El discurso íntegro de Salvador Jorge Blanco como presidente en 1982

Salvador Jorge Blanco

La ceremonia que celebramos en estos momentos no tiene precedentes en la historia nacional. Nunca había ocurrido en nuestro país que un Gobierno elegido libremente por voto directo y con participación plena de la oposición, traspasare el Poder a otro Gobierno de Naturaleza democrática similar y surgido de una consulta popular con características fundamentalmente idénticas y hasta superadas a las ya señaladas. Además, habría que agregar como dato histórico singular, que nuestro Gobierno recibe el Poder que el transmite un Gobierno surgido del esfuerzo del mismo Partido, habiendo nosotros salido triunfadores en una consulta electoral que se ha convertido en ejemplo de pulcritud, pues aunque el Gobierno que nos antecede se originó en nuestro propio Partido Revolucionario Dominicano, en ningún momento obtuvimos, ni tampoco solicitamos, los recursos gubernamentales o la fuerza del Poder, para favorecer nuestra elección.

Un reciente, trágico y doloroso suceso sirvió, sin embargo, para poner aún más de manifiesto la vocación democrática del pueblo dominicano, pues la sucesión presidencial se operó pacíficamente, en las manos de Licenciado Jacobo Majluta, quien ejerció cabalmente y a plenitud sus atribuciones constitucionales presidenciales hasta llegar a estos momento trascendentales con la feliz coincidencia de que, mediante el voto popular, ostenta, por su condición de Senador, la presidencia de esta histórica Asamblea Nacional.

Nunca como ahora le había tocado a un Presidente de la República, recibir el poder en medio de una crisis económica tan profunda y compleja, como por la que actualmente atraviesa el pueblo dominicano, consecuencia de los graves desaciertos del gobierno que hoy finaliza y de factores internacionales ajenos a la voluntad gubernamental. Estamos recibiendo el Estado dominicano en plena quiebra material y también moral. Sin embargo, nada de esto será óbice para ejercer el Poder, anteponiendo los intereses nacionales a los intereses del Partido, de grupos y de individuos. Nosotros hemos llegado a la presidencia para poner en juego nuestra vocación de servicio frente a toda la colectividad nacional; no para servirnos, en modo alguno, de la alta posición en que el pueblo, libérrimamente, nos han ubicado. Reiteramos hoy, una vez más, que no tenemos tendencias partidarias, que no formaremos ni promoveremos la formación de grupos políticos, ni dentro ni fuera de nuestro propio partido. Y que, de igual manera, no trataremos de reelegirnos.

No se escapa a nuestro entendimiento que al hablar con la franqueza que lo hacemos, nuestro Poder político corre el riesgo de sufrir mengua, al abstenernos voluntariamente de ejercer de lo que pudiera ser nuestra fuerza regateadora, negociadora o decisoria, en asuntos propios del ámbito interno de nuestro Partido, o, en algunos casos de mayor relevancia, concernientes a los que habrá de ocurrir en los próximos periodos presidenciales. Sin embargo, afrontamos conscientemente ese riesgo, porque al no participar en querellas partidaristas, mientras seamos Presidente de la República, somos coherentes con el postulado de que todo presidente, como estadista, tiene que ser ente de moderación y no de participación militante en la vida interna del Partido que le sirve como sustentador del Poder.

Además, al mantener el principio de la no reelección presidencial, la posible disminución de Poder político que suframos se verá más que compensada por un aumento ilimitado en una fuerza que es superior al poder político: la fuerza moral. Esta, magnificada, es el mayor activo con que vamos a contar, para con ella poder lograr, dentro de la filosofía básica del Gobierno de concentración Nacional que hoy se inicia, un consenso nacional en torno a las heroicas medidas de todo tipo que necesariamente habremos de adoptar, frente a la situación económica.

Todos los ciudadanos que siguen forma más o menos estrecha el comportamiento económico de la Nación, están conscientes, sin ser alarmistas, que el país está en una bancarrota económica y financiera, caracterizada por una virtual cesación de pagos, con grandes déficits presupuestarios en el Gobierno Central y en todas las instituciones autónomas del Estado, que impiden acometer los puntos básicos y fundamentales con que dar inicio a la solución de nuestros problemas económicos y sociales. Nosotros, pacientemente, hemos venido delineando las medidas correcticas que, a nuestro juicio, y al de los asesores, evitarían que sigamos enrumbándonos por los derroteros que nos conducirían inexorablemente a una quiebra económica irreparable. Por ello, urge la recuperación económica del país, para salir de la bancarrota en que nos encontramos. Esta crisis que padecemos será superada con el gran esfuerzo y con el sacrifico de todos los dominicanos, especialmente el de sus clases económicamente pudientes, ya que la eficacia práctica de las medidas delineadas por nosotros dependerá, en primera instancia, de que los distintos sectores de la vida nacional las hagan suyas y se conviertan en firmes promotores de su aplicación y ejecución.

Los signos de estos tiempos indican que la etapa de las medidas simpáticas quedó atrás. El caos económico del país solamente podrá desaparecer si se aplican en todos los niveles, providencias basadas en la austeridad y en la moralización de la vida dominicana. El pueblo al darnos su voto, votó en favor de la moralidad y la austeridad, pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno. Consecuentemente, ese pueblo verá a partir de hoy austeridad y moralidad en la administración de la cosa pública.

No exageremos al decir que se nos entrega la Nación en su peor crisis económica en cincuenta años, y que nunca le había tocado a un Presidente de la República, ascender al Poder en medio de una crisis económica de tanta profundidad y de un alcance tan amplio, como la que hoy nos golpea. Las cifras y los números no solamente son elocuentes y significativos sino también dolorosos. Veamos: Debido a la baja en las exportaciones, por cada tres dólares que ingresaron el año pasado al Banco Central, este año solo ingresarán dos dólares. Los pagos atrasados en dólares, cubriendo importaciones realizadas durante el gobierno saliente, sobrepasan los US$370 millones de dólares. Es decir, que mientras los derechos de aduanas y el usufructo de lo ya importado correspondían al gobierno anterior, al nuestro le tocará pagar esa deuda en dólares, incluyendo sus intereses, deuda que representa hasta once meses de importaciones bajo cartas de crédito y hasta catorce meses bajo cobranzas. La serva monetaria bruta, por primera vez en nuestra historia, está en tinta roja. Se nos entrega una economía a la cual los acreedores extranjeros rehúsan seguirle prestando. Los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa en este año, asciende a US$458 millones de dólares. El déficit de la balanza de pagos se proyecta a niveles insostenibles superiores a los US$440 millones de dólares. En fin, se nos entrega una economía, sin reservas, con deudas millonarias vencidas y con sus acreedores en una actitud de no prestar más.

En las finanzas internas, se proyectan déficits del presupuesto del Gobierno Central de RD$166 millones de pesos este año, de cuya suma RD$109 millones de pesos ya se cumplieron como déficits al día de hoy. En los ingenios estatales se prevén pérdidas de RD$80 millones de pesos, en las empresas CORDE RD$21 millones de pesos, en la Corporación de Electricidad RD$88 millones de pesos y en el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) RD$13 millones de pesos. En total, se prevé que el déficit gubernamental, incluyendo las corporaciones autónomas, asciende este año a casi RD$400 millones de pesos, financiado esencialmente a través de emisión inorgánica de dinero.

¿De quién es la culpa de todo esto? Es cierto que sufrimos este año un violento deterioro en los términos de intercambio. Mientras en 1974 con 1,000 libras de azúcar podríamos comprar doce barriles de petróleo, hoy día apenas podemos pagar cuatro barriles. Absolutamente todos nuestros principales productos de exportación han visto sus precios reducidos este año y el azúcar la vendemos a los extranjeros a la mitad de su costo de producción.

De nuestras tres minas de exportación, dos cerraron este año. Somos víctimas de factores fuera de nuestro control, inducidos por el proteccionismo europeo y norteamericano y el déficit presupuestal de ese último país, que mantiene exageradamente altas las tasas internacionales de intereses. Los países de la OPEP no han logrado, con su nueva fuerza política, en el dialogo Norte-Sur, garantizar a los países del Tercer Mundo precios rentables para nuestras exportaciones a través de las cuales pagarles el alto precio de su petróleo. Precisamente los déficits del Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Electricidad, reflejan los bajos previos internacionales del azúcar y los altos precios del petróleo.

Pero también nosotros tenemos parte de culpa en esta situación. Hace más de año y medio que dominicanos responsables advirtieron públicamente que había que tomar medidas para afrontar la crisis y preferimos esperar, para traspasar la responsabilidad de las decisiones al nuevo gobierno, cuando esa espera lo que ha provocado es que las soluciones sean ahora más penosas y las alternativas más reducidas. Los costos de producción de los ingenios estatales subieron de diez centavos a 19 centavos por libra, en los dos años comprendidos entre 1979 y 1981. Las nóminas del gobierno ascendieron de 126,695 personas en 1977, a 187,166 personas en 1980, o sea, un aumento de 60,468 personas, un 48% en apenas tres años.

Sin embargo, los empleados de la administración pública pueden tener la completa seguridad de que las medidas de austeridad que implantaremos, están encaminadas a reducir sueldos y a producir despidos que aumentarían la ola de desocupados que existe en todo el país. Al mismo tiempo, las variaciones o cambios en los nombramientos solamente tendrán la significación olítica que normalmente se produce en cualquier parte de mundo, con el nacimiento de un nuevo gobierno. Nadie será molestado en la administración pública, ni en las funciones de la burocracia ordinaria, no importa sus acciones políticas, si su actuación se ha desenvuelto dentro de los cánones de competencia, moralidad y eficacia.

Esta crisis es una oportunidad para redefinir nuestros objetivos económicos como Nación, para vernos nosotros mismos en un espejo y decirnos si estamos o no conformes con nuestra propia imagen, para establecer firmemente nuestras prioridades, para reducir o hacer desaparecer distorsiones, ineficiencias y privilegios, todo esto a pesar de los constreñimientos que nos impone el resto del mundo y que están sintiendo absolutamente en todos los países hermanos del Caribe.

Este país no genera las divisas de antes y no podemos seguir gastando lo que no tenemos. Nos hemos acostumbrado a enriquecer a campesinos extranjeros, pagando comida importada con nuestras escasas divisas, porque la producción no es suficiente. Advertimos, sin mebargo, que si nos producimos, de ahora en adelante, suficiente arroz, comeremos más víveres criollos porque , a partir de hoy, daremos los pasos tendentes a prohibir la importación de arroz. Si no producimos suficientes frijoles, comeremos guandules, pues también queda terminantemente prohibida la importación de frijoles, al igual que la importación de carne de pollo y de carne de cerdo. La importación de leche en polvo será restringida para que desaparezca a más tardar en cuatro años. En términos generales, casi todo lo importado costará algo más caro, para que los dominicanos prefiramos consumir lo que producimos. Solo se exceptuarán de esta medida los pocos artículos extranjeros que consumen los más pobres de nuestra nación. Claro está, que los mecanismos de control de calidad tendrán que ser eficientes y estrictos.

Ante esta crisis, urge la toma inmediata de decisiones. Por eso, sin pérdida de tiempo, estamos depositando en el Congreso Nacional varios proyectos de leyes en el campo económico que ayudarán a enfrentar la presente crisis. Llegó la hora en que los dominicanos que más tienen, paguen más impuestos a la Nación. Proponemos un impuesto anual, para que los dueños de solares y casas en nuestras ciudades, retornen al Estado, a través de ese impuesto, parte del beneficio que, sin esfuerzo alguno, reciben, al aumentar, continuamente, el valor de su propiedad gracias a las calles y avenidas que se construyen con recursos de la Nación. Asimismo sometemos un proyecto de ley por medio del cual, cuando se venda o transfiera con beneficios, una propiedad rural o urbana, una pequeña parte de esa plusvalía sea entregada como impuesto al Estado. Estos impuestos a la propiedad y a la ganancia en la venta de propiedades, existen en la mayoría de todos los países del mundo y su ausencia dentro de nuestro sistema tributario carece de justificación valedera.

En el campo del impuesto sobre la renta, estamos sometiendo dos proyectos de ley que reducen los medios de escape del pago de dicho impuesto, porque parte de los grupos más pudientes, al establecerse topes a las deducciones globales y específicas en el impuesto a pagar y establecerse aumentos en varias escalas en algunas categorías de dicho impuesto. También estamos sometiendo un proyecto de ley de placas de automóviles para hacer más costoso el uso de vehículos de lujo y de alto consumo de combustible.

Estamos obligados a consumir menos productos importados, porque sencillamente no tenemos las divisas, oficiales o propias, con que pagarlas y un país no puede seguir aumentando su deuda externa para poder mantener un patrón de consumo de artículos extranjeros por encima de su condición de país pobre. En consecuencia, estamos sometiendo un proyecto de ley por medio del cual se establece un impuesto adicional, temporal, de 10% a casi todas las importaciones que realice el país, así como la obligación del pre-pago de los impuestos de importación, amparando un listado de artículos de lujo.

Como se ve, ninguno de los impuestos propuestos gravan a los pobre del país y estos impuestos son necesarios para disminuir el gran déficit presupuestal que nuestro gobierno ha heredado.

El momento, repetimos, es de gran austeridad, pero de austeridad compartida. En consecuencia, permítanos el Presidente de esta Asamblea Nacional hacer llegar a las manos del Honorable Vicepresidente de la misma, en su condición de Presidente de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley por medio del cual se congelan, durante un año, todos los salarios en el país, tanto del sector privado como del sector público. Pero como esa austeridad para que sea justa y defendible, tiene que ser compartida por todos los grupos sociales, tanto por los representantes del capital como por los del trabajo, ese mismo proyecta congela también, durante ese mismo año, los dividendos de todas las empresas del país, y además, aumenta la participación de los obreros en las utilidades de las empresas. Finalmente, el proyecto establece que, una vez convertido en ley, el Poder Ejecutivo congelará los precios de los principales productos de primera necesidad, para que los niveles de salarios, así congelados, no pierdan su valor de compra , a través de los aumentos en los precios de los artículos que consumen los más necesitados de este país. Como se notará, el proyecto afecta, en forma justa y equitativa, tanto al se notará, el proyecto afecta, en forma justa y equitativa, tanto al empresario como al obrero y no puede ser de otra forma, si es que en el país queremos justicia social, paz y tranquilidad. Pero como no solo tenemos que tomar medidas de austeridad sino también crear nuevos empleos, sometemos un proyecto de ley en ese sentido. El mismo crea las condiciones para que el capital nacional invierta en fábricas en las zonas francas del país, que tanto empleo general con tan poca inversión, al tiempo que elimina privilegios irritantes, al uniformar los niveles de exoneración dentro y fuera de la Ley 299 de

Incentivo industrial, de forma tal que una misma materia prima industrial pague el mismo valor impuesto de aduanas, no importa quién sea que efectúe dicha importación. Ademas crea reducciones en el pago del Impuesto sobre la Renta para aquellas fábricas que aumenten el número de sus obreros, por encima de los niveles existentes al día de hoy.

Durante los próximos diez días, dictaremos una serie de importantes decretos tendentes a enfrentar la crisis económica y a crear las condiciones de moralidad administrativa que el país pide a gritos, al tiempo que estimularemos las inversiones hacia áreas prioritarias.

Por otra parte, se nos entrega un Banco Central sin divisas con que enfrentar los fuertes pagos que vencen dentro de 20 días. Todo el país debe tener mucha conciencia sobre eso. Es cierto que se nos entregan sumas millonarias sin gastar, acumuladas bajo el Acuerdo de San José, que otorga financiamiento a nuestras importaciones de petróleo, pero también es cierto que los dólares ahorrados bajo ese préstamo ya fueron gastaos por la administración saliente. Lo que nos han dejado son pesos dominicanos, generados por esos dólares, pero que cuando comiencen a gastarse, tendrán el mismo efecto económico que los pesos inorgánicos.

