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Casos sobre corrupción están “estancados” en el PEPCA
Las investigaciones y los procesos judiciales sobre casos de corrupción, a menos de dos meses para que se produzca un cambio de gobierno en el país, siguen siendo tareas difíciles para las autoridades dominicanas.
Los casos de presuntas irregularidades cometidas en instituciones públicas y que no lograron resolverse en los últimos cuatro años, siguen sin ventilarse debido al cierre de los tribunales a principio de marzo pasado por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Actualmente, solo se conocen audiencias de manera virtual de solicitudes de medida de coerción y revisiones.
La mayoría de estos casos tienen en común la supuesta malversación millonaria de fondos públicos, la asociación de malhechores para cometer actos de corrupción, además de imputados que al principio de la investigación fueron sometidos a prisión preventiva y que, con el tiempo, la mayoría recobró la libertad bajo ciertas restricciones.
Igualmente, otros casos de denuncias de presuntos actos de corrupción administrativas, “al parecer se encuentran estancados” en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
El caso más reciente de presunta irregularidad por el cual todavía no hay nadie sometido, ocurrió en marzo de este año en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de una denuncia del empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado.
La institución realizó una licitación “fraudulenta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia, la cual dio como resultado siete funcionarios destituidos y la renuncia de directora de la institución, Berlinesa Franco.
En torno al caso, la Fiscalía interrogó a Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Beatriz Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot Duarte, director de Planificación y Desarrollo, y Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones.
Igualmente, el Ministerio Público sometió a interrogatorio a Maira Martínez de la Rosa, encargada de compras y contrataciones; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina de Jesús Pieter Santana, responsable de acceso a la Información Pública.
Irregularidades
La investigación se produce luego de una pesquisa dirigida por una comisión de alto nivel, que determinó que un proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos estuvo plagado de irregularidades, apoderando del caso a la Procuraduría General de la República, que ordenó a la fiscal titular Rosalba Ramos, determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal.