeístas, sin exclusión, lo que debemos hacer es impulsar un proceso de renovación, crecimiento y fortalecimiento del partido en armonía y unidad”, añadió el dirigente político.

Reporteros de este diario intentaron comunicarse con Gómez Casanova y Eduardo Jorge Pratz, quienes no han estado disponibles hasta el momento mientras el exalcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, rehusó hablar del tema.

En las pasadas elecciones presidenciales, el PRD solo se quedó con el 2.41 % de los votos, perdiendo la condición de “partido mayoritario” por primera vez, ya que se necesita al menos el 5%.

La ventaja principal de ser partido mayoritario es que según lo establecido en la legislación electoral, al momento de la distribución económica del Estado a los partidos políticos, el 80% del total de los fondos es repartido en partes iguales entre los que sacaron más del 5% por ciento de los votos.

Mientras que solo el 12 por ciento es que será distribuido en partes iguales entre los que hayan alcanzado más del uno por ciento y menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección, en el nivel presidencial.

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