Sin embargo, una osa si aseguramos al pueblo dominicano: a pesar de la situación cambiaria verdaderamente calamitosa que se nos ha entregado, nuestro gobierno no someterá a este Congreso nacional proyecto de ley alguno devaluando nuestra moneda, cuya paridad está consagrada en la Ley Monetaria.

Todo por el contrario, tan pronto nos llegue la solicitud de la Junta Monetaria, someteremos al Congreso propuestas tendentes a que los dominicanos ausentes puedan traer sus ahorros al país sin riesgo para ellos, aplicándose dichos recursos para la construcción de viviendas. Sugeriremos, además, que sean elevadas las tasas de interés que se pagan en este país a todo los ahorrante para, de esa forma, que se pagan intereses más altos. Elevaremos la confianza de los empresarios y de los ahorrantes en nuestra maltrecha economía, al disminuir los déficits del sector público, reduciendo así la malsana emisión de los pesos inorgánicos con sus consecuentes presiones sobre la inflación y la prima del mercado paralelo.

En el sector público el énfasis será en menos gastos corrientes y por lo tanto más inversión, resultando esto más empleos y la dinamización de nuestra economía, dirigiéndose el circulante hacia fines reproductivos y no escapándose en importaciones que finalmente encarece las divisas y tienen fuerte incidencia negativa en nuestra balanza de pagos.

A la luz de esta situación, en el curso de las próximas horas, mediante decreto, reduciremos los sueldos de todos los servidores públicos con salarios superiores a RD$375, comenzando con y castigando proporcionalmente más, el sueldo mensual del propio Presidente de la República, el cual se reduce de RD$ 5,000 a RD$ 3,000, es decir, una disminución de un 40%. Además, nadie en la administración pública, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, podrá ganar más que el propio Presidente.

Es importante señalar que el pan de austeridad tiene un carácter limitado, hasta tanto nuestra economía se recupere y sea reestructurada.

Con relación a la intervención del Estado en la comercialización de los productos de origen agropecuario, nuestro gobierno profundizaré la acción institucional del Instituto de Estabilización de Precios, reorientando sus actividades operacionales hacia el apoyo a la producción nacional y garantizando precios rentables al cosechero, producción nacional y garantizando precios rentables al cosechero, abandonando progresivamente la importación masiva de bienes agrícolas. Este Instituto está en bancarrota, habiendo consumido prácticamente todo su capital, por lo que no se compadeció con esta situación la reactivación irracional de las ventas populares a partir del 22 de julio pasado.

A partir de los próximos días, las ventas populares del INESPRE serán dirigidas y organizadas bajo la acción de un programa de distribución planificado sobre criterios racionales de administración y ejecutado con verdadero sentido de justicia social, llegando los beneficios de este programa a los sectores de menos ingresos.

A las grandes enfermedades, grandes remedios, decían nuestros abuelos. El momento exige de cada dominicano una cuota de sacrificio. Quienes no trabajan, nada tienen que dar. Quienes tienen salarios o entradas módicas, tampoco pueden dar nada. Por tanto, la austeridad, que implica un cinturón de sacrificios, tiene que provenir de todas las clases pudientes del país. Por culpa de anteriores administraciones pagaremos justos por pecadores, pues sufriremos las consecuencias de la desastrosa forma en que ha ido administrado el patrimonio público en el aparato gubernamental y acentuándose esa descomposición en el periodo post-electoral que hoy termina, durante el cual los bienes del estado han estado expuestos, más que nunca, a la voracidad de los administradores, celadores y guardianes del erario público, a través de contratos y acuerdos precipitados, sustracción de equipos y materias primas, transferencias de vehículos, pagos anticipados, la prórroga de plazos para que estos caigan en el curso de la gestión gubernamental que se inicia en estos sagrados momentos, las extensiones privilegiadas y acomodadas, los aumentos de salarios y las designaciones y nombramientos en paquetes. Todo esto, semejando un gran festival, como si estuviéremos en los días finales de Roma. Hubo serios intentos del Licenciado Jacobo Majluta Azar, para enfrentarse a ese dislocamiento del aparato burocrático de la Nación.

La economía pública dominicana depende de las tres G: El Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y la Corporación Dominicana de Electricida. Las tres también están prácticamente en quiebra. El Consejo Estatal del Azúcar ha tenido que diferir el pago de su deuda externa, que asciende a 60 millones de dólares, con el resultado de que gran parte de los ingresos de la próxima zafra tendrán que dedicarse a pagar deudas de la zafra que recién terminó. Esos ingenios piden a gritos su rehabilitación y sus campos mugen como sus propios bueyes pidiendo mejor suerte. Huelga decir que las comunidades en torno a los ingenios y sus bateyes, destilan una miseria que no se compadece con la riqueza que ha salido de sus entrañas.

De las 35 empresas originales donde era accionista mayoritaria la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, diez han desaparecido y cuatro se encuentran fuera del mercado. De las 21 restantes, catorce están técnicamente quebradas, quedando sólo siete empresas solventes. Tienen esta Corporación y sus empresas un pasivo de RD$ 142 millones de pesos, que corresponden a compromisos internacionales y a deudas internas; su capital prácticamente ha desaparecido por lo que no tienen tampoco capital de trabajo, pero sí na empleomanía ávida, que agota sus precarios recursos.

Por último la Corporación Dominicana de Electricidad vive los días más oscuros de su historia. Agobiada por un fuerte pasivo, con cobros que no satisfacen los egresos, con intereses cuantiosos, necesita continuamente la mano generosa del Estado Dominicano. Pero ya esa mano está agotada, y las importaciones de petróleo, mes por mes, se convierten en permanente crisis con distintos matices que van desde apagones hasta la paralización de sus proyectos de expansión. Lo más sencillo sería que todos pagaremos el costo de la luz que consumimos, pero se rehusa hasta hoy pagar esa luz, que constituye el símbolo de la redención del pueblo dominicano, al romper con la oscuridad que aprisiona nuestros campos y nuestros barrios marginados. Será necesario que todos paguemos la luz a tiempo, pero comenzando con el Estado mismo, sus corporaciones y sus empresas, quienes deberán dar el ejemplo para que contemos con fuerza moral suficiente para cobrar a la ciudadanía.

Para enfrentar con éxito la grave situación económica y ante la falta de recursos, se requiere la utilización de las energías dormidas de la ciudadanía. Grupos voluntarios serán formados para alfabetizar a nuestros iletrados y curar a nuestros enfermos y para contribuir viviendas a los desamparados. Invitamos a todos los hombres, mujeres y jóvenes, sin distinción, a participar en todas estas labores y otras semejantes que tiendan a revelar, cada vez más, las fuerzas inagotables de nuestro pueblo y de lo que somos capaces de hacer, sin recursos, pero con mística, en nuestro peor momento económico.

Próximamente someteremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Secretaría de Estado de Bienestar Social. Su objetivo esencial es el de mejorar las condiciones sociales de los dominicanos más pobres y de más bajo nivel de educación. Al incorporarse bajo esa dependencia todos los organismos, hoy dispersos, que buscan la promoción social, la institucionalidad de la familia, la protección a los trabajadores, a la vejez, y a los minusválidos, esos esfuerzos hoy aislados, con mística renovadora, harán que, como Nación, nos sintamos menos avergonzados de la forma en que vive esa parte de nuestra población. Sin embargo, en lo que aprueba dicha ley, crearemos por Decreto la Dirección de Promoción de la Mujer, dependiente de Despacho de la Presidencia.

Indudablemente que nuestra recuperación financiera deberá estar basada en los tres pilares de la austeridad, la moralidad y la mística.

