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La Pepca desempolvará 326 expedientes de corrupción

Listín señala en su editorial que el caso de los expedientes “sólo se repara si los actuales jefes del Ministerio Público deciden investigarlos y someterlos al verdadero proceso”.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción.

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

El nuevo Ministerio Pú­blico, investido de plena libertad de actuar con in­dependencia, sólo obe­diente a la ley y la Cons­titución, remarcó ayer su norte de trabajo y deter­minación frente a 326 ex­pedientes de corrupción y otros ilicitos en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años, de­jando claro que se agota­rán todos los pasos hasta establecer responsabili­dades y castigos.

Con esto bajo compro­miso con el país, el titular de la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa (Pepca), Wilson Camacho, parece dejar una señal de que aquellos expedientes serán desem­polvados y luego esclare­cidos para limpiar hechos que han causado vergüen­za al país en los ámbitos local e internacional.

Más allá del volumen de páginas con expedien­tes, muchas con un grueso de casos de corrupción, la determinación de las auto­ridades abre nuevos capí­tulos en los que pretenden registrar una historia dife­rente en el contexto de la justicia, para adecentar su misión, algo que Camacho garantizó ayer cuando dijo se investigará todo para es­tablecer responsabilidades.

El funcionario se refirió a estos asuntos en respues­ta al editorial de la edición de ayer de Listín Diario, in­titulado “El almacén de la impunidad”, en el que cues­tiona el desempeño del mi­nisterio público, al haber mantenido “frisados” en sus archivos 326 expedientes desde hace 17 años.

El titular de la Pepca di­jo entender la preocupa­ción de este diario y del país frente a la impunidad.

Sin embargo, recordó que la nueva gestión del Mi­nisterio Público y todo el Consejo Superior dispuso una ampliación de los equi­pos del Pepca, así como de la Dirección de Investiga­ción que dirige Yeni Bereni­ce Reynoso.

En ese sentido, recordó que unos 40 fiscales tienen a su cargo la revisión de los casos y el seguimiento a to­das las denuncias relativas a la corrupción administra­tiva, en un esfuerzo conjun­to orientado a castigar ese delito.

Listín Diario sugiere que en aras de la transparencia que ha prometido fomen­tar este gobierno, “lo que cabría es dar a conocer al país el listado de esos expe­dientes para determinar su nivel de gravedad o daño a la cosa pública junto con la identidad de los compro­metidos”.

“Escamotear esos ex­pedientes por tantos años constituye una sombra y un lastre para la justicia”, apunta el editorial, agre­gando que “esto solo se re­para si los actuales jefes del ministerio público deciden investigarlos y someterlos al debido proceso, para no hacerse cómplices de tan funesta omisión”.

En una entrevistada para el programa Despierta con CDN, por el canal 37, l a pro­curadora German Brito dijo que las investigaciones con relación a los 326 casos de presuntos actos de corrup­ción que se encontraban en la Pepca se realizaban de manera selectiva “sobre qué investigaba y qué no”. Ad­virtio que en su gestión no se utilizará ese criterio, y que no sabía qué criterio utiliza­ba la Pepca para investigar estos casos.

INVESTIGACIONES Otros apuntes del editorial

Las selectivas Listín Diario señala que esta escandalosa reali­dad la ha sacado a la luz la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien también ha cuestionado que ese departamento, llamado a ser el brazo ejecutor primario en la lucha contra la corrup­ción, sólo se limitara a hacer “investigaciones selectivas” de tales expe­dientes.

Y agrega que “el solo hecho de esta acumu­lación injustificable de expedientes engaveta­dos es, en sí mismo, tan grave como el delito im­plícito en ellos, porque equivale a dar carta de impunidad a los infrac­tores, protegiéndolos de toda acción punitiva de la justicia”.

Plantea que se de a co­nocer la lista de los ex­pedientes para determi­nar su nivel de gravedad o daño a la cosa públi­ca y la identidad de los comprometidos.