Presidente Suprema justifica medidas tomadas por el Poder Judicial por COVID-19

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina justificó las medidas tomadas por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19), siempre escuchando diversidad de sectores, actores, usuarios y servidores judiciales.

Sostuvo que las medidas tomadas son la habilitación de un contexto legal y operativo para proteger las funciones públicas y sociales, de modo que el aumento de la incertidumbre y de los contagios tenga límites y los intereses individuales, ante el peligro, no terminen por afectar de manera irreparable los del colectivo.

Expresó que primero se suspendieron las labores presenciales, estableciendo una serie de protocolos, mecanismos y reglas para determinar las fases preparatorias y las medidas requeridas en el manejo de la especial, lamentable y peligrosa situación que vive el país.

Henry Molina, en su cuenta de Twitter con un enlace de un Blog Post titulado Servicio Judicial, señaló que las decisiones han tomado en cuenta que, siendo el Consejo del Poder Judicial un órgano con plenitud de atribuciones sobre la organización administrativa de ese poder del Estado, se tiene una responsabilidad superior ante la sociedad, la Constitución y las leyes.

Manifestó que las medidas entran en el marco de la razonabilidad y cumplen con los elementos y recomendaciones del Estado de emergencia. Pero, sobre todo, toman en cuenta que el sistema de justicia, por su infraestructura, el flujo de personas y el carácter de sus procesos, constituye un foco importante de riesgo.

Precisó que un gran flujo de abogadas, abogados y servidores, casi ochocientas juezas y jueces, una alta población vulnerable ante el coronavirus, así como oficinas y tribunales con densidad espacial limitada, suponen elementos a tomar en cuenta a la hora de volver a los servicios presenciales.

Indicó que en la primera fase se buscó atender las necesidades del sistema relativas al sostenimiento del Estado de Derecho, asegurando la operación de las Oficinas de Atención Permanente y los casos que las partes consideren de urgencia.

Señaló que en esta segunda fase se ha determinado pasar a la apertura de servicios de todas las jurisdicciones de manera virtual el primero de julio.

Destacó que el Servicio Judicial es una oportunidad para que se pueda trabajar desde casa, permitiendo el acceso a la mayor cantidad de personas posible, tras señalar que habrá resistencias, todo cambio las conlleva y serán escuchadas y abordadas de modo diligente y consciente.

Sin embargo, el también presidente del Consejo del Poder Judicial dijo que el acceso y las audiencias contarán con tutoriales y la asistencia técnica de áreas de apoyo del Consejo.

Expresó que se ha dado inicio al proceso de capacitaciones y diálogo sobre el Servicio Judicial y que el proceso marcha hacia la reducción de las barreras y el control de la calidad en el uso de esta herramienta virtual para la celebración de audiencias y la administración del despacho judicial.

Indicó que la operatividad electrónica no altera las reglas procesales legales, tampoco vulnera derechos de las partes y que facilita que puedan celebrarse audiencias al margen del riesgo de contagio y prepara al sistema y los actuantes en justicia para poder estar a la altura de los tiempos actuales.

Destacó que solo así tendrá sustento la Visión de una Justicia oportuna, capaz de responder a las demandas y requerimientos de sus usuarios y de la sociedad. "Este es el camino para que podamos operar un servicio de justicia para todas y todos".