Sin embargo, dentro de ese ámbito de sacrificio colectivo, pero ladeado a favor de los menos pudientes, será necesario tomar medidas que estimulen el empleo y la inversión privada.

Nos viene a la mente el discurso inaugural del Presidente Roosevelt, asomándose ante la peor crisis que experimentó el capitalismo moderno, la gran depresión de los años 30, cuando señaló que el éxito para vencer aquella gran calamidad se podía resumir en tres palabras: “Acción, confianza y autoridad”.

Acción, porque a diferencia de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, hay que poner a este país a trabajar. Contamos con una gran reserva de hombres y mujeres con deseos de producir, de ganarse honradamente el pan diario de su familia, además de los recursos naturales con los cuales Dios nos ha bendecido. Así pues, tenemos a mano las herramientas más importantes para nuestro desarrollo, necesitamos solo el liderazgo político que organice adecuadamente estas potencialidades, que aúne las voluntades en el esfuerzo de trabajo, y más trabajo, que clama la República.

En nuestro medio, la falta de acción se materializa en la indiferencia de los funcionarios públicos, y hasta de los privados, en tomar las decisiones más elementales, en obstaculizar con un criterio burocrático exagerado la ejecución de importantes proyectos de desarrollo, imprimiendo una extraordinaria lentitud a su procesamiento, aprobación y ejecución.

Confianza, definida como un compromiso, de los sectores empresariales y sindicales influyentes en la actividad económica, con el Gobierno, que se manifieste en un consenso que cumpla con tres condiciones:

El afianzamiento de principios básicos en la conducta moral de la sociedad. Como dice un viejo proverbio, “no se puede caminar derecho cuando el camino está torcido”.

La estabilidad del sistema democrático y la consolidación de sus instituciones, todo lo cual se traduce en la libertad de acción de la empresa privada y de los sindicatos.

La estabilidad y seguridad de la inversión y la existencia de posibilidades de obtener una rentabilidad que corresponda con los riesgos inherentes a una determinada actividad económica.

Confianza significa reglas de juego claras, consistentes y flexibles, para enmarcar el desenvolvimiento económico y social, definiendo y orientando a la Nación en cuanto a los objetivos del Estado. Damos seguridad absoluta de que el Gobierno de Concentración Nacional estas reglas serán establecidas, respetadas y defendidas y predominará el imperio de la ley y la razón.

Autoridad, porque ante todo tenemos que disciplinarnos, acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos y aprovechar al máximo nuestros recursos, en forma de austeridad y racional, compartiendo nuestras riquezas, para beneficio de las grandes mayorías. No podemos seguir persiguiendo nuestros intereses individuales, sin que nadie vele por el interés común.

Esta autoridad, netamente moral, proviene del ejemplo que debe irradiar de las más altas esferas de nuestra sociedad, para motivar a todos hacia el trabajo honesto y productivo y alejarnos de la corrupción y el dispendio que ha caracterizado nuestra vida republicana durante los últimos 50 años.

Por sí solas, estas acciones deberán ser una condición suficiente para estimular al sector privado nacional y lograr el respaldo y esfuerzos, para que, conjuntamente con todos los otros sectores de la vida dominicana, nos embarquemos en la gran tarea de la reconstrucción nacional. Pero vamos más lejos, nuestros planes en el futuro inmediato contemplan oportunidades concertar para la iniciativa privada, con el objetivo de incrementar el empleo, la producción exportable, para incentivar la inversión en los sectores reproductivos y, sobre todo, el turismo, con el fin de impulsar la industria de la construcción. Iniciamos un programa a nivel nacional de RD$90 millones en préstamos para construir 5,000 viviendas, a desembolsarse desde mañana y finalizando el 27 de febrero próximo, en base a garantizar recursos a las Asociación de Ahorros y Préstamos y a la banca hipotecaria de la construcción, para que se embarquen en ese plan masivo de construcciones, sin precedentes en nuestra historia. El Instituto Nacional de la Vivienda, por su lado, iniciará otro programa, básicamente en las regiones del país donde los grupos privados antes mencionados presten menos, para que así exista una equitativa distribución geográfica de los nuevos empleos, estimados en la impresionante cifra de 40,000 nuevas plazas de trabajo. Con este programa damos cumplimiento a una de nuestras principales promesas durante la pasada campaña electoral. De igual manera haremos con la República Agraria y los asentamientos campesinos en sus distintas modalidades.

Las exportaciones serán también impulsadas por el nuevo gobierno, porque solo a través de la producción exportable lograremos subsanar el cuello de botella para nuestro desarrollo representando por el aguda falta de divisas. Daremos instrucciones inmediatas al Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, con el objeto de eliminar restricciones y prohibiciones a las exportaciones y agilizar al máximo la concesión de incentivos bajo la legislación vigente. Nos adentramos en un acelerado programa de exploración minera, estimulando la prospección tanto de parte de la inversión privada como del Estado. Además podremos en vigencia esta semana, el reglamento que hace operativa la ley de incentivo agroindustrial.

Con excepción que aquellos productos de primera necesidad, cuya congelación de precios sea estrictamente necesaria para asegurar la subsistencia de nuestra población de más bajos recursos, nuestra política económica estará dirigida a lograr la racionalidad en los precios, asegurando un reflejo adecuado de los costos económicos, pero evitando las fluctuaciones erráticas y la especulación.

Aunque reconocemos que frente a la difícil situación que vive el país, se hace necesario ejecutar un amplio programa de disciplina económica, encaminada a reducir o equilibrar las fuertes contradicciones y desequilibrios de orden interno y externo, también es indispensable que esta política de saneamiento vaya acompañada de un conjunto de medidas políticas de viviendas, el agropecuario, el industrial y el sector exportador. No basta con corregir los desequilibrios internos y los graves déficits de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, aunque estas metas, por supuesto, son parte vital de nuestro programa, sino también hay que enderezar la política fiscal y monetaria para que sirva de estímulo al ahorro nacional y para que coadyuve a implementar un amplio programa de inversiones productivas del sector público y particularmente del sector privado nacional.

Esta política de reorientación económica estará basad fundamentalmente en el esfuerzo, económico interno y en la armonización plena de la política fiscal, monetaria y cambiaria de la Nación. Dicha política enfatizará la necesidad de canalizar cada vez más recursos hacia nuevas inversiones, que además de aumentar la capacidad productiva de la Nación, también servirán para incentivar al sector privado, para crear nuevas fuentes de empleos y aumentar las exportaciones del país.

Indudablemente, dentro de este énfasis en la política económica hacia el aumento de la producción y el desarrollo de nuestras fuerzas hacia el aumento de la producción y el desarrollo de nuestras fuerzas económicas y sociales, reorientaremos la composición y el destino del gasto público, para que todo ahorro en los gastos, más el aumento de los ingresos tributarios, se orienten fundamentalmente hacia la implementación de un vigoroso programa de obras públicas de alto beneficio económico y social para el país. Este cambio en la composición del presupuesto significará economías en los gastos, pero aumentos crecientes en las inversiones productivas en infraestructura y viviendas, para que sirvan, a su vez, de estímulo al sector privado y de generación de nuevas inversiones y empleos. En resumen, proponemos como objetivo de política económica, que la austeridad en el gasto público se convierte en incremento de las inversiones en obras productivas de desarrollo.

Dentro de esta política económica se identifican como objetivos principales la necesidad de acelerar la tasa de crecimiento de nuestra economía, de fomentar nuevamente el ahorro del Gobierno Central y principalmente del sector privado, de incrementar las inversiones en nuevos proyectos en el campo agropecuario en la construcción de viviendas y en la exportación, para encaminar todas las fuerzas productivas del país hacia el mejoramiento del bienestar social de la colectividad. Es decir, si bien comprendemos que a muy corto plazo tendremos que controlar las fuertes desequilibrios y excesos tiene nuestra economía en todos los órdenes, también comprendemos que esta política de saneamiento y de rehabilitación del sector público tiene que ir acompañada de un conjunto de medidas positivas y de objetivos de crecimiento y de implementación de proyectos específicos, tanto del sector público como privado, para así acelerar el desarrollo económico y social de la Nación.

En este orden, se está contemplando crear un Fondo Nacional de Financiamiento a las Exportaciones, adscrito al Fondo FIDE, para canalizarlo a través de las intermediarias financiarías, que sirva de brazo crediticio para desarrollar proyectos con fines de exportación. Este Fondo el Financiamiento de las Exportaciones brindará el apoyo necesario al sector exportador, para que junto a la Ley No. 69 de Fomento e Incentivo de las Exportaciones, se tenga la estructura legal y crediticia necesarias para reactivar y fomentar realmente los renglones no tradicionales de nuestras exportaciones. El fomento de las exportaciones será uno de los objetivos más importantes dentro de nuestra política económica.

Los sectores ganadero y agrícola también recibirán un fuerte apoyo para que aumenten a corto plazo sus inversiones y su producción, a través de nuevos y más agiles programas de crédito en el Banco Agrícola y en el Fondo FIDE del Banco Central. Dentro de esta política económica se le brindará protección especial y apoyo para que se implementen planes específicos para lograr aumentar la productividad por área cultivable y la producción agropecuaria., tanto para consumo interno como para exportación. Proponemos, y así daremos instrucciones, para que se cree un Programa Especial de Seguros al Crédito Agrícola y Ganadero, en aras de que el financiamiento privado pueda llegar a las nuevas promociones de empresarios agrícolas y a los pequeños agricultores y ganaderos. El Seguro al Crédito Agrícola y Ganadero debe convertirse en un instrumento eficaz de brindar oportunidades a los pequeños y medianos empresarios del campo, y así llevar a la realidad la filosofía de democracia económica de nuestro Programa de Gobierno.

Los ilustres visitantes que hoy nos acompañan indudablemente coincidirán con nosotros en admitir que nuestro clima, nuestras playas, nuestra ubicación geográfica, y la seguridad que ofrece al visitante extranjero nuestra democracia, son todos factores que apuntan hacia un vigoroso desarrollo turístico en nuestro país. Dicho sector contará con todo nuestro apoyo pues representa un potencial extraordinario.

El turismo junto con las zonas francas, las agroindustrias y la minería, representan las cuatro áreas de mayor potencial de ingresos de divisas para el país. Por coincidencia, son también cuatro sectores donde la inversión privada extranjera puede y debe de jugar un pale de relevancia. En consecuencia, nuestro gobierno tomará las providencias de lugar para orientar y estimular esa inversión hacia esos sectores.

Pilar de Gobierno que se inicia hoy es el de la lucha contra la corrupción administrativa y gubernamental en sus distintos niveles y manifestaciones. Para ello contamos con toda la ciudadanía. Pero no puede ésta constituirse en una cacería de brujas en la cual los justos paguen culpas de los pecadores. Las voces responsables de la Conferencia del Episcopado Dominicano se unen a las fuerzas que propugnan por sancionar a los corruptos, cuando en la carta pastoral de hace seis días expresan: “La Administración Pública debe ser sometida a una continua y eficaz vigilancia y los ‘los corruptos’ deben ser llevados, sin contemplaciones, a la Justicia Pública y ejemplarmente castigados”.

El Gobierno pasado, que encabezó su titular originario, a medida que se aproximaba el periodo de su terminación, se fue haciendo más corruptible, emparentándose visiblemente con el que le correspondió sustituir el 16 de agosto de 1978. Las auditorías ordenadas por su sucesor, el Licenciada Jacobo Majluta Azar, permitirán determinar el “debe” y el “haber” con la frialdad y exactitud de las matemáticas, pero la corrupción es como Proteo, que cambia de forma con el paso de tiempo.

Como Presidente Constitucional de la República Dominicana queremos destacar también algunos puntos positivos en este proceso, que no son sino un reflejo de la penosa situación del poder que decae y del poder que degrada. Ha sido luminosa la labor de la prensa dominicana en estos momentos. Su permanente denuncia y su interés por salvaguardar los más altos morales de la Nación, han hecho posible que estos hechos, vertidos a la opinión pública, hayan constituido en juez a nuestra propia sociedad. Estamos recogiendo resultados de una siembra de valores negativos que ha corroído lo más profundo del alma de ciertos sectores sociales de nuestro ámbito, pero estamos a tiempo para sanear, desde el gobierno y desde el PRD, una actitud que, en la mayoría de los casos, ha sido la obra de quienes no ven a su Partido como una entidad que comparte e impulsa la idea del cambio social sino que lo consideran una magnifica escalinata para el logro de lucros ,ascensos, forzadas promociones, e inserciones a vapor en los sectores de la clase media y aún más altos de la sociedad dominicana.

La experiencia dominicana demuestra que, hasta la fecha, han sido insuficientes los mecanismos para enfrenarse a la corrupción en sus múltiples manifestaciones, aún cuando ella queda tipificada en un delito con el nombre de contrabando, o colusión, o peculado, o malversación, o enriquecimiento ilícito. Por tanto, se necesita algo más: la actitud y decidida desde arriba, así como un instrumento que permita enfrentar tradicionales posiciones de prueba que hacen difícil sancionar la corrupción. De ahí es que, entre los proyectos que estamos depositando hoy en manos del Presidente del Senado, el cual comenzará sus trabajos mañana, está el de “Salvaguarda del Patrimonio Nacional”.

Este proyecto persigue sancionar todas las acciones o hechos de los funcionarios públicos que tengan el carácter o puedan considerarse como actos de corrupción, estableciendo sanciones privativas de libertad y pecuniarias a los infractores de la misma, con el objetivo de frenar y sancionar ese mal que corroe las entrañas de la administración pública dominicana.

Hay en nuestra vida institucional un aspecto que, por su importancia, merece ser enfocado de modo exhaustivo e independiente. Nos referimos a la grave y penosa situación de la justicia dominicana y a la urgente necesidad de corregir sus males. Para nadie es un secreto que, desde hace años nuestros tribunales, con honrosas excepciones, vienen ofreciendo un servicio deficiente. La incapacidad profesional, la venalidad de muchos de sus funcionarios y su receptividad ante el ingerencismo de quienes trafican con supuestas o reales influencias políticas, hieren de muerte la dignidad que necesariamente y siempre debe revestir ese servicio.

Estamos profundamente convencidos de que al margen de una sana y vigorosa justicia, insufrible la convivencia humana. La violación de las reglas llamadas a gobernar esa convivencia, es cantera permanente de frustraciones sociales, porque un pueblo sin justica, o con una justicia dada a parcialidades bochornosas, tiende fácilmente a volcar su enojo contra el precario orden que pueda existir en semejantes circunstancias.

La democracia que nos hemos dado y por la que tan alto precio hemos tenido que pagar, debe apoyarse en una justicia servida sin favores, ni temores, por magistrados de probada honradez y con la capacidad jurídica indispensable para juzgar. Nuestra experiencia profesional, forjada durante años en todos los estrados del país, nos revela sin esfuerzo esta amarga verdad: tenemos una justicia enferma que necesita cuidados inmediatos.

No se nos escapa que una de las primeras medidas a adoptar debe ser, si es que cabe el término, la apolitización de la magistratura nacional. No quiere esto decir que los jueces deben despojarse de sus ideas políticas, ni privárseles del ejercicio de las mismas, porque es absurda semejante pretensión. Lo que queremos señalar es que su selección tiene que efectuarse al margen de intereses de partidos, selección tiene que efectuarse al margen de intereses de partidos, erradicando la práctica que pretende convertir el Poder Judicial en coto privado de una agrupación política determinada.

