En 1974 así fue el discurso de Joaquín Balaguer
Joaquín Balaguer
16 de agosto de 1974
Discurso íntegro
Asumo, por tercera vez consecutiva, la responsabilidad de dirigir los destinos del país y de prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir, en el ejercicio de mis funciones, la Constitución y las Leyes de la República.
No se me escapa la magnitud de la tarea que echo hoy sobre mis hombres y que me obliga a dedicar todas mis energías a la continuación de los programas que en los dos períodos anteriores se han puesto en práctica para impulsar nuestro desarrollo. Pero esa labor, ya de por sí ardua y espinosa, tiene que ser en este nuevo período reforzada por otra de realización tan problemática como la primera: la de establecer las bases que se requieren para asegurar al país, al término de los próximos cuatro años, una sujeción a nuestras normas constitucionales.
Quiero ser breve en mi exposición de hoy ante los representantes de la voluntad popular en las Cámaras Legislativas. En el día de hoy se cierran dos períodos de gobierno que han tenido una duración de 8 años, y se abre la etapa de otro nuevo. El lapso que hoy termina ha sido objeto, como toda obra humana, de juicios de toda especie, los unos imparciales y los otros violentos y apasionados. Pero aún los opositores más enconados del Gobierno han tenido que admitir que el país, en los últimos 8 años, se ha desarrollado económicamente con relativa celeridad y que ahora lo que más se requiere, para que la obra del gobierno responda verdaderamente a nuestra aspiración de constituir una Nación políticamente civilizada, es asegurar, para 1978, la alternabilidad en el ejercicio del mando y liberalizar gradualmente nuestras instituciones.
Cuando hablo de democratizar el país, según los reclamos hechos por la oposición, me refiero a la creación de un clima en que disminuyan las tensiones políticas y en que puedan ejercerse, dentro de un marco de convivencias civilizada, las actividades proselitistas de los distintos núcleos que aspiren al poder en las elecciones que habrán de celebrarse el 16 de mayo de 1978, de acuerdo con nuestras Carta Orgánica. Rechazo, en consecuencia, la imagen que se ha pretendido proyectar sobre el Gobierno cuando se pretende presentarlo, ante la opinión nacional y la extranjera, como un régimen esencialmente represivo.
Al que habla se le ha atribuido, entre otras cosas no menos injustas, la de aspirar al ejercicio indefinido del mando y la de aspirar al ejercicio indefinido del mando y la de hallarse inclinado, inclusive, para realizar ese objetivo, a tiranizar la voluntad de sus conciudadanos. Sirve de fundamento a esas críticas el hecho de haber sido electo consecutivamente, por la voluntad popular, para tres períodos presidenciales. Esa es la única razón visible que puede aducirse en apoyo de esa opinión que creo fundamentalmente gratuita.
El país, en efecto, ha sido dirigido, durante los dos períodos que hoy llegan a su fin, con plena liberalidad. No ha habido, por parte de quien habla, presiones de ninguna especie de violentar la conciencia de la ciudadanía ni para restringir su libertad de expresarse, tanto a través de las urnas, en las tres ocasiones en que el país ha tenido oportunidad, de acuerdo con nuestra Constitución, de ejercer se derecho de elegir al ciudadano llamado a encauzar su destino desde la más alta magistratura de la Nación.
Si de algo puede tildarse a este Gobierno es de su extrema condescendencia con los que hacen uso abusivamente de las libertades consagradas por la Constitución y de la liberalidad con que ha reaccionado frente a los intentos subversivos de quienes han procurado, por todos los medios a su alcance, violentar la ley e instituir en nuestro país un orden político que descanse sobre los hombres de personajes incapacitados intelectualmente para el ejercicio de la rectoría nacional y sin las condiciones mínimas que requiere la situación hoy imperante en la mayoría de los países de la Tierra.
Poco después de las elecciones del 16 de mayo, se iniciaron algunos contactos entre la oposición y el Gobierno con miras a establecer el clima a que he aludido. Los esfuerzos que se hicieron en ee sentido han resultado hasta ahora frustratorios. La oposición, después de haber incurrido en el error de no concurrir am la última consulta electoral, exigió del Gobierno condiciones absolutamente inaceptables, como la de que se celebraran nuevos comicios municipales y provinciales, y adoptó una táctica incompatible con todo propósito de entendimiento y de avenencia: proclamó enfáticamente la supuesta ilegalidad del Gobierno, organizó una serie de huelgas ilegales en todo el país y arremetió, en una serie de pronunciamientos violentos, contra los representantes del poder público y contra las actuales instituciones dominicanas.
Lo primero que se requiere, para un dialogo constructivo, es la buena fe y el mantenimiento, en el curso de las conversaciones encaminadas a negociar cualquier acuerdo, de un clima de respeto recíproco, de consideración personal, de rechazo decidido, si se quiere, pero siempre cortés, de las actitudes y las opiniones ajenas. Ha llegado el momento en que esas posturas deben ser rectificadas. Las dos tendencias en pugna deben buscar nuevas fórmulas de entendimiento y deponer la actitud de intransigencia en que algunos personajes de la oposición se han situado.
Admito que es difícil que los grupos que se han asociado para suscribir el llamado “Acuerdo de Santiago”, tengan capacidad para negociar nada constructivo. Se trata de núcleos heterogéneos en que se ha querido mezclar ingredientes tan incompatibles entre sí como el agua y el aceite: la extrema derecha, más rabiosa y más recalcitrante, y la extrema izquierda, de tendencia más radical. Pero aun así, si las personas razonables y los ciudadanos conscientes que militan en la oposición y que constituyen al fin y al cabo la fuerza de opinión preponderante entre esos grupos anárquicos, adoptan una postura decididamente flexible y permeable, existe la posibilidad de un entendimiento que permita al Gobierno trabajar con tranquilidad relativa y que abra a la oposición la oportunidad que necesita para participar en 1978 en unos comicios libérrimos que se celebren bajo la supervisión, si se desea, de instituciones internacionales respetables.
Cualquier otra actitud adoptada por la oposición sería no solo torpe sino también suicida. El mantenimiento de las tácticas actuales por los partidos oposicionistas obligaría al Gobierno a transigir con la parte peor de nuestra politiquería militante y a tender la mano, en la próxima consulta electoral, a los factores políticos de menor sensibilidad social y de tendencias más impopulares.
Concuerdo, pues, con la prensa independiente de nuestro país en país en cuanto a que nuestra tarea principal, durante este tercer periodo, debe consistir en asegurar para 1978 la alternabilidad en el ejercicio del mando y la liberalización total de nuestras instituciones. Pero esa obra de democratización de nuestras instituciones. Pero esa obra de democratización absoluta, sin embargo, representa una labor que no depende un solo hombre, por más grande que sea la buena voluntad de éste, sino de todas las fuerzas que pueden influir sobre nuestro destino inmediato.
Para democratizar el país, en otros términos, en la medida en que lo reclaman los opositores del Gobierno se necesita la cooperación de todos los dominicanos y, muy especialmente, la de los partidos políticos y la de las personas y grupos que tienen voz preponderante en nuestros diversos núcleos sociales. La democratización que se desea será solo una palabra mientras los dirigentes responsables de este país, vivamos distanciados.
El perfeccionamiento que deseamos infundir a nuestras instituciones que tiene que proceder no solo del Gobierno sino también de los que nos combaten con saña y contribuyen con su actitud a enrarecer el clima político que desde hace años respiramos. Si los partido que tienen cierta influencia sobre la opinión pública y que a ese título controlan sectores más o menos importantes de la ciudadanía, no ciñen sus actos a la ley se contentan con exigir que sea el Gobierno el único que respete la Constitución y sostenga las bases en que descansa en todo el país la convivencia democrática, no podremos aspirar a que en 1978 existan las condiciones necesarias para una consulta electoral que no esté influida por fuerzas de presión ajenas a la voluntad popular.
La democratización, repito una vez más, no puede ser obra de un hombre, de un partido, sino producto de toda la conciencia nacional y de la opinión colectiva. Apelo, pues, a todos nuestros dirigentes políticos para que no regateen su apoyo al Gobierno en sus empeños de dar culminación a su obra con el establecimiento en el país de un verdadero clima de convivencia política y de concordia democrática.
