La venta de alcohol en Texas en tiempos del Covid-19

De los estados de la Unión America­na, Texas cuenta con uno de los or­ganismos más es­trictos para regular la venta, dis­tribución y consumo de bebidas alcohólicas: la Comisión de Be­bidas Alcohólicas de Texas (ta­bc, por sus siglas en inglés). Esta instancia, cuya sede se encuen­tra en Austin, ha funcionado con distintos nombres desde 1935, dos años después de que el go­bierno federal dio fin a la llama­da Ley Seca, que prohibía la pro­ducción, distribución y venta de alcohol en el país. La capaci­dad de legislar sobre esa materia le fue conferida a cada estado; Texas, de fuertes raíces conser­vadoras, desde un primer mo­mento emitió un severo regla­mento que regulaba la venta y consumo de toda la gama de be­bidas que requieran alcohol para su preparación.

Con el correr de los años, la Co­misión se ha vuelto más rigurosa en cuanto a requerimientos para permitir el comercio de alcohol. Como es de suponerse, los due­ños deben tramitar el permiso pa­ra vender este tipo de bebidas. Pe­ro eso no es todo: los involucrados en la venta de alcohol o que pre­tendan trabajar como meseros o cantineros, habrán de tomar un curso, aprobar un examen y pagar una certificación bianual que los autoriza a manipular en todos los sentidos los productos derivados del alcohol.

Hay que ser mayor de edad para poder solicitarlo. En el cur­so, que no es impartido por ta­bc sino por institutos indepen­dientes, se enseñan las formas de expender alcohol en Texas. Se hace hincapié en el cuidado que se debe tener cuando son menores de edad (según esto, es requisito indispensable pe­dir una identificación oficial, vi­gente y con foto para verificar la edad) o personas ya alcoholiza­das las que intentan comprar la bebida. A grandes rasgos, se da una introducción de cómo cal­cular los grados de alcohol con que cuenta cada bebida y cuánto es lo que se puede vender a los clientes tomando en cuenta su peso, género, el tiempo en que tardan en consumir una bebida y si han ingerido alimentos o no. Muy penado es, o era, dispensar alcohol para llevar.

Muchos tópicos para una cla­se de dos horas, luego de la cual viene el examen. Todo el proceso cuesta unos veinte dólares. Con la llegada de internet el curso se puede cubrir en línea. Esto ha reducido los costos (unos diez dólares) pero ha propiciado algunos vicios, siendo el más común que el servi­cio se revenda por fuera: hay perso­nas que ofrecen aprobar por otros cobrándoles cinco dólares. Muchos prefieren pagarlos que estar senta­dos frente a la computadora

tabc regularmente hace ope­rativos, sobre todo con meno­res de edad, a los que envía a bares y restaurantes a pedir al­cohol. Muchos han caído y, con la promesa de una buena propi­na, sirven las bebidas y se vuel­ven criminales, según la ley, y se les imputan multas y cárcel, así como la pérdida de su certifica­ción y su trabajo.

Algunos grupos civiles, inte­grados por familias en cuyo se­no ha habido muertos y acci­dentados por la ingestión de alcohol, han presionado al go­bierno para que sea inflexible con los responsables de estos percances. Hasta hace poco,

cuando el cliente no aceptaba las disposiciones e insistía en seguir bebiendo, el empleado tenía que involucrar a los gerentes y, de ser necesario, al dueño del local. Si el conflicto no se resolvía, había que llamar a la policía y los uni­formados se encargaban. Hace poco más de una década, luego de que un joven ebrio murió en un accidente en el que apa­rentemente no había culpable por­que el muchacho impactó su auto contra un árbol, la madre exigió que se castigara a quien le había proporcionado las bebidas. Los propietarios de bares y restauran­tes fueron señalados, pero se de­fendieron. Alegaron que en mu­chas ocasiones ellos ni siquiera están presentes a la hora de la ven­ta de alcohol; entonces, no se les podía acusar de nada. La respon­sabilidad recayó en el que quizá sea el eslabón más frágil de la ca­dena: los meseros y cantineros. Ac­tualmente, si alguien bebe y se ac­cidenta, el responsable es el último que puso una bebida a su disposi­ción, lo cual es arbitrario y hace que paguen justos por pecadores. Los meseros ganan alrededor de dos dólares por hora y dependen de las propinas para subsistir. Es uno de los trabajos que los gringos no quieren hacer. La mayoría son ilegales, una acusación les acarrea­ría graves problemas.

Ahora bien, cuando Greg Ab­bot, gobernador del estado, anun­ció hace unas semanas la reaper­tura al veinticinco por ciento de su capacidad, de bares y restauran­tes, también emitió un edicto que autoriza a vender alcohol para lle­var a la casa con el pretexto de que así será más fácil y rápida la recu­peración económica. Con esto, de un plumazo, dio fin a reglas que te­nían visos de legendarias, no por su aceptación sino el tiempo que tenían funcionando.

La semana pasada, en su cuen­ta de twitter, el político escribió que la venta de alcohol para lle­var continuará durante mayo y, con un dejo de alegría, agregó que por lo que le han comenta­do sus gobernados, esta práctica puede seguir por siempre. Hay quienes están contentos con la medida y hasta ahora los detrac­tores no se han manifestado.

¿A quién se culpará cuando empiecen los accidentes que esta medida genere?