Si queremos que se juzgue más o menos bien, persiguiendo lo justo, dentro de las posibilidades que ofrecen las obligadas limitaciones humanas, debemos y tenemos que seleccionar a profesionales que resuelvan, con la conciencia libre de ataduras políticas, los muchos y complicados problemas que resuelvan, con la coincidencia libre de ataduras políticas, los muchos y complicados que surgen del tráfico social. Declaramos en esta solemne ocasión nuestro propósito de buscar en las fuentes vivas del derecho, ese difícil y huidizo equilibrio sin el cual no es concibe la coexistencia de tantos intereses encontrados; nos referimos a un derecho operante y no a ese remedo de derecho que esgrimen los descreídos para justificar sus almas acciones y peores intenciones. George Ripert, eminente jurista francés, señaló en cierta oportunidad que la regla de derecho, a fuerzo de ser desconocida, se transforma en cosa muerta. No podemos seguir desconociendo por más tiempo la explosiva peligrosidad de quienes violan la ley inmunemente, ni mucho menos olvidar a aquellos que con los mecanismos indispensables para imponerla, desvían desde el pretorio sus altos fines y estimulan la descomposición moral de la sociedad dominicana.

Es hora de que le declaremos la guerra a los prevaricadores que han transformado los tribunales de la Nación en rincón de negocios y componendas, porque son ellos los principales responsables del desprestigio que hoy sufre la institución en que descansa la existencia de una sociedad abierta y democrática como la nuestra. Alguien podría argüir que es bien poco lo que puede hacer el máximo titular de las funciones ejecutivas del país, toda vez que compete al Senado, con carácter de exclusividad, la designación de los jueces. Es absolutamente cierta la eventual advertencia, pero aún así consideramos saludable nuestra intervención en el grave problema planteado., aunque ésta se reduzca a recomendarlo a los miembros de la Cámara Alta que, llegado al momento, ponderen serenamente los candidatos cuyos nombres se ofrezcan para las obligadas y necesarias sustituciones que reclama a gritos la judicatura dominicana. Entre esas recomendaciones, y es oportuno el momento, figura la de reclutar a los magistrados del orden judicial por su competencia profesional y por el crédito que inspira la rectitud de su conducta en la vida pública y privada. Hay que descartar la perniciosa costumbre de nombrarlos obedeciendo a espíritu de grupo, o a cualquier otra causa, reñida con la importancia y dignidad de la misión de juzgar.

Pero se nos ocurre pensar en voz alta, y cuestionarnos acerca de si los buenos candidatos para el desempeño de tan arduas tareas abundarán en circunstancias como las actuales, marcadas por sueldos deficientes que no responden a las exigencias de una vida progresivamente cara. Para expresarlo más llanamente, nos preguntamos si es posible reclutar un cuerpo de jueces capacitados y honrados con los estipendios que ahora se pagan. La negativa no necesita explicación, y tal es la razón de que avancemos nuestro firme propósito de luchar porque, al término de la congelación de salarios, se le asignen al Poder Judicial fondos suficientes para pagar sueldos decorosos y costear reformas imprescindibles en nuestra organización judicial.

Se impone la creación de nuevas jurisdicciones y la reestructuración de las ya existentes, así como la selección de personal con la preparación adecuada para el más óptimo desempeño de sus labores.

Sabemos que es agobiante la situación económica del país, y sabemos también que, para salvar los problemas que presenta, habrá que realizar prodigios. Sin embargo, el gobierno que hoy se inicia no dejará para después el fortalecimiento de la justicia y la recuperación de su perdido prestigio. Repetimos que es vital, para todos, que la ley cumpla su función, y el logro de tan hermoso objetivo solo es posible mediante la corrección enérgica e inmediata de los males denunciados.

Nunca mejor que ahora, frente a este Asamblea Nacional, donde están todos los senadores y diputados del Congreso Nacional, que personifican todo el Poder Legislativo, para expresas nuestro permanente reconocimiento en el sentido de que este cuerpo constituye el mejor instrumento de expresión de la democracia y su mejor vigilante. El mismo hecho de que seamos el primer senado de la historia dominicana que deja las barras del Senado para ocupar inmediatamente el solio presidencial, nos obliga a ver al Congreso con la misma reverencia y admiración del hijo hacia el padre. El Congreso deberá ser responsable y crítico, pero también deberá ser solidario con todas las medidas legislativas iniciadas por el Poder Ejecutivo que estén muy especialmente encaminadas a establecer la austeridad en sus distintas manifestaciones, que van desde las reducciones de gastos hasta los nuevos impuestos necesarios para revitalizar nuestra exhausta economía nacional. Esperamos del Congreso su pronta aprobación a nuestras justas sugerencias. Toda demora sería contraria a la salud del pueblo dominicano.

Con los Senadores y Diputados estaremos siempre en permanente comunicación. Todos, sin excepción, tendrán las puertas abiertas de nuestra casa y del Palacio Nacional. Fortaleceremos sus liderazgos en sus respectivas comunidades, dándoles el tratamiento otorgado por el mismo voto popular, que es un reconocimiento a sus propias condiciones de dirigentes. Todo esto, sin menosprecio ni olvido a la independencia de los poderes, de la cual siempre hemos sido y seremos un eterno servidor.

Aprovechamos esta solemne actuación que nos impone nuestra Ley Sustantiva, en la que hemos debido jurar ante los Libros Sacrosantos de los Evangelios, “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Leyes”, para depositar en sus manos como Presidente del Senado, de la República, el proyecto de ley declarando la necesidad de convocar a esta augusta asamblea, para que conozca de algunas reformas de nuestra carta magna que, a nuestro juicio, se han inaplazables.

La historia nos demuestra que, en muchos casos, nuestras reformas constitucionales han obedecido al deseo de perpetuarse en el poder de los gobernantes de turno como fueron aquellas propiciadas por Santana, Báez, Cabral y Guillermo. En otras oportunidades, las reformas constitucionales fueron el resultado de acontecimientos felices de nuestra vida pública, como lo fueron la constitución restauradora de 1895, la constitución de la tercera república del 1924 y la constitución democrática de 1963.

Pero en ninguna otra ocasión, las circunstancias habían resultado tan favorables, como ahora, que los dominicanos nos aboquemos al conocimiento de las modificaciones necesarias de nuestra carta magna. No se trata, esta vez, de elaborar un código sustantivo, que regule nuestra vida institucional, para que llene el vacío que produce la salida del invasor o la eliminación de la tiranía, ni tampoco de reformas fundamentales en el apetito megalómano de nadie que se creyera predestinado a regir para siempre los destinos de esta tierra. En esta oportunidad, las modificaciones propuestas son el resultado de profunda meditación y análisis, luego del más largo periodo de estabilidad constitucional que haya conocido la República desde aquella noche venturosa, en que por obra de los hombres y voluntad divina, se disparara el primer trabucazo que encendió la mecha de nuestra independencia.

A pesar de que nuestra primera carta magna, que viera la luz ese benemérito 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal, consagró el principio de la no reelección presidencial, y que otras constituciones, consecuencias de trascendentales hechos históricos de nuestra vida republicana, ratificaran esa norma fundamental del sistema democrático, la reelección presidencial continúa siendo el espectro que atemoriza a la estabilidad política e institucional de la República.

El deseo continuista ha llevado tradicionalmente a la generalidad de nuestros gobernantes, incluso a muchos que, mientras predicaban en la oposición, eran sus más decididos adversarios, a desterrar de nuestro texto sagrado el mandamiento que prohibía a la reelección. Otros se han atrevido a incluirla descaradamente, en ese pergamino que presenta nuestra vida institucional y en el menos censurable de los casos, boicotear con dilatorias injustificadas, la inclusión de este freno al despotismo en nuestra Ley Sustantiva.

Quizás la reelección presidencial no sea la exclusiva causa de nuestros males sociales, pero lo que sí resulta irrebatible, es que ella ha dado pábulo a la arbitrariedad, al abuso y a la impunidad de los actos de corrupción que se han cometido contra la Nación y sus ciudadanos.

Otros presidentes electos fueron partidarios de la no reelección y algunos hasta prometieron consagrarla durante su mandato. Pero nosotros no venimos hoy a ratificar nuestra devoción a ese dogma de la democracia, sino que traemos en nuestras propias manos, para dejarla a la decisión de este honorable Congreso, nuestra súplica de que se inscriba cuanto antes y para siempre, ese precepto que asegure la alternabilidad del poder en nuestro país.

El primer compromiso que asumimos en el programa de gobierno, fue el de someter el proyecto de reforma constitucional consagrando la no reelección. Estamos dando cumplimiento a nuestra primera promesa electoral y esperamos que el Todopoderoso, la Virgen de la Altagracia y todo nuestros conciudadanos nos asistan en la tarea de seguir cumpliendo con cada una de nuestras obligaciones.

Las reformas a la Constitución deberán incluir también otros temas: Es tiempo ya, si realmente queremos tener una trilogía de poderes, que demos la judicatura el lugar que le corresponde, para que pueda ejercer su divina misión de hacer justicias. Somos un convencido de la independencia que en todos los órdenes debe adornar al Poder Judicial, y por ello, nos hemos convertido en decidido militante de la causa que reclama la consagración constitucional de la autonomía administrativa de este Poder del Estado y que postula por el establecimiento de la Carrera Judicial, con todos sus atributos de inamovilidad, escalafón, capacidad y justa remuneración de los jueces:

Desde hace algún tiempo, en el seno del Partido Revolucionario Dominicano, al cual me debo en cuerpo y alma, surgió la idea de aprovechar la capacidad y experiencia de aquellos ciudadanos que constitucionalmente hubieran ocupado la primera magistratura de la nación, elevándolos al rango de Senadores Vitalicios, tal como acontece en la hermana República de Venezuela. Comulgo con esa iniciativa y estoy seguro de que a la postre, sería la nación entera la más beneficiada con la aportación que estos estadistas podrían hacer en el difícil arte de elaborar leyes acordes con la realidad del país y el sentimiento de sus ciudadanos.

Experiencias recientes de nuestra vida republicana nos han demostrado que el país puede verse en un momento dado desprovisto de sustituto presidencial. Así aconteció en 1968 y volvió a suceder con la ascensión a la Presidencia de la República del Lic. Jacobo Majluta. Preciso es, entonces, que aprovechemos esta reforma constitucional, para consagrar un mecanismo que permita a la Asamblea Nacional, designar al Vicepresidente en el caso de que ese cargo pudiera quedar vacante.

Por disposición constitucional, las Asambleas Electorales deben reunirse tres meses antes de la terminación del periodo gubernamental para elegir a las nuevas autoridades. Sin embargo, este periodo ha resultado ser demasiado largo y produce un debilitamiento de los mecanismos institucionales del gobierno que hacen ineficientes los servicios públicos. Opinamos que ese lapso de transición debería ser reducido a apenas cuarenticinco (45) días, tiempo suficiente para que las nuevas autoridades se preparen a asumir sus funciones.

Hemos sido promotores de la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendría, entre otras atribuciones, la de conocer los resultados de inconstitucionalidad de las leyes. Algunas voces se han levantado, objetando la creación de ese instrumento legal que vendría a consolidar la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas. Respetamos esos criterios disidentes, aunque no los compartimos.

Empero, estamos seguros de que nadie cuestiona la necesidad de que en nuestro país se establezca un mecanismo que permita determinar, de una vez y para siempre, la constitucionalidad o no de una ley. El sistema imperante en la República y calcado del derecho norteamericano, consiste en la determinación a posteriori y por vía de excepción, de esa constitucionalidad.

Esta vez, presentamos un sistema que nos permita establecer de manera apriorística, si la ley obedece a los lineamientos constitucionales. A la luz de este proyecto, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional, a través de uno cualquiera de los presidentes de sus Cámaras, podrían pedir a la Suprema Corte de Justicia, que estableciera la constitucionalidad de un proyecto de ley antes de su aprobación o promulgación.

La última de las enmiendas a que se refiere el proyecto, que tenemos a bien depositar, tiende a impedir que nuestros compatriotas pierden la nacionalidad dominicana por el solo hecho de adquirir otra nacionalidad extranjera.

Como es sabido, a partir de la Constitución Restauradora del 1865, los dominicanos estuvimos sometidos al Sistema de la llamada “Sumisión Perpetua a la Nacionalidad Dominicana” que nos impedí adquirir otra nacionalidad y pretender hacerla valer en la República.

Posteriormente, la Constitución del 1963 suprimió esa prohibición, para que en lo adelante cualquier compatriota pudiera naturalizarse en el extranjero.

Pero más tarde, la Reforma Constitucional del año 1966, castigó a nuestros nacionales que adquirieran otra nacionalidad con la pérdida automática de su condición de dominicanos. Pero este régimen constituye una iniquidad contra muchos de nuestros compatriotas que han emigrado a naciones amigas y que por diferentes razones se han asimilado a los nacionales de esos países.

El adquirir otra nacionalidad no puede constituir un delito de “lesa patria” que prive a los dominicanos del primer atributo que la República les otorga al nacer. Preciso es, pues, que devolvamos a nuestros hermanos ausentes el derecho de retener su condición de dominicanos.

La evolución establece de la democracia dominicana ha contado con un punto de apoyo formidable proveniente del desarrollo progresivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A la par que los cuerpos castrenses se han ido robusteciendo más, con los atributos provenientes de la apoliticidad y profesionalización, preseas de sus respectivos estándares, el militar dominicano ha ido formando cada vez más conciencia sobre los valores de la democracia y la gran significación de la libertad y las necesarias y fraternas relaciones con la ciudadanía y la obediencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al Poder Civil.

El camino no ha sido fácil, porque el aherrojamiento en que vivió el país durante los 30 años de la tiranía, creó generaciones en los estamentos militares y también civiles, que crecieron en un alejamiento entre el ciudadano y el soldado, alistados, marinos y policías, provienen de las clases más humildes del pueblo dominicano. Hoy, con el pleno desarrollo de las instituciones castrenses, el paso por la Academia Militar sirve para hacer más civilizada la confraternidad existente entre civiles y militares.

En nuestra condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional comprometemos nuestra palabra, avalada por nuestra conducta, de acrecentar al prestigio histórico de nuestros cuerpos armados, asegurar sus nobles atributos de apoliticidad y profesionalización, que fortalecen nuestra vida democrática y libertaria y ensanchar la frontera todavía no desarrollada de su seguridad social.

Más que nunca, todos los partidos políticos que hacen vida en el país, tienen por delante grandes tareas. El fortalecimiento de nuestra democracia, con la gran base proveniente de las libertades públicas y los derechos fundamentales del hombre que se disfrutan ampliamente en todo el país, constituye un camino ascendente del cual todos los partidos políticos son compromisarios, independientemente de diferencias políticas o ideológicas. El proceso electoral sirve como paso para marcar ese compromiso, que solidifica cada vez más nuestra democracia, con su amplio sentido pluralista, como expresión de respeto a la libertad ideológica que, conjuntamente con las demás libertades públicas, otorga a nuestra democracia una fisonomía y una vida que obliga a gobernantes y a los gobernados a cuidarla celosamente para que, con ella y por ella, podamos mantener la vía de la solución política a nuestros problemas. En estos momentos de crisis económica, todos los partidos políticos, sin abjurar de sus principios, deben prestar su colaboración a la gestión gubernamental, haciéndole ver a la ciudadanía que la situación actual es difícil, pero que se agravaría más si no aportamos nuestra cuota de sacrificio para superar los obstáculos que frenan nuestro desarrollo económico y social.

Este llamamiento general que hacemos, de la mejor buena fe, cobra especial significación cuando lo dirigimos, deliberadamente, a dos importantes líderes políticos que, a sus incuestionables dotes intelectuales, unen la condición de haber sido Presidentes Constitucionales de la República. Esos dos líderes forman la cabeza de dos organizaciones políticas de oposición, con representación en el Congreso, las cuales confiamos que sumarán sus esfuerzos a los nuestros, para encaminar las medidas que nos deberán sacar del atascadero en que nos encontramos, sin menoscabo de sus propios intereses partidarios. En una palabra, del Doctor Joaquín Balaguer, y del Profesor Juan Bosch, esperamos no solamente una oposición firme, pero al mismo tiempo constructiva. Nuestro Gobierno estará siempre abierto para escuchar sus orientaciones, avaladas por sus experiencias.

Los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano tienen también, más que cualesquiera otros, que hacer acopio de sensatez y de prudencia, y redoblar su capacidad de sacrificio y levantar la bandera de la moralidad en todas sus actuaciones. Deben constituirse en vigilantes incansables, de noche y de día ,con o sin trabajo remunerado, dentro o fuera del Gobierno, en mensajeros de esa mística, que ha cincelado la admirable historia, dentro y fuera de la República, del Partido Revolucionario Dominicano. Deben olvidarse, por último, de toda lucha interna que pueda disminuir la bandera de sustentación que le sirve al Gobierno.

Somos, así lo reconocemos solemnemente, un hombre de América, esa patria mayor de indios, negros, blancos y mulatos, de hombres y mujeres amantes de la libertad, con esperanzas y destinos comunes.

Nos declaramos hombre americano, parte esencial de una comunidad internacional repleta de gestas heroicas, para integrante de este Nuevo Mundo que busca cada día una existencia colectiva, una integración de voluntades y esfuerzos para sumirse en la defensa de la justicia social, para abocarse en la lucha contra el subdesarrollo.

En estos momentos difíciles que los países del Tercer Mundo, es necesaria y urgente la solidaridad entre los pueblos americanos, requeridos de apoyo mutuo para enfrentar sus acuciantes problemas de subsistencia, sus terribles problemas políticos y económicos.

En estos momentos difíciles, nuestra América, nuestra magna patria como la llamada don Pedro Henríquez Ureña, debe ser una punta de lanza para contrarrestar las amenazas constantes de un holocausto mundial y debe servir como bastión de equilibrio en el concierto de las naciones del mundo.

En estos momentos difíciles, nuestra América debe representar fielmente el porvenir de todos los hombres necesitados de vida democrática.

Nuestro Gobierno vivirá constantemente atento para la República Dominicana sea ejemplo de democracia política y económica.

Los pueblos de este Continente deben caminar unidos, conservando cada uno sus peculiaridades culturales, para poder encumbrarse al sitial que aspiraron nuestros libertadores, nuestros forjadores de naciones independientes.

Nuestra América acapara un pasado íntimamente ligado a España. España es nuestro límite histórico más importante. A ella le debemos características sustanciales de nuestra idiosincrasia.

Con España, nuestro Gobierno estrechará fuertes lazos que den continuidad a la tradicional hermandad que nos une desde 1492.

Tenemos otro límite importante, un límite geográfico e histórico: Estados Unidos, muchas veces visto como peligro o amenaza para las patrias americanas.

Estados Unidos es una nación que admiramos y respetamos, a pesar de algunas circunstancias históricas que han herido nuestros sentimientos nacionales.

Con Estados Unidos esperamos mantener unas excelentes relaciones, unas relaciones que se conviertan en un precioso instrumento de digna y fructífera convivencia.

Dada nuestra personal condición de defensores del sagrado principio de no intervención, nuestra hermana República de Haití, que comparte con nosotros esta isla, puede tener la seguridad de que nuestro Gobierno respetará esa política de modo irrestricto.

El Gobierno de Concentración Nacional desarrollará una política internacional ágil, pero moderada, con todos los pueblos deseosos de cambios pacíficos, con todos los pueblos aferrados a la democracia representativa y muy especialmente con la pujante región Antillana y del Caribe que sea y necesita acoplarse al destino de las grandes naciones civilizadas, que desea y necesita andar en franca solidaridad e integración para resolver sus problemas específicos, aquellos que le atañen como economías dependientes. Hacemos nuestro el juramento de Gregorio Luperón, en carta a Ulises Francisco Espaillat.

“Afirmar ante Dios, ante América y ante nuestra propia conciencia, que nunca cometeremos la insensatez, que es infamia, de ser dominicano y no ser Antillanos, de conocer nuestro porvenir y divorciarlo del porvenir de las Antillas”.

En estos momentos de deterioro generalizado en los términos de intercambio para los países industrializados, nosotros, los países americanos y todo el Tercer Mundo, contemplamos atónitos como esta situación provoca aumentos extraordinarios en la deuda externa de la región con la banca comercial privada internacional. Ante lo generalizado de la crisis, es tal vez propicio sugerir que los países afectados nos reunamos, concentremos fuerzas, para ver si es posible o no que las condiciones y características de esos financiamientos no sigan siendo determinados exclusivamente por el acreedor.

Nuestra Constitución establece claramente que la concepción y el diseño de la política externa de nuestro país es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República. En estos momentos de gran tensión en la situación política de la región, más que nunca se justifica que seamos nosotros los que exclusivamente cumplamos esa función y así será.

Al juramentarnos como Presidente de todos los dominicanos, hemos contraído la más grave carga de deber y compromiso que haya recaído sobre cualquier ciudadano de nuestro país. Desde hace ya mucho tiempo estamos plenamente conscientes de la magnitud y complejidad de los problemas que tendremos que afrontar desde la Presidente de la República. Tampoco escapa a nuestro jurídico que el deber histórico que tenemos por delante nos obliga ante las generaciones actuales y ante las que poblarán el país en el porvenir. Las expectativas de mejoramiento que se han generado en el espíritu de la ciudadanía con nuestra elección son bastante amplias. Sin ánimos de rehuir responsabilidades y frente al estado de bancarrota del erario público que debilita el diseño de la base programática económica y social del Gobierno de Concentración Nacional, debemos declarar, por tanto, que muchas de esas expectativas solo serían materializadas por obra de milagros cuya realización está reservada a la misma divinidad. Nosotros, simple mortales, no haremos milagros, pero sí nos comprometemos, ante el recuerdo venerado de los héroes de la Independencia y de la Restauración, y ante Dios, a trabajar sin descanso, en la búsqueda de soluciones definitivas a los más graves problemas nacionales.

Nuestra única promesa que sirve de colofón de esta forma de juramento, es que no vamos a escatimar ningún sacrificio para corresponder a la prueba de confianza que el pueblo nos dio el 16 de mayo de presente año, con su voto mayoritario.

Al pueblo que nos eligió, al pueblo soberano, nos debemos. Compartiremos con él. No nos aislaremos en torre de marfil, ni practicaremos las arrogancias presidenciales tradicionalistas que constituyen la peor forma de ese aislamiento. Siguiendo normas protocolares, hemos hecho, hasta ahora, esta intervención utilizando la primera persona plural. Pero no la terminaremos así. Desde ahora pueden llamarme ciudadano. No hay título más alto que ése. Vengo al Poder a poner mis dedos sobre nuestras llagas, que son muchas. Para sanar, para curar, no para irritar. Vengo al Poder, para dar ejemplo, no para ofender; para ser sobrio, no dispendioso. Para servir, no para abusar. Pero nadie deberá confundir mi generosidad, con debilidad. Odio tanto la violencia que destruye, como admito la energía que construye. Pido, lo que ofrezco: esfuerzo, sacrificio, trabajo, disciplina, puntualidad, moralidad, austeridad y también patriotismo. Yo no voy a resolver todo, lo que solo puede ser resuelto por la mística que crea un pueblo en movimiento. Mi deber es mostrar el camino y encabezar la marcha. No escatimaré ni un minuto, ni un aliento, ni una iniciativa. Por último, porque como humano, me siento siervo de Dios: El pueblo y el Altísimo están con nosotros. No en vano la República nació con el símbolo de Dios, Patria y Libertad.

En la restauración moral del país, en la lucha por la democracia económica, encontraremos el respaldo de todo el pueblo y la suprema bendición del Creador del Universo.

Adelante dominicanos.