Denuncian como irregulares los contratos del asfalto

El Ministerio de Obras Públicas no renovará los contratos para la adquisi­ción de cemento asfáltico AC-30, al estabelcer que estos se realizaban de for­ma irregular.

Al respecto, a partir de la fecha, estos serán ad­judicados mediante pro­cesos de licitación, como establecen las leyes, y en apego a los términos de competitividad e igualdad.

Esto fue informado ayer al país por Antoliano Pe­ralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecu­tivo; Roberto Herrera, vi­ceministro de Obras Pú­blicas, y Carlos Pimentel, director general de Com­pras y Contrataciones Pú­blicas, en una rueda de prensa el Palacio Nacional.

“Tradicionalmente, el negocio de AC-30, o ce­mento asfáltico, ha estado regulado mediante contra­tos que el Poder Ejecutivo considera inequitativos, en algunos casos ilegíti­mos, y hasta leoninos”, di­jo Peralta Romero.

Agregó que es decisión del Poder Ejecutivo dispo­ner que las contrataciones de ese producto estén “re­guladas mediante los prin­cipios de transparencia, equidad e igualdad”.

Carlos Pimentel manifestó que en los contratos someti­dos a análisis se observó que estos no contienen cláusulas para regular la vigencia, mo­dificación, terminación, re­solución, arbitraje, nulidad, sanciones y solución de con­troversias, lo que viola el ar­tículo 28 de la ley 340-06, por lo que Obras Públicas ponde­ra la posibilidad de terminar­los de manera unilateral.

Además, indicó, “se trata de contratos diferentes que no están vinculados unos con otros. Los contratos va­lidados por la pasada admi­nistración para la compra de asfalto, y que no serán renovados, se realizaron al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y apoyados en nor­mativas derogadas, usando una modalidad de adendas para mantenerse haciendo negocio con el Estado do­minicano en la venta de ce­mento asfáltico”, explicó.

Pimentel precisó que en lo adelante las empre­sas tendrán que concursar en licitación competitiva e igualdad de condiciones, donde participen todos los proveedores de ese pro­ducto, “de modo que to­dos tengan la oportunidad de participar y de esa forma dinamizar el comercio de AC-30” en el país”.

Destacó que la pasada gestión de Obras Públicas mantenía contratos con va­rias empresas para sumi­nistrar cemento asfáltico AC-30 o PG-76, a su ente­ra discreción, una práctica amparada en un supuesto motivo de excepción que permitía la contratación ex­clusiva, en violación de la citada ley y sus principios.

Roberto Herrera afir­mó, por su parte, que aun­que los contratos fueron registrados por la Contra­loría General de la Repú­blica, con vigencia desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2018, “en su contenido no se verifica que esto haya si­do convenido entre las par­tes, lo que conjuntamente con las demás omisiones señaladas, podría constituir una causa de invalidez del acuerdo, conforme a la cita­da disposición legal”.

Herrera no especificó la cantidad de empresas que mantenían modalidad de contratación, ni el monto en que se establecieron los pagos, pero detalló que los documentos no contienen cláusulas para regular su vigencia, modificación, ter­minación, resolución, san­ciones y controversias.