No insinúo, desde luego, que desaparezcan las críticas al Gobierno ni las censuras a su política económica, fiscal, social, etc., porque entonces lo que estaría pidiendo sería el retorno a un régimen dictatorial y una inhibición de la opinión pública en la solución de problemas que atañen a toda la colectividad.
Lo que propongo es, por el contrario, que se depongan los apetitos personales, las actitudes inflexibles, los criterios radicales, las posturas extremistas y los sentimientos de clases para que podamos vivir en la sociedad que soñamos y en un país como el que Duarte aspiró a crear para el disfrute de todos los dominicanos.
Como prueba de la sinceridad con que formulo las consideraciones anteriores, me propongo depositar, en esta misma fecha, ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley que introduciría en la Constitución de la República las cuatro enmiendas siguientes: prohibición de la reelección presidencial de dos períodos consecutivos; incorporación a nuestra Carta Orgánica de un texto en que se consagra la explotación de nuestros bosques como un monopolio del Estado; la inalienabilidad de las tierras adquiridas por el Gobierno para la Reforma Agraria, con el fin de que se elimine, de manera absoluta, la posibilidad de que las parcelas que se han puesto en manos de nuestros agricultores sin recursos puedan ser, tarde o temprano, acaparadas por terratenientes y latifundistas interesados en entorpecer, en su propio provecho, esa obra de justicia social, y consagración, por último, del principio de la inamovilidad de los jueces, que entraría en vigor a partir del 1 de enero 1976, después que el Gobierno, con la cooperación de la Suprema Corte de Justicia, haga una selección cuidadosa del personal llamado a integrar la Judicatura dominicana.
Una de las cosas que creo indispensables para asegurar al país, en 1978, un régimen que nazca de una transmisión pacífica y que disfrute del respeto general y de la estabilidad necesaria, es la de cambiar, en todo cuanto sea posible, la cara del Gobierno que se inicia en esa misma fecha. Vamos a dar comienzo a una etapa en que se requieren, por parte de los que tenemos la responsabilidad de la Administración Pública, decisiones drásticas que se inspiren que el interés nacional y que no respondan o respondan solo, en una mínima parte, al deseo y a los apetitos, legítimos o no, del partido oficial. Mi obligación será la de prescindir de muchos de mis colaboradores actuales, aun de aquellos que merecen mi más alta estimación y que han acompañado en la dura tarea de forzar, en 8 años de recio batallar, una patria distinta a la que recibimos en 1966, después de una guerra fratricida que puso al país al borde de la anarquía y del desastre. Pero el interés de la Nación nos impone a todos sacrificios que no debemos ni podemos soslayar en una hora tan difícil como la que vivimos, cuando es preciso cambiar de rumbo e iniciar una nueva etapa en la vida nacional para pasar de algo acaso bueno pero puede ser sustituido por algo todavía mejor.
Ojalá que esta intención no tropiece con la apatía de muchos dominicanos, de alta conciencia cívica, sin duda, y de reconocida capacidad muchos de ellos, pero vencidos y paralizados por la indiferencia o por el miedo.
Son muchos los dominicanos que temen a las responsabilidades de la vida pública y que prefieren vivir al margen de la política o asistir a ella como simples críticos o como meros espectadores. Se critica al Gobierno porque no elige a los mejores para los puestos públicos, pero los mejores se excusan cuando son llamados porque prefieren vivir en el remanso de sus actividades privadas, muchas veces eminentemente lucrativas, antes de intervenir en las disputas públicas entre hombres divididos por sordos rencores y por ásperas diferencias ideológicas y sociales.
Creo que ha llegado el momento en que el interés nacional toque a las puertas de esos hombres y que éstos comprendan que no tienen el derecho de criticar al Gobierno cuando apele a los servicios de personas impreparadas o inescrupulosas, porque los que podrían servir con mayor desinterés y con mayor sapiencia a la Nación prefieren acogerse a la cómoda actitud del que asiste a la feria, no para lidiar a los todos sino para contemplarlos displicentemente desde la barrera.
