Van a investigar si hay legisladores proveedores Estado
Las autoridades tienen en la mira las contrataciones.
Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, informó ayer que esa institución se propone analizar la base de datos de los legisladores dominicanos, en una medida que pretende identificar a los ciudadanos que fungen como proveedores del Estado.
Hasta el momento, Contrataciones Públicas ha realizado un cruce de datos con alcaldes, regidores, igual que con informaciones de servidores públicos y funcionarios del Poder Judicial y, aunque algunos han solicitado su inhabilitación, muy pocos han cumplido con esto.
El funcionario se refirió a estos asuntos durante una entrevista para el programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, bajo la conducción del periodista Huchi Lora.
“Este proceso no termina, nosotros vamos a seguir cruzando la base de datos, y falta la de los legisladores”, declaró Pimentel.
Dijo también que este es un proceso que se está desarrollando “con mucho cuidado y atención”, y que mientras esto se produce “estamos probando y desarrollando sistemas y herramientas que nos permitan la alerta y detección temprana con tecnología”.
Como propósito de avanzar en los planes de Compras Contrataciones Públicas al respecto, Pimentel indicó que fueron enviadas comunicaciones a todos los funcionarios electos, además de darse a conocer públicamente.
Sobre esto les fue solicitado a los funcionarios que procedieran, voluntariamente, a la inhabilitación de sus registros como proveedores del Estado y que terminado el plazo de 30 días, que terminaba el 30 de septiembre, debían entonces haberlo hecho.
Mientras pasaba ese tiempo, la institución solicitó información al Poder Judicial, a la Junta Central Electoral (JCE), al Tribunal Superior Electoral y al Ministerio de la Administración Pública (MAP), con relación a los funcionarios designados.
La Dirección General de Contrataciones Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada por la ley 340-06 del 18 de agosto del 2006 y su Reglamento de Aplicación, promulgado mediante elecreto número 490-07.
Esta institución funge como órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios del Estado dominicano.