Abundan las denuncias de corrupción sin sometimientos
Llueven las denuncias. Al menos quince denuncias de casos de desfalco en instituciones de la administración pública han sido el centro de atención desde inicio de la presente gestión del presidente Abinader el 16 de agosto.
El país está en presencia de una ola de investigaciones de supuestos casos de corrupción en instituciones del Estado y muchos de ellos están en manos del Ministerio Público.
“Este Gobierno tendrá cero tolerancia con la corrupción”, “No habrá borrón ni cuenta nueva”, estas advertencias del presidente Luis Abinader han incitado a diferentes instituciones a denunciar los actos de corrupción que han encontrado en las entidades públicas.
Más de 15 estallidos sobre los actos de “corrupción” han sido el centro de atención desde el inicio de la nueva gestión. Sin embargo sólo hay uno que recibe constante seguimiento por la justicia dominicana: la compra de hormigón asfáltico por el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Hormigón asfáltico
Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas sugirió que las investigaciones relacionadas a la contratación de 11,500 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo en 2019 fueran investigadas.
A principio de septiembre Pimentel informó a este diario que los expedientes relacionados a las irregularidades en la compra de hormigón asfáltico serían llevados a la Procuraduría General de la República para profundizar sobre el acontecimiento que ha sido calificado como práctica de corrupción administrativa del pasado gobierno.
Luego de que fueron depositados los documentos se percataron que había vínculos con algunas compañías relacionadas a Gonzalo Castillo.
Referente al tema José Rijo Presbot, director de Presupuesto dijo el pasado mes que los contratos no fueron auditados y que no pasaron por la Contraloría General de la República, asegurando que es una “violación fragrante a la ley de control del sistema nacional de control interno”.
Caso Inaipi
El primer estallido de corrupción en estrenarse fue las supuestas alteraciones detectadas en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
Un día después de la juramentación del mandatario, la Fiscalía del Distrito Nacional dio conocer la reapertura a las investigaciones sobre las irregularidades INAIPI que se investigaban desde el mes de abril del presente año.
Berlinesa Franco, quien presidía la institución fue citada para interrogarla acerca de un proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos, el cual supuestamente estuvo cargado de irregularidades.
Hasta la fecha la fiscalía “analizan las pruebas y las informaciones suministradas” sobre la indagación que lleva a cabo con relación al caso.
Además, fueron interrogados la exencargada del Departamento de Compras, Maira Martínez de la Rosa, Elena Rosario del Departamento de Administración de la entidad, Elena Rosario y Eduardo Suero Poche del Departamento de Abastecimiento y Suministro.
Plan Social
Otro de los acontecimientos más sonados en el mes de agosto fue la desaparición fantasma de los discos duros de los ordenadores pertenecientes al Pan Social de la Presidencia.
El presidente Luis Abinader dijo que las computadoras de la institución presidida por Iris Guaba, no tenían ninguna información sobre inventarios, deudas, pagos y compras por, razón por la cual se abrió una investigación al respecto.
Luego de la especulación, Iris Guaba salió en defensa de la institución que dirigía en ese entonces, e informó que las informaciones estaban “resguardas en un centro de servidores con nube y en la página web de la entidad”.
Salud Pública
A parte de tener que lidiar con la crisis sanitaria por el Coronavirus a Plutarco Arias, nuevo ministro de Salud Pública le tocó informar sobre la suspensión de un empleado de esa institución luego de recibir varias denuncias de actos ilícitos sobre esa persona.
El implicado, que aún se desconoce su nombre, es acusado de tramitar empleos a cambios de dinero y las investigaciones están a cargos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que preside Milagro Ortiz Bosch.
La funcionaria acudió al lugar de los hechos y se llevó grabaciones, documentos y testimonios referentes a la investigación para los fines de lugar.
Visitas sorpresas
La semana pasada el Ministerio Administrativo denunció que fueron borrradas las informaciones de aproximadamente 2,500 proyectos iniciados durante las visitas sorpresa del pasado gobierno.
Denunció que encontraron irregularidades correspondiente a una cuenta interna que operó como caja chica con un monto de RD$400 millones destinados a uno de los proyectos de visitas sorpresas. José Jáquez, viceministro de la Presidencia, informó que realizan las indagatorias correspondientes para determinar “el destino de más de RD$50 mil millones, en proyectos que aun agotando el presupuesto establecido no han iniciado en la parte productiva”.
Se estima que la inversión comprometida del programa ronda los RD$64,000 millones
Promesecal
El dos de septiembre el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dio a conocer que la entidad llevaba a cabo una investigación sobre el caso de adquisición de medicamentos de la pasada gestión de Promese por RD$270 millones.
Pimentel detalló que las violaciones de los plazos vinculados a la Ley de Compras y Contrataciones y que fueron realizados durante el Emergencia.
Comedores económicos
Edgar Augusto Féliz Méndez, administrador general de Comedores Económicos, aseguró también que en dicha institución existe licitaciones irregulares entre suplidores y funcionarios, la cual catalogó como “mafia”.
“Es una mafia combinada no solamente con ese suplidor, sino también con empleados y funcionarios del propio Comedor Económico”.
Méndez detalló que los suplidores cotizan algunos tipos de productos con un peso determinado y luego entregan un insumo distinto o una cantidad menor.
Programas Quédate en Casa
“Quédate en casa”, el programa de ayuda por el Covid-19 iniciado en la gestión pasada también figuran en las irregularidades denunciadas por las autoridades entrantes.
Tony Peña Guaba, director de Políticas Sociales del Gobierno denunció que al menos 100 mil personas estaban recibiendo la ayuda sin calificar para la misma.
Las transacciones económicas supuestamente son pertenecientes al programa “Quédate en casa”, donde 101 743 reciben la ayuda económica sin estar dentro de los parámetros de la pobreza.
Omsa
Radhamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) aseguró que encontró la institución "totalmente descalabrada" y una masiva cantidad de gomas que no tienen donde ubicarlas productos de una licitación.
Señaló que encontró un total de 132 autobuses prestando servicios donde el establecimiento tiene capacidad para alrededor de 500 unidades, sin combustibles ni repuestos para los vehículos.
Indotel
Nelson Arroyo informó que encontraron una institución totalmente quebrada, con una nómina abultada y sin fondos para realizar los proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones que nos exige la Ley 153-98.
Fonper
La eliminación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) también fue por motivos de actos de corrupción. La entidad pasará los recursos que esta entidad recibe al sector salud, debido a los innumerables casos de corrupción que han salpicado a esa institución.
Consejo estatal de azúcar
Luego de varios escándalos de corrupción relacionada al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la institución fue fusionada con la Dirección de Bienes Nacionales por disposición de Luis Abinader.
En años anteriores se detectó que la entidad vendía los terrenos del Estado a personas particulares y como si fuera poco dotaba de títulos de la misma propiedad a diferentes personas, lo cual cobró victimas mortales en 2017.