Últimamente han surgido, en el panorama nacional, grupos de extrema derecha que pretenden imponer sus puntos de vista a la Nación y oponerse a toda medida que tienda a modificar, en parte siquiera, nuestras profundas injusticias económicas y nuestros grandes desniveles sociales. Creo sinceramente diferencias y a hacer más difícil la convivencia en el seno de la familia dominicana. Una cosa es unirse para la defensa de los intereses legítimos de un sector determinado, cuando existen motivos para recelar del Gobierno o del curso que pueden tomar, bajo la influencia de éste, los acontecimientos nacionales, y otra cosa es agruparse para disentir deliberada y anticipadamente de todo cuanto pueda representar una promesa de mayor bienestar para nuestras clases necesitadas o un futuro más justo y más tranquilo para todos los hombres y para todas las mujeres de este país.
Aquí no hay ni podrá haber convivencia democrática, no hay ni podrá haber un régimen de verdadero respeto a la Constitución y a las Leyes, mientras los que ejercen, gracias a su poderío económico, una influencia decisiva sobre el presente y el futuro de la Nación, no admitan y comprendan que vivimos en un mundo esencialmente cambiante y que la realidad de hoy no solo es distinta a la de ayer sino que también será diferente, muy diferente, a la de mañana. Los poderosos tiene también que ceder para que en nuestro país la tranquilidad sea patrimonio de todos los dominicanos para que el bienestar no sea el privilegio de unos pocos sino el derecho del mayor número posible de nuestros conciudadanos.
Lo que importa en política no son las apariencias sino los hechos; no son los planes ni los proyectos, sino los resultados. Los críticos de los dos periodos de Gobierno que he tenido la honra de presidir y el último de los cuales expira precisamente hoy, han hablado mucho, en son de censura, de una supuesta ausencia de planificación en las labores oficiales. Puede ser que el que habla tenga su propia planificación y que ésta no coincida con la de los teorizantes de la economía o con la de los censores platónicos de la Administración iniciada el 1 de julio de 1966.
Pero la planificación sí ha existido, y la mejor prueba ello la constituyen los logros que se han obtenido y que se traducen por la realización en todo el territorio nacional de obras de tanta importancia como las presas ya concluidas o en proceso de construcción; como los planteles escolares que se han hecho tanto en la zona rural como en la zona urbana; como las vías de penetración que hemos multiplicado en todas las zonas agrícolas del país; como los numerosos acueductos que se han abierto en lugares donde la población vivió utilizando, durante varios siglos, agua no apta para el consumo humano; como los puentes; como las carreteras; como los programas de viviendas para las personas de escasos recursos; como las áreas que se han agregado a la producción nacional; como los canales de regadío con que han sido dotadas algunas de nuestras zonas desérticas; y como el ascenso gradual, por último, del Producto Nacional Bruto, evidencia de que la economía del país, lejos de permanecer estancada, ha cobrado un ritmo que tiende a ser cada días más estable no obstante los factores adversos, en su mayor parte de procedencia exterior, que conspiran contra su estabilidad y contra su expansión continuada.
Los números hablan contundentemente contra los alegatos de los que afirman que nuestra producción ha disminuido por falta de planificación. Solo en los primero 6 meses del año en curso, el país exportó, por primera vez en su historia, más de 400 millones de pesos en productos agrícolas. No toda esa alza puede imputarse al aumento de los precios del azúcar, sino también al crecimiento de la zafra azucarera, debido, en gran parte, al esfuerzo que se ha hecho para el incremento de nuestra producción en los ingenios estatales.
Las cosechas de café y cacao, cuyo volumen depende en gran parte de la oportunidad de las lluvias, que han mantenido más o menos en los mismo niveles, gracias a que los desastres causados por el ciclón “Flora”, en 1964, y por el ciclón “Inés”, en 1966, sobre todo en el Sur de la República, asiente anteriormente de nuestras más ricas plantaciones cafetaleras, han sido superados por el programa para el mejoramiento de los cafetales y cacaotales del país llevado a cabo con tesón, en los últimos años, por la Secretaría de Agricultura.
La política del Gobierno, en el período que hoy se inicia, según lo prometemos en la campaña electoral recién pasada, se orienta hacia la continuación de su programa de construcción de presas y de canales de regadío, de apertura de nuevos caminos vecinales y de fomento agropecuario.
