La Procuraduría y un coro ensordecedor que pide cárcel a los corruptos
La Procuraduría General de la República será recordada en la gestión de Jean Alain Rodríguez como una de las más cuestionadas en la historia del órgano responsable de investigar y perseguir el crimen en la República Dominicana.
El Ministerio Público “es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos”.
La Procuraduría actual deja pendientes casos importantes que suelen tener en común la supuesta malversación millonaria de fondos públicos, la asociación de malhechores para cometer actos de corrupción, además de imputados que al principio de la investigación fueron sometidos a prisión preventiva y que, con el tiempo, la mayoría recobró la libertad bajo ciertas restricciones.
Uno de los casos de presuntas irregularidades, de los de mayor atención pública reciente, y por el cual todavía no hay nadie sometido, ocurrió en marzo de este año en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de una denuncia del empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado.
La institución realizó una licitación “fraudulenta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia, la cual dio como resultado siete funcionarios destituidos y la renuncia de directora de la institución, Berlinesa Franco.
En torno al caso, la Fiscalía interrogó a Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Beatriz Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot Duarte, director de Planificación y Desarrollo, y Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones.
Igualmente, el Ministerio Público sometió a interrogatorio a Maira Martínez de la Rosa, encargada de compras y contrataciones; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina de Jesús Pieter Santana, responsable de acceso a la Información Pública.
El caso de mayor resonancia pública sobre corrupción es el de Odebrecht, en vista de la admisión de la compañía brasileña de que pagó 92 millones en sobornos para hacerse de obras públicas en el país.
Pero también está el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que produjo la muerte del abogado Yuniol Ramírez en el año 2017.
Los Súper Tucano, la venta de Los Tres Brazos y la segunda parte de Odebrecht, con la búsqueda de los famosos codenomes, forman parte del tinglado de casos que esperan resolución.
La gestión de Jean Rodríguez también tiene la marca de las constantes denuncias públicas por supuestos amaños de los concursos para elegir a fiscales, y la remoción de piezas de carrera, experimentados por demás, como consignara en su informe sobre los Derechos Humanos el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El pasado 5 de julio por la noche, cuando ya Luis Abinader celebraba su victoria indiscutible en los comicios, hubo un coro que le interrumpió en varias ocasiones. El mandatario electo intentaba pronunciar su discurso pero el populacho hablaba fuerte y claro: “los queremos presos, los queremos presos”.
Luis Abinader no respondió el grito ensordecedor pero en los días siguientes reiteró la propuesta de Gobierno que más adeptos le generó: nombrar un procurador independiente, sin afiliación política alguna.
Sus más cercanos colaboradores, como Antoliano Peralta, su consultor jurídico, ha hablado de la necesidad de modificar la Constitución de la República para asegurar la independencia del Procurador, eliminando la potestad de ser designado por decreto y sacándolo del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se eligen a los jueces del país.
Su integración
El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, los procuradores adjuntos, los procuradores Generales de Corte de Apelación, los procuradores fiscales y los fiscalizadores.
Su órgano de gobierno es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus órganos operativos son la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, la Dirección General Administrativa del Ministerio Público y la Escuela Nacional del Ministerio Público.
El artículo 29, de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público establece como requisitos para ser designado Procurador General de la República, ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho, haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado.
Mientras que el artículo 31, establece que el Procurador General de la República contará con un máximo de catorce procuradores adjuntos, de los cuales la mitad será designada por el Presidente de la República entre juristas que cumplan los requisitos para ser Procurador General de la República.
La otra mitad será seleccionada por el Procurador General de la República entre los procuradores generales de Corte de Apelación que cumplan con los requisitos para ser sus adjuntos. Los procuradores adjuntos que provengan de la carrera del Ministerio Público ostentarán esta investidura por el tiempo que permanezca el Procurador General de la República que los seleccionó. Al cesar en estas funciones podrán ser reconfirmados por el Procurador General entrante o serán reubicados por el Consejo Superior del Ministerio Público conforme el escalafón u optarán por el retiro voluntario.
Nomina al mes de junio
De acuerdo al portal institucional de la Procuraduría General de la República, la nómina completa a junio 2020 de 8,424 empleados fijos, generó pagos por más de RD$327,928.4 millones.
Mientras que el personal que opera bajo contratos llegó a junio a 1,211 según se reporta en nómina de la entidad oficial y por lo cual se pagó un monto superior a los RD$35.8 millones, que a esa fecha representó el el 14.3% es de la nómina completa.
De acuerdo al portal institucional, un total RD$16.07 millones fueron a pagos del personal militar que a esa fecha representó el 17.5% de la nómina completa.
Conforme a certificación del mes de junio pasado, de la encargada del departamento de nóminas de la Procuraduría, Claribel Jiménez Rodríguez que se remite para fines de colocar en el portal de transparencia de la página web de institución, las informaciones de las nóminas del personal fijo, contratado, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en los archivos para el periodo de referencia.