Seguiremos levantando nuevos planteles escolares en todo el territorio de la República y dotando al país de las mejores vías de comunicación posibles, mediante la reconstrucción definitiva de sus grandes vías troncales y de sus caminos de penetración más importantes para el aprovechamiento de los productos de nuestra agro y para el auge de la agricultura dominicana.
Creemos que esta es la línea correcta porque lo que más necesita nuestra agricultura es agua y porque nada haremos con distribuir cada año, en toda la extensión del territorio nacional, grandes cantidades de esquejes de yuca y de cepas de plátanos, etc., si no hacemos énfasis en crear la infraestructura que necesitamos con toda urgencia y que consiste en el aprovechamiento de todos nuestros recursos hidráulicos para que no sigamos viviendo a expensas de un factor tan aleatorio como las lluvias, y para que no dependamos, hasta el punto en que dependamos ahora, de las vaguadas ciclónicas que causan a veces tantos estragos a nuestros campos como las propias sequías.
El Gobierno que hoy se inicia no abriga la intención de dar un solo paso atrás en su programa de Reforma Agraria. El egoísmo ciega a los poderosos que se oponen a las leyes que se dictaron en 1972 para llevar a los hombres del campo un poco de bienestar de los que se han enriquecido a costa del sudor y de las lágrimas de nuestros agricultores. Se necesita carecer de la más mínima sensibilidad para creer que la situación actual puede mantenerse por mucho tiempo aún, si no se hacen cambios básicos en nuestras estructuras tradicionales.
Nuestras ciudades se están llenando de campesinos que desertan del agro y se incorporan cada día en mayor número a las legiones no solo de los que carecen de empleo, sino también de los que son víctimas del lujo, de la corrupción y de los vicios propios de los centros urbanos. Tenemos que aceptar que la tierra es para quienes la trabajan y que los agricultores, sobre todo en un país como el nuestro, esencialmente agrícola, tienen derecho a disponer cuando menos de lo necesario para vivir y para proporcionar a sus hijos cosas tan elementales como el alimento, el vestido, la educación y la salud.
Es cierto que la Reforma Agraria no es una obra perfecta. Empresas de ese carácter requieren para su ejecución de grandes capitales y de técnicos dotados de verdadera vocación de servicio público y de un mínimum de sensibilidad. Pero la Reforma Agraria recibió un gran aliento con las leyes agrarias votadas en 1972 y ha dejado de ser un simple cartel para convertirse en una empresa que acabaría por redimir a nuestro agricultor de la explotación a que ha sido sometido, mediante el sistema inicuo que muchos se empeñan en mantener contra los señalamiento irreversibles de los tiempos.
Este tercer período comienza en horas difíciles para toda la humanidad. Nos esperan días turbulentos en que debemos afrontar problemas de ardua solución para todos los gobiernos. El alza imprevista de los precios del petróleo, eje de la economía mundial, coloca al mundo civilizado ante una era en que el principal enemigo no es ya la simple apetencia del poder ni la demagogia de los políticos frustrados, sino la inflación y el caos monetario.
Es posible que países de larga tradición, como Inglaterra e Italia, en el viejo continente, y naciones de enorme potencialidad económica, como Brasil y la Argentina, en nuestro propio hemisferio, puedan resistir los embates de esos problemas y salir de la crisis que ellos desencadenan, fortalecidos y aún victoriosos. Pero en naciones pequeñas, como la República Dominicana y la mayoría de las de la América Central, la solución de tales problemas requerirá de la Ciudadanía un alto espíritu cívico y una gran vocación de buena voluntad. Nuestro país, particularmente, necesita de la ayuda de todos cuantos puedan contribuir a superar las dificultades creadas por problemas tan graves como el de la explosión demográficas, con el desequilibrio de las Balanzas de Pagos, como el de la exageración de las tarifas del transporte en todas las líneas aéreas y marítimas, como el de las diferencias internas e internacionales que con mueven a todos los países, como el del incremento del uso de las drogas está destruyendo en todas partes la familia, y como el de la inconsciencia, en fin, con que el hombre se devora a sí mismo destruyendo la tierra que es la base de su sostén y el regazo final reservado a sus afanes.
Tenemos que entrar en una era de austeridad mayor que la que las circunstancias nos impusieron en 1996, cuando recibimos una República desgarrada por una guerra civil y con sus Fuerzas Armadas totalmente divididas. La crisis energética , con todas sus consecuencias funestas, nos obliga a disciplinarnos y a imponernos la misión patriótica de renunciar a todo lo superfluo en lo que respecta al uno de la gasolina y de los automóviles que consumen gran cantidad de combustibles;de prescindir, en la mayor escala a nuestro alcance, de las comodidades que proporcionan los aparatos acondicionadores de aire, las neveras, los viajes de placer al exterior, etc., y abandonar, en fin, los hábitos propios del pueblos rico, tales como el uso inmoderado de la energía eléctrica en las áreas residencias, los desperdicios de la luz y del agua, el empleo del regadío en hatos y haciendas con líquido sustraído de acueductos hechos exclusivamente para suministrar a la población agua potable, el consumo de artículos importados, en detrimento de otros de igual o de parecida calidad producidos en el país, como el despilfarro del salario ganado afanosamente por el trabajador en centros de juegos de azar y en cosas totalmente suntuarias.
Entre estos sacrificios tenemos que incluir, como cosa de primera categoría, el que deben imponerse las industrias para crear nuevos empleos y para pagar a sus operarios un salario que corresponda al alza de los índices del costo de la vida. No excluyo de esta responsabilidad al Estado, a pesar de que éste ha seguido hasta ahora la política de ensanchar las nóminas de la Administración Pública para que se beneficie un mayor número de dominicanos en ocupaciones remunerativas, antes que de elevar los sueldos de sus propios servidores. Hemos creído más justo abrir la mesa del presupuesto al mayor número posible de dominicanos, aun cuando sea a costa del mantenimiento de los sueldos en niveles que no corresponden ya al alto costo de los artículos de primera necesidad. Pero en la medida en que ello sea posible, esta política tendrá también que cambiar para el sector público, en lo que respecta por lo menos a los miembros de la Administración Pública que devengan salarios de hambre y que apenas disponen de lo indispensable para cubrir sus necesidades primarias.
Llevará cabo un programa de esta naturaleza no es agradable para ningún gobierno. Los pueblos. Pueblos , sobre todo en la era de paganismo y de corrupción que domina actualmente al mundo , son poco inclinados a la austeridad y detestan todo lo que se traduzca en privaciones. Estamos ya lejos de los días en que estadistas como Winston Churchill , espécimen austero y estoico de un país igualmente austero y estoico como Inglaterra , podía ofrecer tranquilamente a su pueblo, como único paliativo a sus tribulaciones, la sangre, el sudor y las lágrimas.
Deseo hacer llegar, antes de concluir, el testimonio de gratitud del Gobierno y del pueblo de la República Dominicana hasta el Honorable señor Gobernador de Puerto Rico, Doctor Rafael Hernández Colón, hasta los ilustres Cancilleres de los países amigos que comparten con nosotros el júbilo patriótico del 111 Aniversario de la Restauración Nacional que hoy conmemoramos y que coincide con la iniciación de una nueva etapa política en los destinos de nuestro país.
Agradecemos igualmente la presencia en esta ceremonia de los Embajadores Extraordinarios de las Misiones Especiales acreditadas por las naciones amigas de América y de otros continentes.
Apreciamos profundamente es gesto amistoso y lo reciprocamos formulando desde lo más hondo de nuestros corazones, los votos más cálidos por la felicidad de su estancia en nuestra tierra, por su ventura personal por la de los ilustres Jefes de Estado a quienes representan en esta solemnidad. Muchas gracias.
El Gobierno que hoy se inicia ha aceptado el reto que representa para él, como para la mayoría de los gobiernos del mundo, la crisis cada día más grave de la inflación, del alto costo de la vida, del alza exorbitante de los precios del petróleo, de la escasez de divisas, del déficit de la energía eléctrica, etc., y se ha decidido a enfrentar esos problemas con serenidad y energía. ¡Qué Dios nos ilumine en esa tarea patriótica y que todos los dominicanos de buena voluntad nos ayuden a llevarla a cabo en beneficio de la patria y de todas sus generaciones presente y futuras.